Son numerosas las denuncias penales iniciadas contra el matrimonio Kirchner, la mayoría relacionadas con corrupción y muchas de ellas iniciadas por este periódico. La denominada “mafia de los medicamentos” junto con los curiosos aportes de campaña, son las que parecen estar al tope de las irregularidades que llevaron a la fórmula Cristina Fernández-Julio Cobos a ganar los comicios. Lavado de activos, medicamentos adulterados, personajes “suicidados” y asesinatos múltiples son sólo algunos de los sombríos elementos que poseen esas causas.

Pero luego de tres años de aquella cuestionada elección que dejó a Cristina en la presidencia, el origen de los fondos que financiaron dicha campaña sigue causando polémica a medida que, por más lentamente que sea, avanza.

Luego de una investigación iniciada por este periódico y facilitada a la Justicia, el juez federal a cargo de la causa, Ariel Lijo pidió a la UIF (Unidad de Información Financiera) y al Banco Central documentación sobre los aportes de 25 droguerías detalladas una a una en aquella nota del 27 de julio de 2009.

Desde la UIF ya se apostaron a remitir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) con foco en las droguerías aportantes de más 50 mil pesos. Es importante destacar que algunos de esos laboratorios, aparecen también en la causa denominada “mafia de los medicamentos”, a cargo de Norberto Oyarbide. El resto de los aportantes, curiosamente, reconocieron no haber puesto ni un sólo peso o bien figuran en el padrón electoral como fallecidos.

Lijo no sólo intenta determinar si hubo irregularidades en aquellos aportes, sino que además pretende comprobar si dichas droguerías estuvieron financiadas por actividades ilícitas. Actualmente, en la mira aparecen el ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Héctor Capacciolli; los responsables políticos y económicos de la campaña Hernán Diez y Héctor Gramajo y el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

"Una porción importante de los aportes de campaña se encuentra conformada por dinero proveniente de empresas del sector de salud, siendo que varios de los colaboradores privados resultan ser además miembros de empresas del rubro", señaló en su dictamen el fiscal federal de esa causa, Luis Comparatore, también fiscal de la causa de la “mafia de los medicamentos”. Lamentablemente Comparatore no parece tener la misma suerte con el juez Norberto Oyarbide, ya que es la tercera vez que requiere se le tome declaración a Capaccioli por considerarlo de “indiscutible necesidad” para esclarecer la causa sin lograr éxito alguno, no obstante la Cámara Federal también había instado por su parte al Juez en avanzar con esa medida.

La causa sigue progresando, aunque roce a importantes funcionarios del kirchnerismo en medio de millonarios negocios que pusieron a Cristina en el sillón de Rivadavia.

Carlos Forte