Nunca la Justicia en los últimos años tuvo semejante oportunidad para encauzar la política en los carriles que corresponden. En lugar de “¡Que se vayan todos!” puede lograr que queden los honestos y los que realmente les interese el crecimiento de nuestra Patria y el verdadero bienestar de sus habitantes.

El funesto accidente ferroviario recientemente ocurrido en la estación Once puso sobre el tapete personalidades y conductas aberrantes en el seno del poder ejecutivo nacional, porque tratar ahora, después de ocho años de gestión, de exculparse de las responsabilidades que le competen y en forma urgente tomar medidas que habían soslayado en todo su extenso período de gestión, no hacen otra cosa que demostrar que la falta de acción anterior obedece como mínimo a desidia o lo que es aún más grave —y es esto lo que la justicia tendrá que determinar— a la connivencia dolosa en perjuicio de los millones de personas que se movilizan diariamente en este medio de transporte.

En el caso de que la Justicia pueda probar esta última posición y para conseguir el efecto deseado, todos los ciudadanos tendríamos que bregar para que este gravísimo delito fuese considerado de “lesa humanidad” y por lo tanto imprescriptible. Es la única forma que tenemos los ciudadanos de confiar en el futuro en las autoridades a las que democráticamente le entreguemos la administración del país. La base de este pedido se encuentra en el Estatuto de Roma artículo 7: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá como “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. En el apartado K de dicho párrafo dice: “Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Cuando digo “exculparse de las responsabilidades que le competen” me refiero a las funciones específicas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Algunos párrafos de dichas responsabilidades, según el sitio web del propio CNRT: 

"Comisión Nacional de Regulación del Transporte:

Presentación:

La Comisión nacional de Regulación del Transporte es un ente autárquico que en el ámbito de la Secretaría de Transporte controla y fiscaliza el transporte terrestre de jurisdicción nacional.

Tiene competencia en:

-El transporte automotor de pasajeros.

-Urbano de las líneas 1 a la 199.

-Interjurisdiccional de media y larga distancia.

-Los trenes y subterráneos de la Región Metropolitana.

-Los trenes de pasajeros de larga distancia.

-El transporte automotor y ferroviario de cargas.

-La Estación Terminal de Ómnibus de Retiro.

Creación:

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte fue creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 660 del mes de junio de 1996. Su estructura y funciones se aprobaron por Decreto Nº 1388 de noviembre de 1996.

Está conformada por la fusión de la ex-Comisión Nacional de Transporte Automotor (Conta), la ex-Comisión Nacional de Transporte ferroviario (CNTF) y la absorción de la Unidad de Coordinación del Programa de Reestructuración Ferroviaria (UCPF), según lo establece el Decreto Nº 1388 de noviembre de 1996. Es un Ente descentralizado que actúa en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios.

Funciones:

La Comisión tiene como funciones el control y fiscalización de los operadores de los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, así como la protección de los derechos de los usuarios.

Misión:

Intervenir en nombre del Estado nacional, en todo lo que sea relativo al transporte automotor y ferroviario, otorgadas o a otorgar en el futuro a las Provincias como al sector privado.

Entender en la regulación relativa a la seguridad del transporte automotor y ferroviario en todo el territorio de la República Argentina, incluyendo los servicios cuya explotación se transfiere en concesión tanto a las Provincias como al sector privado.

Funciones básicas:

De acuerdo con los objetivos de su creación, la CNRT desarrolla las siguientes:

-Funciones Básicas Transporte Ferroviario.

-Aplicar y hacer cumplir los contratos de concesión de transporte ferroviario metropolitano e interurbano de pasajeros y de cargas.

-Controlar la cantidad y calidad de la oferta de servicios

-Fiscalizar la ejecución de los Programas de mantenimiento de estaciones y coches.

-Controlar el cumplimiento del Programa de Inversiones acordado en los contratos de concesión.

-Intervenir en la investigación de accidentes.

-Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad ferroviaria."

      Ante estas obligaciones es conveniente ver algunas consideraciones sobre el servicio prestado por TBA y el accionar de la CNRT que hizo la Auditoría General de la Nación (Actuación AGN Nº 467/06).

Con respecto a si es o no un acto doloso el manejo de los subsidios al transporte ferroviario, y ya que no tengo pruebas fidedignas para confirmarlo, me remito a uno de los tantos comentarios vertidos en todos los medios de comunicación. Adjunto los primeros párrafos de un artículo de Joaquín Morales Solá publicado en el diario La Nación el 26 de febrero de 2012 titulado “La tragedia y la corrupción viajan juntas”.

¿Por qué corren tantos riesgos en lugar de invertir parte de los cuantiosos recursos que reciben del Estado? La intencionada pregunta fue planteada por un empleado de la Auditoría General de la Nación a un conocido empresario de los ferrocarriles. ¿Usted cree que todo ese dinero es sólo para nosotros?, respondió el empresario. Las cifras son las que figuran en los documentos del Estado, replicó el auditor. Bueno, digamos que parte de esos recursos son para nosotros, zanjó el empresario, con cierta ironía y una sonrisa inoportuna.

Una vieja sospecha de corrupción en los desorbitados subsidios a empresarios de servicios públicos y, sobre todo, del transporte. Estado y empresarios más preocupados por el trasiego del dinero que por la seguridad de los ciudadanos. Ese es el trasfondo de una tragedia de muerte y mutilación en el barrio de Once. Una carga moral y política de 51 muertos es demasiado pesada para cualquier gobierno. Aquel diálogo del principio fue la confesión de que a los funcionarios les importa tan poco como a los empresarios la inversión en el mantenimiento. Cualquier inversión resultaría, al fin y al cabo, una merma del dinero ilegal que va a parar a cuentas privadas de unos y otros.

Confiando esperanzado en los jueces probos, que los hay y muchos, y en la independencia total de este Poder del Estado a quien nadie le puede condicionar los tiempos con soberbia monárquica, hay todo un pueblo trabajador y sacrificado que espera de una vez por todas construir su futuro y el de sus hijos en un país con bases sólidas y no tener que habitar ilusionados y temporariamente los castillos en el aire que ofrecen sus dirigentes.

Ricardo Alfredo Rey