El crecimiento económico de los secretarios presidenciales, es un tema sobre el cual el Gobierno hace silencio hasta el día de hoy, presumiblemente porque no existe defensa posible respecto del eventual enriquecimiento ilícito que los involucra.

Algún día, alguien tendrá que contar la historia detrás del “impulso económico” que Cristina Kirchner ofrendó a estos, a cambio de otro tipo de favores que Néstor Kirchner solía compensar con acompañantes de la talla de Miriam Quiroga.

En ese marco, el preferido de Cristina siempre ha sido Isidro Bounine, hoy denunciado por enriquecimiento ilícito, junto a otros dos ex secretarios, Daniel Muñoz y Julián Álvarez. Si bien los tres están siendo investigados por el juez Federal Claudio Bonadío, dos de ellos han quedado bajo sospecha en las últimas horas debido a los resultados de un peritaje oficial presentado anteayer que sostuvo que su crecimiento patrimonial estaría justificado.

Ese estudio ha sido puesto en duda por el magistrado y por ello se acaba de abrir una causa por supuestas irregularidades.

Según cuenta hoy diario La Nación, todo empezó con una denuncia anónima en el juzgado de Bonadio en la cual se asegura que se había manipulado la integración del equipo de peritos. “Con el anónimo, Bonadio presentó una denuncia para que se investigaran el contenido de la nota y la presunta violación de secretos: sólo alguien que conocía la causa desde adentro podía contar con los detalles que exponía la nota”, asegura el matutino.

El peritaje fue realizado por Héctor Roccatagliata, del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, y Jorge Luis Fernández, que participó como perito de parte (la ley prevé que el acusado puede designar a su contador). Ambos firmaron un informe, presentado anteayer, en el que sostuvieron que Bounine, con sus ingresos y egresos, "justifica contar con los fondos suficientes para haber adquirido los bienes cuya titularidad se ha constatado, más un consumo razonable".

Según La Nación, “con este dictamen, Bounine —cuyo abogado es el ex ministro León Arslanian— queda muy cerca de un sobreseimiento. El peritaje incluye al ex secretario Daniel Muñoz, pero no es tan favorable para él. Dice que le faltan comprobantes de deudas por $ 213.952 y que tiene $ 19.537,50 no justificados. Igual, Fernández afirmó que sus cuentas están en regla.”

El peritaje lo ordenó Bonadio el 17 de noviembre. “Roccatagliata y Fernández se habían reunido tres veces cuando Roccatagliata se enfermó. Entonces, el juez pidió que se lo reemplazara para no demorar la causa y se designó a Alberto Alonso. Según Fernández, Alonso ‘unilateralmente cambió los criterios’ convenidos con Roccatagliata y se manejó con arbitrariedad. Fernández le informó esto a Bonadio el 23 de febrero y le dijo que Roccatagliata estaría en condiciones de reintegrarse en forma inmediata”, reza La Nación.

La mala noticia del asunto es que la nueva causa judicial quedó a cargo del juez Norberto Oyarbide. En fin, todo no se puede.

Carlos Forte