El Gobierno busca seguir ganando tiempo en el litigio cada más complejo por la deuda reestructurada mientras parece decidido a acelerar el proceso de devaluación con el fin de permitir recuperar competitividad en un escenario cada vez más recesivo.

El tono dramático con el que una presidenta Cristina Kirchner al borde de las lágrimas anunció la nueva estrategia en la pelea cuerpo a cuerpo con los fondos buitre refleja que la Casa Rosada nunca imaginó hasta donde un juez "municipal" de Estados Unidos le podría complicar sus planes de "desendeudamiento".

El gobierno está desencantado con la administración de Barack Obama, ya que hasta último momento había confiado en que Estados Unidos desempeñaría un rol clave para lograr que la causa de los ´holdouts´ llegara a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Los acontecimientos no ocurrieron como había "estudiado" el ministro Axel Kicillof y el entramado jurídico del país se derrumbó como un castillo de naipes.

Pudo por ahora más la tozudez de un octogenario magistrado norteamericano, y ahora la Argentina buscará seguir ´viviendo con lo nuestro´, al menos hasta que se termine este complicado 2014.

Las lágrimas que casi se le escapan a la presidenta en la última cadena nacional parecían más de bronca que de tristeza, porque un evento inesperado se había disparado sobre un mundo de menores complicaciones que había imaginado hasta apenas horas antes de que la Corte norteamericana despreciara el caso argentino, el del "juicio del siglo".

No es lo único que se viene disparando en el país: fuga de capitales, inflación, desempleo y freno productivo inundan el paisaje de un año económico para el olvido.

Esos indicadores no serán gratuitos, sino que erosionarán aún más un tejido social complejo, donde los niveles de pobreza crecen en forma imparable desde que la inflación se volvió difícil de controlar para la administración que gobierna el país desde el 2003.

En materia de deuda, recién la semana pasada se improvisó un proyecto de ley para tratar de cambiar la jurisdicción de pago de los bonos reestructurados en los canjes de 2005 y 2010, revocar el poder al Banco de Nueva York para hacer los pagos y ensayar un inédito esquema de dejar depositados en fideicomisos los fondos para pagarle a los tenedores de bonos.

No sólo a los que entraron a las reestructuraciones de deuda, sino también al 7 por ciento que no entró, incluidos los fondos buitre, pero en las mismas condiciones de quita.

Es otro paso en la estrategia de huida hacia adelante en el problema de la deuda que la presidenta machacaba en mostrar como casi resuelta, pero que puede representar un dolor de cabeza para la gestión que suceda a la actual.

En la lógica blindada del equipo económico, a esta altura la solución del problema de la deuda depende más de los bonistas que de lo que pueda hacer el gobierno.

"Griesa se cree que esto es un juicio de Juan Pérez contra los buitres, y no se da cuenta de que es contra un país soberano, o no le importa nada. El ve que el contrato dice que hay que pagar y ordena pagar", graficó una fuente de primera línea del Palacio de Hacienda.

La furia oficial contra el magistrado de Nueva York se trasluce en los comunicados emitidos con puntillosidad tras cada audiencia convocada por el juez.

La curiosidad fue lo ocurrido el jueves, cuando la emisión del habitual comunicado se demoró varias horas, ya que Presidencia lo analizó casi tres horas antes de dar el visto bueno, y recién lo habilitó cerca de la medianoche.

El texto incluía de nuevo duros ataques al juez y una denuncia de que el magistrado pretendía "condicionar" al Congreso, aunque había caído bien en el gobierno que rechazara la pretensión de los representantes de los fondos buitre de declarar en desacato a la Argentina.

Para la administración de Cristina Fernández es clave que el Congreso apruebe los cambios que se pretenden hacer a los canjes de 2005 y 2010.

En el Poder Ejecutivo consideran que un aval del Congreso evitaría que los funcionarios, incluida la presidenta, corran el riesgo de tener que peregrinar ante los tribunales tras el 10 de diciembre de 2015, cuando se cumpla el segundo mandato.

Igual, Kicillof cree que Griesa no declaró el desacato porque aún no estaban dadas las condiciones para hacerlo, porque la ley todavía es un proyecto y la Argentina formalmente no incumplió.

Sin embargo, en algún momento el ministro pensó que la audiencia había sido convocada con ese fin, lo cual refleja hasta dónde llega la desconfianza en Griesa.

Para Economía, la forma en que lleva el juicio es un "desastre" y lo fundamenta en que las órdenes de pago de Griesa "contradicen" otro fallo que había hecho en febrero.

"El juez no puede hace nada con los fondos, no los puede bloquear porque son de los bonistas ni embargarlos porque estaría embargando a un país soberano, también esta afectando a terceros que no tienen nada que ver con el juicio podría no liberar solo los bonos con legislación de Nueva York", se escuchó cerca del jefe de Economía.

Otras frases que suenan en los más altos niveles del gobierno nacional reflejan el grado de incertidumbre que domina por estas horas a la gestión.

En la Casa Rosada dicen que cuando una Corte Suprema toma una decisión internacional siempre consulta a su gobierno.

Pero cuando se les pregunta a los funcionarios qué creen que pasó, la respuesta deja serios interrogantes: "En la Corte de Estados Unidos dijeron ´vamos a tirar a la Argentina a la parrilla", sintetizó un hombre muy cercano a los avatares de la deuda.

José Calero