No es nuevo el clima de división que ha creado el kirchnerismo en la sociedad argentina. La división entre amigos y enemigos, entre los autodenominados “soldados de Cristina” y los “buitres” (opositores) abona un clima bélico que pone en un segundo plano a las instituciones y coloca en primer plano al enfrentamiento que lleva a la Argentina a su autodestrucción.
Uno de los campos de batalla donde se libra esta guerra que propone el kirchnerismo es el Ministerio Público. Allí es donde la titular de la Procuración, Alejandra Gils Carbó, coloca ilícitamente a sus fiscales en lugares estratégicos (casi todos ellos pertenecientes a la secta judicial oficialista “Justicia Legítima”) mientras persigue, presiona, enjuicia, remueve, suspende y difama a los fiscales que osan investigar al poder.
Nadie, sino la Justicia, podrá determinar quiénes son los responsables de la muerte del Fiscal Nisman. ¿El gobierno? ¿Sus aliados? ¿Sus exaliados?
Nada es seguro, salvo que la muerte en cuestión se inscribe en un contexto de agresividad general que nos afecta a todos, y en un contexto de agresividad particular que afecta a jueces y fiscales independientes, cuando deciden investigar al gobierno.
Aun cuando el Régimen K no hubiese apretado el gatillo, está claro que no es lo mismo matar fiscales cuando desde el poder se los desprecia y persigue, que cuando, desde ese mismo poder, se los respeta y protege.
Como diría la ultrakirchnerista Florencia Saintout, Decana de Periodismo de la Universidad de Plata, estamos frente a un crimen con contexto. Y ese contexto, sin lugar a dudas, lo ha aportado el kirchnerismo.
Antes de esta muerte ya se vulneraba la división de poderes y, en particular, la capacidad del Poder Judicial de controlar al Ejecutivo. Sin embargo, muchos jueces y fiscales comenzaron a despertar, tal vez demasiado tarde, de una larga siesta de indiferencia, temor o complicidad. Lo novedoso de este crimen no está en el supuesto móvil, sino en la muerte misma.
Es por esta terrible novedad, la muerte, que si este clima de agresividad institucional no cesa y no se esclarecen las responsabilidades del caso Nisman, corremos un grave riesgo: el de reincorporar el homicidio a la cultura política argentina.