La Justicia reanudó una compleja investigación por la supuesta estafa en el arreglo de dos helicópteros de la flota presidencial, al solicitar a los peritos contables de la Corte Suprema que determinen si se pagaron sobreprecios y si hubo un perjuicio al Estado de 49.800 dólares.

Se trata de una causa iniciada en 2003 tras una denuncia que hizo el actual secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, por la supuesta sobrefacturación en la reparación de dos helicópteros Sikorsky S-70A y S-76B y que fue detectada tras una auditoría interna que detectó las irregularidades.

La causa está en manos de la jueza federal María Servini de Cubría y el fiscal Jorge Di Lello, y hasta el momento tiene como imputados a una decena de oficiales de la Fuerza Aérea, a personal de la Casa Militar, de la secretaría General de Presidencia, y al presidente de la empresa Alhos S.A, Bagniole Barnadez, la cual proveyó los repuestos para los helicópteros.

Todos ellos por el momento cuentan con falta de mérito, y ahora el fiscal Di Lello pidió al cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema un extenso estudio sobre el cual —según las fuentes consultadas por Noticias Argentinas— ya comenzaron a trabajar.

Entre otras irregularidades, se habrían descubierto no sólo sobreprecios en el pago de repuestos, sino además cobro de componentes reparados, facturados como si fuesen nuevos.

Básicamente, el fiscal pidió que se analice la documentación existente sobre la orden de compra 32/03 mediante la cual se acordó la provisión de repuestos originales de fábrica y/o reparados para ambos helicópteros de la flota presidencial, de matrículas H01 y H02.

Di Lello recordó que la auditoría interna realizada por la secretaría General de Presidencia se había detectado un perjuicio económico de 49.800,00 dólares, y es por ello que pidió a los contadores cotejar las facturas y los recibos involucrados para saber si efectivamente se ha perjudicado al Estado Nacional.

El fiscal pidió seis peritajes, entre ellos, "determinar si efectivamente existió un procedimiento de sustitución de requerimientos por parte de la Secretaría General para satisfacer la urgencia y necesidad operativa de los helicópteros".

Es que una de las maniobras habría consistido en la sustitución de facturas originales por otras, y entre las cuales habría diferencias en cantidad de repuestos, y ausencia de precios unitarios de cotización.

En ese sentido, reclamó saber si se trataba de "una práctica necesaria para otorgarle al procedimiento de adquisición la flexibilidad para atender los aspectos aleatorios e imponderables que el mantenimiento de las aeronaves complejas implica".

También reclamó saber si "existieron erogaciones indebidas o sobredimensionadas, teniendo en cuenta el sobreprecio promedio del 30 por ciento".

"Se deberá analizar si lo entregado por la empresa presenta deficiencias cualitativas o cuantitativas que puedan implicar la existencia de un perjuicio al Estado y en caso afirmativo calcular el monto del mismo", señala el escrito del fiscal al que accedió NA.

En la nota que le hizo llegar al decano del cuerpo de Peritos de la Corte, además ordenó que se analicen las notas cursadas entre las distintas áreas de la secretaría general de Presidencia y la empresa Alhos.

El peritaje se da en el marco de la licitación pública aprobada el 6 de mayo de 2003 y por el cual se acordó el pago de 950.000 dólares para la compra de repuestos y componentes para ambos helicópteros presidenciales.

Uno de los helicópteros Sikorsky, el S-70ª, fue comprado durante la presidencia de Carlos Menem a un costo de 16 millones de dólares.

En 2007 el kirchnerismo anunció la puesta en venta del helicóptero Sikorsky S-70ª, por "antifuncional y costoso", a la hora de ponerlo en funcionamiento.

Para los traslados del entonces presidente Néstor Kirchner el Gobierno luego adquirió el Sikorsky S-76B pero fabricado en 1994 y con mayor capacidad de transporte de tripulantes.

Sergio Farella
NA