El Juez Canicoba Corral tiene a su cargo la causa en la que se investiga a la diputada K, Fernanda Vallejos, por falsedad ideológica de instrumento público. Se le imputa a Fernanda Vallejos haber realizado ante el Senado de la Nación una declaración jurada para acceder, oportunamente, a un cargo administrativo en dicha Cámara, ocultando la existencia de otros dos cargos estatales incompatibles con la nueva designación a la que aspiraba, la cual, finalmente, le fue otorgada.

Pocos días transcurrieron entre la denuncia, de fines de junio de 2017 y la imputación que, en fecha 6 de julio del mismo año, efectuara el Fiscal Delgado, mientras el silencio de la entonces candidata a diputada sobre el tema, en plena campaña, no hacía más que ratificar la veracidad de la información que daba basamento a la denuncia.

A nueve meses del inicio de la causa, el Juzgado se niega a brindar información sobre las medidas probatorias adoptadas y, tratándose de una investigación por corrupción, no habilita el acceso a las actuaciones por medio del Observatorio de Corrupción del Centro de Información Judicial, a cargo de la Corte Suprema.

Consultado el Juzgado, se admitió como un “error” el no haber habilitado el expediente para que se accediera, vía web, a determinados aspectos del proceso, y se prometió la inmediata corrección del “olvido”, lo cual, a la fecha, no ocurrió. A la vez, sostuvo el Juzgado que cumplía con la norma consistente en informar sólo a las partes sobre las medidas probatorias realizadas. Es decir, únicamente a la fiscalía y a la imputada.

Sobre esto último, podemos decir que estamos ante un caso de escandalosa hipocresía, ya que es habitual que las partes se enteren por los diarios de las medidas adoptadas por los señores de Comodoro Py. Eso sí, siempre y cuando su difusión convenga a quienes detentan esa información (los juzgados y las fiscalías).

Pero parece ser que, en este caso, no conviene que se sepa. Y la verdad es que resulta difícil de creer que, en nueve meses, el Juzgado no haya podido obtener del Congreso de la Nación y del Ministerio de Economía, la documentación relativa a los tres cargos ocupados por Vallejos, para luego verificar si la declaración jurada reflejaba o no la situación laboral de la actual legisladora. ¿Es posible que aún no se haya citado a indagatoria? ¿Tiene alguna lógica que la diputada no haya explicado aún en la Justicia lo que omitió explicar a la ciudadanía durante la campaña electoral?

En definitiva, resulta evidente que gran parte de las demoras del poder judicial se sostienen en la falta de transparencia. Desde ya que hay algunos casos en que, para proteger la investigación, es necesario que prime el secreto durante, al menos, una parte del proceso. Pero esta conducta no debiera ser la norma, sino la excepción. Y una excepción debidamente fundada por la autoridad judicial.  

Sin transparencia será muy difícil distinguir a los buenos jueces de los malos, y más aún romper la lógica corporativa que ha puesto el interés de algunos integrantes del Poder Judicial muy por encima de del interés de aquellos a quienes la Justicia debiera servir y proteger.