El titular del gremio Bancario, Juan José Zanola, cumplió un año como detenido en la causa por la "mafia de los medicamentos", que lleva una gran cantidad de procesados y que puso bajo la lupa el origen de los fondos que recibió el kirchnerismo como aporte de campaña en 2007.

Zanola, sindicado como "jefe" de una asociación ilícita destinada a la comercialización de medicamentos truchos o adulterados, fue detenido el 30 de noviembre de 2009 luego de una investigación que emprendió el juez federal Norberto Oyarbide.

Desde esa fecha, Zanola nunca recuperó su libertad, y en numerosas ocasiones tanto Oyarbide, como la Cámara Federal y la Casación, le negaron sendos pedidos de excarcelación y de arresto domiciliario realizados por su defensa, alegando problemas de salud del sindicalista.

Incluso, su situación judicial se agravó luego que tribunales superiores ratificaron su procesamiento como líder de una asociación ilícita.

Además de Zanola, hace poco más de un año también era detenida su pareja, Paula Aballay, ex directora administrativa del Policlínico Bancario; y la del empresario Néstor Lorenzo, titular de la droguería "San Javier" y la cual proveyó de medicamentos adulterados a gran cantidad de obras sociales.

Pero con el tiempo, y a raíz de pruebas y escuchas telefónicas, la investigación se dirigió contra varios funcionarios y ex del kirchnerismo, quienes habían sido los encargados de ser los recaudadores de la campaña del Frente Para la Victoria en 2007 y que consagró a Cristina Kirchner como presidenta de la Nación.

Los ex recaudadores Héctor Capaccioli (ex superintendente de Salud), Hernán Diez (actual director de Lotería Nacional) y el ex legislador porteño Sebastián Gramajo (actualmente gerente de ANSES) ya fueron indagados por el juez Oyarbide (quien tiene pendiente resolver sus situaciones procesales) a raíz de la supuesta ilegalidad del origen de los fondos que recibieron en concepto de aportes, y que podrían ser maniobras de lavado de dinero.

Incluso, Capaccioli fue interrogado por su presunta responsabilidad en la falta de control de los fondos que el APE (Administradora de Programas Especiales) daba en concepto de reintegros a las obras sociales que acusaban haber dado tratamientos complejos a sus afiliados.

Además, para el próximo 22 de diciembre, Oyarbide tiene previsto interrogar como imputado a Néstor Vázquez, ex superintendente de Servicios de Salud, y considerado una figura clave en la presunta maniobra emprendida para defraudación al Estado, a raíz de los reintegros por tratamientos médicos complejos, como el HIV.

Según sospecha el juez, muchas obras sociales presentaban troqueles supuestamente apócrifos mediante los cuales conseguían el reintegro de dinero del APE, por tratamientos que no se habían dado a los afiliados.

La trama que investiga el magistrado involucra a una gran cantidad de obras sociales de varios sindicatos, así como laboratorios que proveían de los medicamentos adulterados o truchos, y organismos públicos bajo la lupa como el APE.

Pocos días atrás, la causa rozó al titular de la CGT y líder de los camioneros Hugo Moyano, ya que el juez indagó al dueño de Droguería Urbana, Marcos Hendler, principal proveedor de medicamentos de la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA).

Hendler figura en al menos tres escuchas telefónicas, en las que habló con personas vinculadas a la Droguería Del Plata, otra de las firmas investigadas, sobre el costo para conseguir varios troqueles de un medicamento para tratar el cáncer de colon llamado Erbitux.

El titular de Droguería Urbana, al igual que el empresario Gabriel Brito, de Global Pharmacy y quien fuera investigado por ser una de las patas de la supuesta "mafia de los medicamentos", son algunos de los que figuran como aportantes de la campaña kirchnerista de 2007.

Sergio Farella
NA