El “plan impunidad” comenzó desde el primer momento en que Alberto Fernández ganó las PASO, realizadas el pasado domingo 11 de agosto.

¿Cómo olvidar la reculación de varios jueces acomodándose al poder que se asomaba en ese momento? ¿Cómo olvidar la falta de respeto que protagonizó la entonces candidata y hoy vicepresidenta Cristina Fernández  contra el Tribunal que la juzgaba como jefa de una asociación ilícita en beneficio de Lázaro Báez aquel 2 de diciembre del 2019?

Lo propio se hizo con la prensa, los encargados de informar. ¿Cómo olvidar la hostilidad del presidente, entonces precandidato y candidato, hacia los periodistas? ¿Cómo olvidar la amenaza directa del jefe de Estado hacia el periodista Joaquín Morales Solá? Por entonces supo decirle, entrevista mediante, “cuidado con lo que va a decir, se puede arrepentir mañana”.

Las medidas que se encuentran tomando desde el Gobierno, y en este caso no existe grieta entre Alberto y Cristina, van de la mano con este llamado “plan impunidad”.

Por caso, Fue la misma CFK quien aseguró que hubo una persecución hacia su persona por parte de los organismos de control del Estado durante el macrismo. Esa idea va en la misma línea del pensamiento de muchos kirchneristas duros y algunos peronistas de la primera hora: Según ellos, existió un complot entre el Gobierno de turno, el Poder Judicial y los medios de comunicación.

¿Aquellos que ejercen de forma independiente, sin responder a nadie, sin pauta del Estado y sin interés en tenerla? ¿Ellos –nosotros- también forman parte de esta idea conspirativa?

La locura llegó a niveles inusitados y todo demuestra que el capital político ya no importa, o al menos no es lo primordial, las medidas van destinadas a lograr zafar de las causas que complican, sobre todo, al clan Kirchner y compañía.

Dicho sea de paso, muchos ya se sienten impunes, sino no se entienden los gestos citados más arriba.

Felices, se pudo ver a Cristina y a Milagro Sala, ex líder de la Túpac Amaru, en sus respectivos cumpleaños. Es que ambas sienten que ya no hay de qué preocuparse, todo se viene moldeando a gusto propio, hasta el punto de no dejar nadie ajeno al Gobierno k, por algo se despide personal en distintas áreas del Estado que han entrado durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

Si bien es cierto que durante el macrismo se abusó de la prisión preventiva, una vez terminado el escrutinio definitivo de las PASO, los cambios del ambiente en Comodoro Py se hicieron sentir forzando la liberación de ciertos cuestionables personajes.

Los primeros en salir en libertad fueron los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa; Gerardo Ferreyra (Electroingeniería) y Carlos Cortez (investigado como presunto testaferro de Daniel Muñoz); el exlíder del grupo Quebracho Fernando Esteche; el exjefe del Ejército kirchnerista César Milani y exdirector de Yacyretá, Oscar Thomas.

Como es bien sabido, en política no existen las casualidades, todo ello fue ideado desde un principio, al igual que todo lo que viene aconteciendo en materia político-judicial en este último tiempo.

Las designaciones de tipos altamente cuestionables siguen apareciendo. Solo por ejemplificar, se puede mencionar al titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, a quien la Justicia le ofrece dolores de cabeza por una causa en la que se lo investiga por querer complicar al Grupo Clarín en el año 2009, es decir, por atacar a la prensa.

No obstante, no se está implementando esta ideología solo para acomodar funcionarios, sino que además aparecen desfilando por dinero otras personas quizá más cuestionadas. ¿Cómo puede entenderse la reunión de Susana Trimarco –a quien el director de este medio, Christian Sanz, le encontró todo tipo de ilícitos- con el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo?

Lo que se está buscando es que la asociación vuelva a funcionar, pero esta vez no quieren que molesten ni los jueces ni los periodistas.

Francisco “Paco” Durañona sabía perfectamente bien de qué hablaba cuando evocó aquellas polémicas palabras: "Los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros”. Lo propio hizo el ex canciller Rafael Bielsa al manifestar que “el periodismo mentiroso va a desaparecer”.

El problema es que para funcionarios de tal tenor, la verdad o la mentira son elementos subjetivos y discutibles.

En estos últimos días aparecieron dos proyectos de Ley que, de ser aprobados, resultaría factible que el Ejecutivo se inmiscuya en el trabajo de la prensa y la Justicia.

El primero se trata de una censura directa hacia el periodismo para que no puedan cubrir temas de corrupción, como si ello fuera poco en el mismo paper aparece la regulación de los “arrepentidos” y los “testigos protegidos”.

No es casual que Alberto Fernández haya decidido derogar el decreto de Mauricio Macri y que estos protegidos pasen a depender del Ejecutivo nuevamente, es decir, sus vidas dependen de las personas contra las que declararon.

Una digresión al respecto, la iniciativa fue redactada por cinco senadoras que responden directamente a la presidenta de la Cámara, Cristina Fernández.

El segundo proyecto tiene que ver directamente con la intervención federal en el Poder Judicial de Jujuy y fue presentado por el senador nacional del Partido Justicialista jujeño Guillermo Snopek.

Ello está relacionado en forma directa con la búsqueda de liberación de Milagro Sala. Desde Tribuna de Periodistas ya se planteó el hecho de que la líder de la Túpac Amaru no está detenida arbitrariamente ni es presa política. Asimismo ya se había adelantado que Alberto Fernández le pidió al Gobernador jujeño, Gerardo Morales, la amnistía de la condenada.

Como se dijo más arriba, el capital político no es la prioridad, simplemente se busca volver a hacer funcionar los engranajes de una asociación que se dedicó al latrocinio sistemático, solo que esta vez, sin palos en la rueda: Con una justicia parcial, dependiente y oprobiosa; y con una prensa obsecuente o silenciada.