La economía no ha dejado de deteriorarse desde que Cristina Fernández fue reelecta presidenta y dispuso el cepo cambiario ante la imparable fuga de capitales, mientras el pronóstico para los próximos meses sigue siendo "reservado", con caída en la actividad, mayor pobreza, suspensiones y despidos.

La estanflación, y el rejuvenecido proyecto de controlar los precios endureciendo la ley de Abastecimiento, dispararon tensiones indisimuladas con el empresariado, tal vez las más potentes desde la pelea con el campo en 2008 por las retenciones móviles.

También se mantiene abierto el frente gremial, ya que la CGT liderada por Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli harán paros hacia fines de agosto para reclamar cambios en la política económica, reapertura de paritarias y eliminación del impuesto a las Ganancias sobre los salarios, entre otras medidas.

En tanto, las mayores regulaciones que busca imponer el equipo económico reflejan que el programa "Precios cuidados" fracasó en controlar la inflación, o al menos no alcanzó los objetivos ambicionados por sus impulsores.

El gobierno considera que hace falta algo más: una herramienta capaz de disciplinar a un sector empresarial que abusa de la ´maquinita´ de remarcar, aunque desde las cámaras patronales responsabilizan a las alzas de costos, la emisión descontrolada, el intervencionismo estatal y la presión impositiva como origen de sus males.

Cuando todavía estaba fresco el cruce de declaraciones entre la UIA y el Ministerio de Economía por el intento de endurecer la ley de Abastecimiento, la presidenta subió la apuesta —otra vez—, y anunció que intentaría aplicar la ley Antiterrorista a una imprenta norteamericana tras cerrar y dejar en la calle a 400 personas.

La jefa de Estado sostiene que detrás de ese pedido de quiebra otorgado en tiempo récord por la Justicia argentina están los fondos buitre, y considera que el objetivo final es "desestabilizar" al país en medio de la puja en Nueva York por la deuda.

Hasta hace poco y nada, la disputa con esos fondos había dominado varios meses la agenda económica y terminado en un sonoro revés para la estrategia argentina.

Los intentos por arreglar con los ´holdouts´ encarados por bancos locales primero y, luego, por extranjeros, cayeron en saco roto.

Para Aurelius y NML, la propuesta realizada por las entidades financieras internacionales fue insignificante, ya que apenas cubría la mitad del valor de los bonos que tenían en cartera.

Los bancos, por su parte, cumplieron con las formalidades pero intuían que la gestión estaba destinada al fracaso, porque desde el gobierno sólo recibían señales negativas.

El capítulo de la deuda parece camino a ingresar en un paréntesis al menos hasta fin de año, a pesar de los golpes de efecto de última hora tratando de usar el fallo ´discovery´ para seguir buscando activos de la Argentina por el mundo.

Esa estrategia incluye un condimento de alto voltaje político, porque busca hacer aparecer en escena supuestos activos de empresas vinculadas con Lázaro Báez y vincularlos con fondos relacionados con el Estado argentino.

El intento tiene condimentos simbólicos fuertes: le apunta a quien tal vez fue el hombre de mayor confianza de Néstor Kirchner, próspero empresario de Santa Cruz en la última década y quien compartió la última cena del ex presidente.

José Calero