El financiamiento electoral del kirchnerismo volvió a quedar bajo sospecha a un mes y medio de los comicios presidenciales, luego de que Sergio Schoklender denunciara que la Fundación Madres de Plaza de Mayo aportó fondos para la campaña de Cristina Kirchner.

Las sospechas en torno al financiamiento político del kirchnerismo ya venían siendo investigadas por el juez federal Norberto Oyarbide a raíz de sus posibles vínculos con la mega causa de la "mafia de los medicamentos", de donde se especula partieron esos fondos.

En esa mega investigación están involucrados entre otros el ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud Héctor Capaccioli, y muchos otros ex funcionarios que también oficiaron de recaudadores de fondos para la campaña kirchnerista de 2007.

Esa misma elección estuvo teñida por las sospechas por la valija con 800 mil dólares que se le descubrió al venezolano Guido Antonini Wilson, de la cual siempre se especuló con que su destino era el financiamiento de la campaña kirchnerista, algo no acreditado hasta el momento en la investigación.

Ahora el ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo denunció que la Fundación financió campañas políticas del kirchnerismo y hasta acusó que su titular Hebe de Bonafini de poseer cuentas bancarias en la Caja de Asturias, en España.

Mientras tanto, sobre las sospechas del financiamiento en todo el escándalo de los fondos públicos que manejaba como apoderado Schoklender, los investigadores desde el inicio tuvieron en cuenta la posibilidad de que volvieran al kirchnerismo para la campaña.

Una fuente del caso confió a NA al inicio de la causa que una de las patas a investigar era si el Estado liberó los fondos a las Madres y luego si los mismos reingresaron sin que haya registros con fines de financiación política.

En ese contexto, Hernán Charosky, director ejecutivo de Poder Ciudadano, consideró que el problema de fondo es que "falta  transparencia en el financiamiento de las campañas y hay mucha avivada en el manejo de información".

"Para que estas cosas ocurran hay tres actores fundamentales: los candidatos, los ciudadanos, a quienes no les interesa mucho el tema, y la Justicia Electoral, que no ha aplicado sanciones relevantes sobre violaciones a la normativa de financiamiento", dijo Charosky en diálogo con Noticias Argentinas.