La recomposición del haber jubilatorio deteriorado por la inflación y su sustentabilidad en el futuro que pretende lograr la oposición, sería de unos 16 mil millones de pesos anuales.
La universalización de los casos Badaro y Sánchez representan un total de 15 mil millones de pesos.
¿Cuenta el Estado con recursos para materializar tal recomposición? ¿Es verdad lo que dice el gobierno de que tal medida es inviable? Veamos a grandes rasgos qué nos dicen los números:
- Existen sumas considerables en concepto de contribuciones patronales que no ingresan al sistema previsional desde 1993 porque las empresas han sido beneficiadas exceptuándoselas del pago de obligaciones en concepto de cargas sociales.
Recordemos que durante la gestión del Dr. Menem, el modelo neoliberal contempló entre “otros detalles”, la fusión de la Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduanas y Recursos de la Seguridad Social como una suerte de broche de oro a las presiones de los grandes grupos económicos para pagar menos tributos, tener mayores ganancias y, lógicamente no invertirla en el país sino, llevársela al el exterior.
- Volviendo al 2010, se espera para este año un superávit de recaudación del orden de los 10 y 11 mil millones, lo que seguramente será más (ya hemos explicado en varias ocasiones la política de este gobierno de presentar el Presupuesto Nacional con una proyección en recaudación de alrededor de un 50 % menos para luego decir que hubo superávit fiscal y disponer a piacere de los fondos).
- El ANSES cuenta con un Fondo de Garantía de Sustentabilidad de unos 150 mil millones de pesos.
Entonces, si sólo se toman los recursos correspondientes a aportes y contribuciones (sin tocar los otros ingresos como el IVA, Impuesto a las Ganancias, Impuesto a los Combustibles, recursos que no se distribuyen a las provincias en concepto de Coparticipación, etc. que también se utilizan para el pago de haberes jubilatorios), no quitándole los beneficios impositivos a las PyMEs -que resultan el motor de la economía nacional- y sí sólo a las grandes empresas, tomando sólo una parte del Fondo de Garantía, se advierte que los recursos para pagar el 82 % móvil alcanzan.
En este esquema las jubilaciones mínimas pasarían a ser de algo más de $ 1200.-, lo que ya resultaría una media un poco más “humana” para nuestros abuelos. Además, redundaría en un incremento del consumo que es lo que se la pasan pregonando desde el Ejecutivo Nacional.
¿Qué argumenta el Gobierno?, muchas cosas; pero de todas ellas sólo pretende instalar la idea de que es un disparate lo que pide la oposición porque con esa medida se destruiría la ANSES, mientras el Ministro de Economía insiste que no hay país en el mundo, con excepción de Luxemburgo que pague el 82 % móvil a su clase pasiva.
“Tiene razón Sr. Ministro, porque tampoco hay país en el mundo que le pague a sus jubilados menos del 40 % de lo que debería pagarles por haber trabajado toda su vida ni implementa leyes como las que implementó el Poder Ejecutivo que Ud. representa otorgándole jubilaciones a personas que sólo aportaron tres meses (sin mencionar el uso y abuso que vienen haciendo de esos recursos de de manera absolutamente discrecional y el salvataje a las AFJP quebradas)”.
¿Quién está destruyendo la ANSES Sr. Ministro?
Nidia G. Osimani