En estas horas, el juez federal Norberto Oyarbide toma declaración indagatoria a los siete detenidos que resultaron del procedimiento llevado adelante el pasado lunes 31 de enero, en el marco del expediente que investiga la “mafia de los medicamentos”. Entre ellos, se encuentra el ex policía José Luis Salerno, a la sazón socio de uno de los fallecidos en el triple crimen de General Rodríguez de agosto de 2008.

Ese expediente permitirá echar luz sobre otro que hoy descansa en el escritorio de la jueza María Romilda Servini de Cubría y que indaga los aportes de campaña del Frente para la Victoria del año 2007. En esa causa judicial se ha acumulado suficiente evidencia como para probar sobradamente que existió blanqueo de dinero en los fondos eleccionarios.

Sin embargo, la referida jueza ha suspendido temporalmente esa investigación, a la espera de resultados concretos en la causa que lleva adelante Oyarbide. Entre uno y otro expediente, no solo hay elocuentes coincidencias, sino que se cruzan tres hechos que intranquilizan al kirchnerismo: el triple crimen, los aportes de campaña y la mafia de los remedios.

Esto demostraría que no se trata de hechos aislados, sino de toda una matriz de corrupción y permisividad que dio vía libre a traficantes de drogas y medicamentos a cambio de dinero para la campaña del FPV.

Por lo pronto, Oyarbide ha virado la indagación de los fármacos “truchos” para enfocarse en esos sospechosos fondos. En ese marco, el empresario Gabriel Brito ha sido el primero en dar la estocada contra el kirchnerismo, al demostrar que su aporte nunca existió.

De la misma manera, existen media docena de testimonios que aseguran lo mismo. Se trata de empresarios de la salud que juran que, no solo no pusieron dinero, sino que les dieron el 6% de lo supuestamente aportado.

Oyarbide tendría pensado citar a dos de ellos y hacer lo mismo que hizo con Brito: una inspección ocular de la Superintendencia de Servicios de Salud, a efectos de que muestren dónde se llevó adelante la farsa.

En tal sentido, horas complicadas aguardan a la escribana Alejandra Rey, quien mintió al asegurar que el empresario Brito había estado en su despacho firmando un documento que refrendaba haber aportado por voluntad propia. Mal que le pese a la profesional, la Justicia ha detectado que no ha sido el único caso y en las próximas jornadas podría ser procesada por “falso testimonio”.

Cuando ello ocurra, ¿se guardará todos los secretos para sí o confesará que el ex superintendente Héctor Capaccioli la impulsó a delinquir?

Pase lo que pase, ya no hay vuelta atrás. La Justicia ha encontrado irregularidades en los fondos de campaña —es por ello que Servini de Cubría aún no ha aprobado la rendición del FPV— y es probable que en algunas semanas se reactive la indagación que había quedado suspendida.

En los corrillos judiciales se habla —y mucho— de cómo se blanqueó ese dinero. En realidad, el delito está demostrado, lo que se intenta determinar es de dónde provinieron los fondos que se “lavaron” en la campaña de marras. Dos de los aportantes que hoy están en la mira judicial son Miguel Angel Loizaga y Marcela Lombardi, quienes negaron ante el fiscal Jorge Di Lello en 2008 haber puesto plata.

¿Quiénes son los verdaderos aportantes? Las sospechas apuntan a grupos vinculados al narcotráfico, especialmente relacionados con el hoy deportado Ibar Esteban Pérez Corradi —¿Qué pasaría si se quebrara ante los investigadores norteamericanos y diera detalles de quiénes le dieron protección?— y el encarcelado Néstor Lorenzo.

Ambos han hecho jugosos negocios en detrimento de la sociedad bajo el amparo del kirchnerismo. Durante siete años vendieron medicamentos adulterados y traficaron estupefacientes con la venia del Ejecutivo nacional.

Lo que viene

Otro de los que en estas horas genera temor oficial es José Luis Salerno, quien declarará en unas horas ante Oyarbide. El ex policía es otro de los protegidos a nivel oficial y conoce casi todos los secretos que hoy se intentan ocultar en Casa de Gobierno.

No por nada ostentó gran temor cuando vio que su socio Damián Ferrón había aparecido acribillado en un descampado de General Rodríguez. Su ex mujer lo confirmó a este medio oportunamente.

Como sea, sería conveniente que Oyarbide indagara a Salerno sobre su participación en una sociedad llamada “Rivera”, a través de la cual se hicieron muchos de los negociados que hoy se analizan.

Lo interesante es que esa droguería está inhabilitada desde hace tiempo y hasta tiene un sumario sanitario (Disposición 4613/2010). ¿Se trata acaso de la impunidad que da el poder?

En fin, quizás Oyarbide tenga suerte y llegue a descubrir de quién es testaferro Salerno.

Si eso ocurre, temblarán las paredes de Balcarce 50.

Christian Sanz