A través de un comunicado, la Comisión Directiva de la Federación de Jubilados Mendocinos FEJUMEN, firmado por Víctor Morales y Edgardo Civit Evans, adhirió en las últimas horas a la denuncia efectuada por la Fundación “Alameda” que informó sobre los “importantes sueldos” que perciben los ilegales funcionarios que detentan el poder en la obra social de los adultos mayores.

Asimismo “repudió” el accionar de quienes deberían defender los intereses de los adultos mayores.

Según FEJUMEN, son ilegales funcionarios por cuanto han sido designados “en clara violación de la Ley Nº 25.615 sancionada el 3 de julio del 2002, que en el Artículo 3º dispone que el Directorio será conducido por 11 directores, 7 de ellos en representación de los jubilados, 2 por los trabajadores activos y 2 por el Poder Ejecutivo”.

Sin embargo, avanza el escrito, desde hace 12 años el PAMI es conducido por un director designado por el Poder Ejecutivo, Luciano Di Césare. “La misma situación se da con los directores radicados en las provincias, todos designados a dedo, sin rendir concurso, y sin tener en cuenta que la obra social es de los jubilados”, según el papel.

Entre otras cosas, FEJUMEN repudia que el director del PAMI, Di Césare, se haya fijado un ingreso mensual de $ 98.750, más viáticos y demás beneficios.

En la denuncia efectuada por la Fundación “Alameda” se sostiene que el director de PAMI Mendoza, Marcelo Álvarez,  percibe $ 70.000 mensuales.

“Resulta sorprendente que además del sueldo del doctor Álvarez, otros designados por éste, reciben elevadas remuneraciones sin haber acreditado mayores conocimientos sobre el tema de los adultos mayores, y sólo por adherir a un movimiento que nada tiene que hacer con la conducción de la obra social de los jubilados”, dice el comunicado.

En Mendoza, según el mismo documento, en tal situación están: José María Vinassa, joven que percibe casi $ 29.000; Manuel Vela, con $ 24.445: María José Lorente Tapia, con $ 18.755, y otros.

“Esta grave situación, consideramos que debe repetirse en varias partes del país”, añade el comunicado y denuncia: “Según las fotocopias de los bonos de todos los mencionados, ninguno tributa el impuesto a las Ganancias, obligatorio por ley y que se les descuenta, por ejemplo, a los empleados del mismo PAMI que superan los $ 12.000 mensuales”.

Para FEJUMEN, debería intervenir de oficio la Fiscalía Penal Federal en turno y la AFIP, dado que además de una presunta evasión fiscal, implica una clara desigualdad con el resto de los funcionarios y trabajadores.

A su vez, se revela que, según el boletín del PAMI, mediante Resolución Nº 0134, del 5 de febrero del 2013, Marcelo Di Césare “dispuso la contratación por alquiler de dos edificios en Mendoza, en razón que el edificio de calle Córdoba 246, Mendoza, se encuentra colapsado, con graves riesgos en caso de sismo, hecho ratificado por la Universidad Tecnológica Nacional y por la Municipalidad”.

Esta gravísima situación fue denunciada en el año 2012 por esta Federación y por el gremio que nuclea a los empleados de PAMI.

Mediante la Resolución 134 se contrata el alquiler por tres años de dos edificios. Uno ubicado en calle Avenida España 1168 y otro en Belgrano 1236, por una cifra total aproximada de $ 10.000.000.

“Han pasado casi dos años y ninguno de los edificios está ocupado por PAMI, persistiendo el riesgo sismológico y pagándose elevados montos por alquileres de edificios que NO se ocupan. Este irregular hecho, ha sucedido en otras ocasiones”, denuncia el comunicado.

Y culmina advirtiendo que, a pesar de los elevados sueldos de los funcionarios, de contrataciones de edificios que no se ocupan, “advertimos con gran preocupación que van disminuyendo las prestaciones por servicios de salud a los adultos mayores (…) Todos los días recibimos denuncias de personas a las que dan turnos para especialidades a los 45 y 60 días posteriores”.

Para FEJUMEN, está en peligro la vida de miles de personas mayores, situación que pareciera no importarles aunque es de gravedad extrema.