Mientras los medios de comunicación siguen de cerca las bravuconadas del juez Norberto Oyarbide en diversas causas judiciales sensibles al kirchnerismo, otra magistrada trabaja lenta, pero inexorablemente, en un expediente que preocupa, y mucho, al Gobierno. Se trata de la investigación por supuesto lavado de dinero en el marco de la campaña del Frente para la Victoria, que llevó a la presidencia a Cristina Kirchner junto a Julio Cobos.

Esas fojas descansan en el mayor de los secretos en el despacho de la jueza María Romilda Servini de Cubría, quien va sumando evidencia y consistencia al paso de los últimos días.

En realidad, el delito de blanqueo de dinero está casi demostrado, ya que hay media docena de empresarios que admiten no haber puesto dinero para la campaña de marras aún cuando sus nombres han aparecido en el listado de aportantes del FPV. Lo que resta conocer es la procedencia de los billetes que se habrían “lavado”; de hecho, es la tarea que quita el sueño a Servini de Cubría en estas horas.

¿Narcotráfico?

La aparición del tema “narcotráfico” detrás de los fondos de campaña, no es algo novedoso. Oportunamente, dos fuentes independientes admitieron a este cronista que ese dinero provenía de la venta de estupefacientes. Uno de ellos, ha sido ha sido el fallecido Sebastián Forza, quien aseguró en mayo de 2008 —poco antes de morir a balazos— que el dinero que llevó a Cristina a la primera magistratura había venido “de afuera” y pertenecía a carteles de la droga.

El joven sabía de lo que hablaba, ya que fue uno de los que aportó dinero al FPV a través de ¿su? droguería, Seacamp. 

Forza ha sido a su vez socio de Ibar Esteban Pérez Corradi, titular de otra empresa llamada Odin Concept SRL y señalado por la embajada de Estados Unidos como nexo entre laboratorios medicinales y carteles del narcotráfico mexicanos.

A su vez, Pérez Corradi ha sido socio del oscuro Néstor Lorenzo, titular de dos importantes droguerías: San Javier y Multipharma. Lo interesante es que ambas firmas han sido importantes aportantes a la campaña de Cristina Kirchner en 2007.

Ergo, cabe preguntarse: ¿ese dinero pertenecía en realidad a carteles mexicanos, como aseguraba Forza? Por ahora suena aventurado decirlo, pero todos los indicios van por ese mismo camino.

Uno de los casos “testigo” es el de la referida firma Multipharma, que oportunamente registró un depósito en efectivo de $ 2.800.000 y luego lo extrajo a través de cheques a nombre de San Javier. Estos, fueron posteriormente endosados y transferidos a cooperativas de crédito —hoy investigadas por Oyarbide—, salvo cuatro de ellos, que fueron destinados a la campaña del FPV.

Por ello, la Sala II de la Cámara Federal Penal que integran Martín Irurzun, Horacio Catani y Eduardo Farah, ordenó al juez de primera instancia —Oyarbide— seguir la “ruta del dinero” para determinar el origen de los fondos.

Las pruebas están a la vista, basta cruzar el detalle de aportantes al FPV, la rendición de cuentas que hizo el mismo partido y los documentos de la Inspección General de Justicia que muestran quiénes están detrás de las firmas hoy investigadas.

De la misma manera, deben unificarse tres expedientes judiciales: el Triple crimen de Gral. Rodríguez, la denominada “mafia de los medicamentos” y el supuesto blanqueo de dinero de la campaña K de 2007.

Allí se cruzan los nombres de relevantes funcionarios de primer y segundo nivel del gobierno, de sindicalistas de renombre, de foráneos traficantes de estupefacientes y de puntuales sicarios que gustan integrar barras de fútbol de la zona de Quilmes.

El resultado de esa tarea puede ser revelador…