Ante la Asamblea Legislativa, Cristina Kirchner confesó sorpresivamente una sensación que la invadió el último fin de semana, cuando arreciaban las críticas por su prolongado silencio luego de la tragedia de Once: "Créanme que a veces tengo dudas si vale la pena seguir adelante", se sinceró.

La Presidenta no exageró su sentimiento pero hizo gala, al mismo tiempo, de su capacidad para recuperarse en los momentos más complicados de su gestión, respetando a rajatabla el libreto que se autoimpuso al comienzo de su segundo mandato, cuando bautizó la actual etapa como de "sintonía fina".

Algo que, en términos prácticos, implica una ratificación del rumbo político del kirchnerismo, aunque teniendo muy presentes las limitaciones que impone la realidad económica: por eso no extrañó que la Presidenta ordenara reponer la presencia de la Policía Federal en la red de subterráneos porteños.

La decisión presidencial, comunicada luego de que el Gobierno porteño suspendiera el traspaso de los subterráneos, buscó presentar a Mauricio Macri como un "adolescente" político, pero en el fondo dejó en claro que la Casa Rosada no quiere gastar un peso más en el financiamiento de ese medio de transporte.

Una lógica similar se puede aplicar al caso de YPF, porque en términos políticos al kirchnerismo le sienta bien la posibilidad de reestatizar la petrolera, controlada por la española Repsol y el grupo argentino Eskenazi, pero lo cierto es que los recursos que demandaría una decisión de esa naturaleza serían cuantiosos.

En este escenario, algunos analistas interpretaron que el proyecto que enviará la Presidenta al Congreso para reformar la Carta Orgánica del Banco Central -que el Gobierno presentará como el "punto final" de la Convertibilidad- abre las puertas para que, eventualmente, se puedan usar las reservas en ese sentido.

Hasta ahora, el estatuto interno del BCRA establece que las reservas deben respaldar la base monetaria -es decir el dinero circulante más el contenido en depósitos bancarios-, pero con la modificación propuesta esa limitación dejaría de existir y le daría al Gobierno un amplio margen de maniobra financiero.

Ante los diputados y senadores nacionales, Cristina también enterró definitivamente los proyectos para reformar la Ley de Entidades Financieras -muchos de ellos surgidos de sectores del propio oficialismo- y no dedicó ni una línea de su discurso a analizar la posibilidad de encarar una reforma impositiva.

En cambio, cuestionó a los gremios docentes a los que acusó de manejarse con una "lógica del pasado", dando cuenta de que ella misma fue quien impuso a su ministro de Educación, Alberto Sileoni, una postura más dura que otros años, lo cual hasta el momento impidió el cierre de la paritaria del sector.

Más allá de las restricciones económicas que condicionan el horizonte político, la Presidenta volvió a ubicar la "causa Malvinas" por encima de las rencillas partidarias, al anunciar su intención de renegociar con Gran Bretaña la política de vuelos a las Islas, para que partan desde Buenos Aires y no desde Santiado de Chile.

Se trató del anuncio más elogiado por la oposición, que sin embargo criticó duramente que la Presidenta dedicara sólo dos minutos de su discurso de tres horas y cuarto a rendir cuentas sobre la política del Gobierno en materia ferroviaria, cuando la tragedia de Once aún cala hondo en la sensibilidad popular.

Mariano Spezzapria
NA