En su último decreto del 2011, la presidenta Cristina Kirchner dispuso la revisión de los salarios que perciben unos 300 mil empleados estatales, lo cual generó una reacción de rechazo por parte de sectores de la CGT.

A través del DNU 324, firmado el 30 de diciembre último y publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo puso bajo revisión los sueldos de empleados públicos que dependen de la Nación.

El artículo 8 del DNU establece que a partir del primero de enero de 2012 los pagos de adicionales, bonificaciones o plus a los empleados públicos, de empresas estatales, organismos descentralizados e instituciones de Seguridad Social deberán "adecuarse" a los requisitos que fije el Gobierno "para confirmar su procedencia y, en su caso, limitar su alcance".

Fijó, además, que "los titulares de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el presente artículo remitirán a la Secretaría de Hacienda las actuaciones administrativas necesarias para la convalidación de los regímenes y autorización de los respectivos pagos".

El decreto también advirtió que "los regímenes, disposiciones y medidas cuya procedencia no se convalide quedarán sin efecto".

 La medida mereció un rápido rechazo de parte del secretario de Derechos Humanos de la CGT y jefe de los Judiciales, Julio Piumato, quien se quejó vía twitter: "Otra vez la demonización de sueldos. Esta película ya la vimos y sabemos como termina! Adonde vamos? [Sic]".

"Hacía falta a un día de la operación a la Presi sacar un DNU que agrede salarios de trabajadores estatales! Kien kiere instalar la confusion?", planteó Piumato en su cuenta en esa red social, desde la cual suele lanzar frases filosas sobre la actualidad.

En los fundamentos del DNU se dice que el propósito de la medida es "reordenar" los "pagos extraordinarios" del personal público "no incluidos en su sueldo mensual, normal, regular, habitual y permanente asignado en función de su cargo y categoría de revista".

Desde el gremio de los estatales ATE consideraron que el decreto deja claro que apunta a limitar o eliminar toda una serie de rubros de salarios de empleados públicos, y constituye una reducción salarial.

 Antes de la paritaria general de mayo, desde la Secretaría de Hacienda se envió una nota a los titulares de cada organismo advirtiendo que todo aumento que exceda lo establecido a nivel general se encontraba fuera de lo permitido.

Luego hizo lo mismo, a modo de circular, la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial, y ahora se incluyó en un DNU, que tiene fuerza de ley.

En el Estado, el salario se fija mediante la negociación colectiva, entre el Estado y los sindicatos.

Así, la mayoría de los trabajadores están regidos por un convenio colectivo de trabajo general y, a su vez, por convenios colectivos sectoriales por escalafón (SINEP, personal civil de las FFAA. INTI, INTA; profesionales de la salud, CNEA; Orquestas, coros y ballet.)

Otros empleados del Estado cuentan con sus propios convenios colectivos de trabajo, como AFIP, ANSeS o PAMI.

Así, distintos organismos pagan adicionales mensuales, plus, bonificaciones, horas electorales, horas censales o Unidades retributivas cuya distribución y percepción dependen de los ministros o demás funcionarios.

Desde ATE consideran que se busca eliminar esos beneficios salariales que "son un derecho adquirido "de los trabajadores.

NA