La definición en la causa por el desvío de fondos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo que tiene en la mira al ex apoderado Sergio Schoklender como principal implicado; el devenir de la causa contra Amado Boudou por la compra de la empresa Ciccone Calcográfica y el resultado de juicios con fuertes implicancias son algunas de las causas que se reanudan a partir de los primeros días de febrero.

Pero en un año de elecciones legislativas también tendrá implicancias la definición de causas tales como la de escuchas telefónicas ilegales en donde el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, está procesado por asociación ilícita; y no menos tendrá cierta incidencia sobre cómo fallará la Justicia por la ley de medios.

En diciembre pasado, el juez federal Norberto Oyarbide mantuvo expectante una definición sobre si procesa a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y a la hija de Hebe de Bonafini, Alejandra, entre una gran cantidad de imputados que tiene la causa por el desmanejo de los fondos.

Fuentes del caso descartan que los Schoklender sean procesados aunque no es seguro sobre qué suceda con el resto de los acusados, especialmente Alejandra Bonafini y los financistas involucrados en el caso por el cual fondos públicos que tenían como fin la construcción de viviendas en el marco de un programa social eran desviados hacia otros fines.

También será un año clave para la causa contra Boudou, investigado por su supuesta ingerencia en la venta de la ex Ciccone Calcográfica a la firma The Old Fund, cuyo presidente Alejandro Vandenbroele se sospecha tiene un vínculo amistoso con el Vice, a la par de que está investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.

Esa causa en manos del juez Ariel Lijo se prevé tenga cierto avance luego que a fines de 2012 la Cámara Federal rechazara planteos de nulidad presentados por las defensas y diese por válido el testimonio de Laura Muñoz, ex de Vandenbroele y quien calificara a éste como "testaferro" de Boudou.

A Boudou se lo acusa de haber tomado ingerencia para que la AFIP levantase la quiebra que pesaba sobre la firma en la Justicia, y que la misma pase a manos de Vandenbroele aunque aún a la fecha los investigadores no pudieron determinar quién es el dueño de The Old Fund.

El 2013 también traerá aparejado a Macri malas noticias: será el año en que la Justicia eleve a juicio oral y público la causa por las escuchas telefónicas ilegales que lo tiene como principal imputado; junto a un espía y el ex titular de la Policía Metropolitana, Jorge "Fino" Palacios.

Esa causa actualmente está en proceso que las partes opinan si corresponde elevar a juicio la causa, o bien alguna medida prueba a realizar previamente, y luego sí se prevé que el juez Sebastián Cassanello disponga la elevación a un Tribunal Oral, más allá que el juicio es casi imposible que se llevara a cabo en este mismo año.

Otra de las causas que también pasará a instancia oral en los primeros meses de este año será la tragedia ferroviaria de Once que provocó 51 muertos y la renuncia de varios funcionarios kirchneristas, como el secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y el subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna, ambos imputados por estrago culposo y administración fraudulenta.

Esa causa tiene una treintena de imputados, entre ellos Ricardo Jaime y los hermanos Sergio Claudio y Mario Cirigliano, y días atrás el juez Claudio Bonadío ya consideró que no quedan más medidas de prueba por realizar y pidió opinión en cuanto a elevar la causa a juicio.

Un capítulo definitorio podría tener este año el expediente que generó fuertes cruces entre el Gobierno y la cúpula del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, así como denuncias penales en el medio: aquel donde se discute la constitucionalidad o no de la ley de medios.

En diciembre, el juez en lo Civil y Comercial Federal Horacio Alfonso decretó constitucional la ley, pero el grupo Clarín apeló y ahora la decisión está en manos de la Cámara.

La ley sigue sin aplicarse luego que la Corte Suprema ratificara la vigencia de la cautelar que dispone ello, pero imprimió celeridad para que la Cámara se expida sobre el planteo de Clarín en decretar inconstitucionales varios artículos de la norma, entre ellos, el del límite de licencias que puede tener un medio y el plazo en el que deben desprenderse de las mismas cuando superan el límite permitido.

En este expediente, el Gobierno si bien salió victorioso con el fallo de Alfonso, no pudo completar los logros de aplicar la ley tras el famoso 7D, el límite que habían impuesto para que Clarín se desprenda de algunas de sus señales.

Si de definiciones con implicancias políticas se trata, dos procesos orales que comenzaron a mediados del año pasado y terminarán en 2013.

En uno, el ex presidente Fernando de la Rúa y algunos ex funcionarios de su gestión (el ex SIDE Fernando de Santibáñez, y el ex ministro de trabajo Alberto Flamarique) están acusados de haber pagado sobornos para garantizar en el año 2000 la tan resistida ley de reforma laboral.

El otro juicio que está en una etapa más avanzada es la que se juzga a los presuntos autores del homicidio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, y el cual llevó a la cárcel al ex titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza y varios integrantes del gremio.

El caso puso en la mira el sistema de tercerización en los trenes y los manejos y negocios que se llevaban a cabo desde la Unión Ferroviaria, y junto a Pedraza otros nueve ferroviarios están siendo juzgados.

Sergio Farella
Agencia NA