El presidente acaba de decir en un reportaje que se emitió el domingo por la noche que a partir de ahora va a involucrarse más en el manejo politico del gobierno.

Sin dudas que, en principio, debería haber mas motivos de satisfacción que de preocupación al enterarnos de esa noticia.

No hay dudas que la concentración de atención mas importante que ha tenido el presidente hasta ahora ha sido la cuestión económica. Y no es necesario explicar mucho para darnos cuenta que la decisión de ocuparse prioritariamente de eso estuvo bien tomada.

Acomodar el enorme desbarajuste que el kirchnerismo dejó en la administración pública; los enormes sótanos de corrupción, dispendio, despilfarro, mala praxis e ignorancias supinas con las que la última administración peronista “adornó” al país en el éxtasis del desastre que Alberto Fernández vino a coronar después de una década y media bajo el maldito influjo de los Kirchner, no era una tarea que soportara la desviación de un milímetro de la atención de un presidente cuyo primer know how es, justamente, el económico.

El propio Milei al sancionarse la Ley Bases dio por concluida una primera etapa caótica de su gobierno para dar paso a la implementación de transformaciones profundas que esa herramienta legal en principio le permite.

Digo “en principio” porque hay muchas áreas tocadas por la ley (la legislación laboral, por ejemplo) que distan aún mucho de las modificaciones que deberían hacerse para adaptar el funcionamiento de la sociedad argentina a los tiempos que corren en el mundo.

Pero digamos que estamos, en ese sentido, ante un avance.

Tal vez sea ese resuello el que el presidente tomó en cuenta para informarnos que, a partir de ahora, comenzará a prestarle mas atención a las cuestiones no-económicas de su gobierno.

Una de las primeras piezas de información que se conocen luego de que el presidente hiciera esa declaración es la que se refiere a la modificación del decreto reglamentario de la ley de acceso a la información pública.

No sabemos si esa modificación venía estudiándose antes de que el presidente dijera que seria un protagonista más cotidiano de las deciones políticas o si esta reforma es su opera prima en ese terreno.

Yo quiero pensar lo primero, es decir, que la instrumentación del decreto 780/24 fue diseñada antes de que el presidente anunciara su mayor involucramiento en las decisiones políticas.

Porque de lo contrario, no se entiende cómo esa reforma puede provenir de alguien que considera que el Estado es una organización criminal que atenta contra las libertades públicas.

Si bien en lo personal no llego a ese extremo, sí creo que el Estado (al menos el argentino) tiene un néctar especial, una fenomenal proclividad,  para atraer a sus sillones delincuentes comunes que utilizan las facilidades del Estado para cometer todo tipo de fechorías que naturalmente repercuten en el nivel de pobreza, atraso y privaciones que luego padece la sociedad que lo sostiene.

Comencemos por decir lo obvio:  “el Estado” no existe como tal. El Estado es una entelequia jurídica, una simulación legal,  creada como superestructura para proteger los derechos de los individuos que lo financian. Como tal “el Estado” está integrado por personas concretas, de carne y hueso, que, perfectamente, pueden ser “criminales”.

Por eso si bien el presidente puede haber ido un paso mas allá calificando de “criminal” a la institución misma, no es mentira que la institución puede estar -y de hecho en la Argentina estuvo- en manos de criminales, entendiendo por tales a las personas que cometen crímenes.

Para algún despistado aclaramos aquí que “criminales”, a los efectos del derecho penal, son las personas que cometen delitos -cualesquiera sean los delitos-y que el término esta muy lejos de referirse solo a los asesinos.

Dicho esto, resulta extraño que un ultra liberal como el presidente haya ideado -o al menos estado de acuerdo- con una norma que restringe el derecho a la información pública y que, en principio, hace mas dificultosa la tarea de investigar a posibles criminales sentados, a la sazón, en los sillones del Estado.

Muchas de las investigaciones públicas que hicieron los periodistas (y que a su vez originaron la toma de conciencia social sobre el colosal robo kirchnerista, que es la causa principal de que Javier Milei sea hoy presidente) fueron posibles porque la ley de acceso a la información publica y el decreto reglamentario que estaba vigente hasta ahora, permitieron iniciar y profundizar esas investigaciones.

