El fiscal federal Eduardo Taiano pidió investigar el hallazgo de documentación que se sospecha pudo haber sido obtenida de manera ilegal durante el allanamiento a la casa de la ex presidenta Cristina Kirchner en el Calafate, en agosto pasado, por orden del juez Claudio Bonadio.

La apertura de la investigación es a partir de toda la documentación encontrada en la casa de Cristina entre el 24 y 26 de agosto pasado por la Policía Federal, cuando registró minuciosamente la vivienda, en el arco de la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno, en la cual la ex presidenta terminó procesada como "jefa" de una asociación ilícita.

Tras ese hallazgo, Bonadio extrajo testimonio y se formaron tres causas, una de las cuales recaló en el juzgado de su colega Marcelo Martínez de Giorgi y ante quien ahora el fiscal Taiano pidió comenzar una investigación, que por el momento no tiene imputado concreto, pero el avance de la pesquisa "permitirá identificar a los responsables".

En la casa de Cristina se encontró una carpeta con informes de empresas vinculadas al ex espía Antonio Stiuso, con quien la ex presidenta se enfrentó en los últimos años de su mandato, y también de Sandra Elizabeth Arroyo, la jueza federal y ex mujer del fallecido fiscal Alberto Nisman, sobre su situación patrimonial, así como informes detallados de sus ingresos y egresos del país.

También se halló documentación sobre Guillermo Elazar, ex pareja de Salgado, sobre su situación patrimonial, así como información de AFIP en cuanto a sus bienes y situación fiscal, al igual que el de la jueza federal de San Isidro. En relación al mundo del espionaje además se encontró información de la causa en que se investigaba por supuesto narcotráfico a Pedro "Lauchón" Viale, quien fuera asesinado durante un operativo en su domicilio de manos del Grupo Halcón, y sobre cuyo episodio Stiuso dijo que fue una arremetida en su contra por parte del kirchnerismo, tras la feroz disputa que se estableció en los últimos años del gobierno anterior.

Otra de las carpetas encontradas en la casa de Cristina Kirchner contenía documentación sobre "Licitación de Combustible por parte de ENARSA", así como transcripción de una teleconferencia dada por analistas de varios bancos y REPSOL sobre la expropiación de YPF. Además, se secuestró una transcripción de una llamada en conferencia entre directivos del banco HSBC a partir del financiamiento solicitado por la minera Barrick Gold para hacer una inversión de 350 millones de dólares; y otra entre directivos de Citigroup por la nacionalización de YPF.

Otra de las transcripciones a partir de escuchas telefónicas es entre Miguel Angel Toma, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, y Carlos Corach, ex ministro del Interior durante el menemismo: en las mismas se refieren a inversiones del primero de ellos en el rubro del gas y el petróleo.

En otra carpeta se encontraron informes sobre el Grupo Clarín y un análisis detallado de la Agencia Federal de Inteligencia sobre la compra de dólares en pleno cepo cambiario, dividido por compradores frecuentes, de grandes volúmenes, o compulsivos todos del año 2014. Incluso en la carpeta se consignó que la información habría sido enviada el 11 de septiembre de 2014 a las 15.08 horas desde la casilla de correo Echegaray@afip.gob.ar a martinfierro2015@gmail.com perteneciente a Martín Aguirres, este último entonces secretario de la presidenta Cristina Kirchner.

El fiscal Taiano pidió citar como testigos al representante legal de la Oficina de Captación de Comunicaciones, a fin de que ratifique la veracidad de los informes derivados de escuchas telefónicas que había en la casa de Cristina Kirchner y explique si los mismos fueron realizados por las vías legales, o sea por orden de un juez. También le pidió a Martínez de Giorgi que cite como testigos a las personas cuyas conversaciones aparecen en las transcripciones de los informes, entre ellos a Miguel Ángel Toma.

A la Dirección Nacional de Migraciones le solicitó que determine quienes accedieron a la base de datos para obtener los ingresos y egresos del país de Arroyo Salgado. Por último, reclamó al juez que se haga de la base de datos del servidor de la AFIP el correo electrónico enviado supuestamente desde la casilla oficial de Echegaray al secretario de Cristina Kirchner y que personal del organismo determine si la información que tenía la ex presidenta en su poder en su casa del Calafate es de producción del organismo recaudador. Taiano considera que la documentación encontrada "podría haber sido obtenida de manera ilegal".