Desde Jorge Lanata hasta Silvia Martinez y desde Luis Majul a Luis Gasulla son varios los periodistas que, habilitados por esa legislación, pudieron traer a la luz las actividades que, justamente, permiten a Javier Milei llamar “organización criminal” al Estado, porque si no lo es por per se, sí lo fue en la Argentina en manos de la banda de los Kirchner.

Esa banda pudo ser investigada, repito, porque la ley lo permitió. Si lo que hubiera estado vigente cuando la prensa se propuso desenmascarar a los delincuentes organizados, primero por Néstor Kirchner y luego por su viuda, hubiera sido el decreto reglamentario 780/24, es posible que la banda hubiera encontrado resquicios por los cuales escapar.

De haber escapado los delitos no hubieran sido descubiertos. Si los delitos no hubieran sido descubiertos es posible que el asco social derivado de esos descubrimientos no se habría producido. Y sin ese asco social La Libertad Avanza no habría tenido ninguna posibilidad electoral.

El decreto 780 redefine lo que debe entenderse por información publica, disponiendo que no lo es la información sobre la vida privada de los funcionarios. ¿Qué pasaría entonces si una vida privada que no está acorde con los ingresos de un funcionario no pudiera corroborarse con los datos ciertos que la ley le obligue a dar? 

El nuevo decreto también dice que la documentación que puede requerirse solo puede estar vinculada al marco de la actividad estatal; agrega excepciones a la obligación de los funcionarios de brindar información; promueve la figura del “abuso del derecho” para quien ejerce el derecho a pedir información, cuando se presuma que puede haber mala fe en la petición; permite pedir nombre, apellido DNI y email al requirente; habilita la confección de un “ranking de requirentes habituales” y, finalmente, permite que un funcionario pueda “esquivar” un pedido de informes derivando al requirente a la información que ese funcionario ya haya publicado en web referida al tema…

Nada de esto es liberal. Nada de esto me gusta. Nada de esto tiene que ver con Javier Milei ni con la escuela de pensamiento a la que el presidente pertenece. Nada de esto es “pro-individuo” y, al contrario, todo es “pro-funcionario”, esto es, proclive a la “organización criminal” y pro-casta. Nada de esto se emparienta con la transparencia y la honestidad liberal. Nada de esto servirá para ventilar públicamente la corrupción, si es que la hubiera.

Sencillamente no entiendo a qué se debe ésta grave reforma a un sistema legal que, milagrosamente, ayudó a poner en blanco sobre negro la delincuencia kirchnerista.

Si la cocina de esta modificación se configuró antes de que el presidente decidiera involucrarse más en los aspectos políticos de su gobierno, seria una excelente oportunidad para que el presidente Milei la anule y les de una patada en el culo a todos los que la idearon.

Conozco al presidente y sé de las rabietas que lo aquejan cuando algunos periodistas lo atacan en lo que él piensa son ofensivas infundadas. Tiene la vara de su honra personal muy alta. Pero el Estado no está poblado solo por él. Los funcionarios -hayan sido votados o designados- deben saber que, al recibir los honores de la representacion del pueblo pierden gran nparte de su intimidad.

A los criminales -más cuando se escudan en el funcionariado  público- solo se los puede descubrir obligándolos a develar sus secretos. Toda norma que facilite el secreto de probables criminales sentados en el Estado no es liberal, porque, si bien el liberalismo no llegaría al extremo de afirmar que el Estado es una organización criminal per se, siempre sospechará de él. Una buena legislación liberal siempre es “in dubio pro individuo” y nunca “in dubio pro Estado” (o, lo que es lo mismo. “In dubio pro funcionario”)

Nadie obliga a nadie a meterse en el Estado. No quiero llegar al extremo de decir que cualquiera que llega al Estado tiene mi segura sospecha de que llegó allí para cometer crímenes. Sigo presumiendo la buena fe de los funcionarios pese a que la praxis kirchnerista nos enseñó lo contrario. Pero sí exijo seguir teniendo las herramientas que obligan a los funcionarios a rendir todas las cuentas que cualquiera pueda pedirles.

El presidente Milei y la esperanza de que la libertad sea restaurada en la Argentina son, ambos, hijos directos de que esas explicaciones pudieron exigirse y de que había una ley que obligaba a darlas.