Bajo la figura de “convenios de asistencia técnica” o de “servicios según contrato vigente”, más de 300 trabajadores de los ministerios de Planificación y Economía están regidos por los denominados “contratos basura”. Lo mismo sucede con dos tercios de los 3500 empleados que tiene el Ministerio de Trabajo, quienes ostentan un sueldo mínimo y deben a su vez costearse la ART, jubilación y obra social.

La aparente “pasantía” esconde una virtual relación de dependencia.

El registro de “servicios como empleados que facturan” cambió radicalmente la modalidad de trabajo. Los beneficios obtenidos por los trabajadores en lucha durante el siglo XX —y que fueron seriamente afectados durante la década del noventa— se incorporan al mapa laboral de otra manera, a cargo del trabajador.

El aporte a través del sistema de monotributo, el cual es presentado como una “perla” en la incorporación de desocupados al sistema, no hace más que seguir extendiendo la brecha entre los que más y los que menos tienen. El sistema permitió el registro de miles de trabajadores sin que por ello estén sujetos a derechos laborales.

La presentación de facturas sobre servicios brindados le permitió (al Estado sobre todo) poder hacerse de mano de obra barata y calificada dejando para los empleados el pago de su propia ART, obra social y jubilación.

Según datos de la propia AFIP, el total de monotributistas registrados asciende a 1,5 millones, de los cuales poco más de 1,1 realiza los aportes regularmente. Surge que poco menos del 10% del padrón ha acusado una mejora de los ingresos desde el 2007. Esta situación implica la necesidad de evadir los pagos a quien a su vez evade la contratación.

Frente a la sede nacional de la cartera laboral comandada por Carlos Tomada, se denunciaron irregularidades en el área que precisamente deben combatirlas. “La situación laboral de la mayor parte de sus trabajadores es irregular, alrededor de dos tercios (de los 3500) son contratados, entre ellos muchos de los inspectores que controlan el fraude laboral”, denunció ATE.

Negros porcentajes

El porcentaje de trabajadores "en negro" subió al 34,2% en 2011 y en la actualidad afecta a alrededor de 4,2 millones de empleados, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En cifras, significa que más de 440 mil personas más se vieron afectadas por una relación laboral irregular durante el año anterior.

De acuerdo con los datos oficiales sobre una Población Económicamente Activa de 17 millones de personas —y con una desocupación de 6,3%— la cantidad de trabajadores totales se ubican en 15.861.000. El 77,4% de ellos son asalariados, lo que equivale a 12.276.414 personas, de los cuales el 34,2% no está inscripto formalmente. Esto significa que existen 4.198.533 individuos sin empleo formal, 443.000 más que resulta de los mismos cálculos con datos oficiales de diciembre de 2010. En el Gran Buenos Aires el empleo "en negro" afecta al 34,1% de los trabajadores.

Mientras tanto, “el relato” se apropia de datos que hablan mucho más de las irregularidades que no sirven para regularizar la situación.

El año pasado, el ministro de Trabajo destacó la reducción del trabajo ilegal en la Argentina aduciendo que en la actualidad, ocho de cada 10 empleos son registrados (en blanco) y dos "en negro".

Tomada comparó la situación actual con la existente en década de los 90, cuando “de cada decena de puestos de trabajo netos, nueve eran ilícitos.” “El trabajo ‘en negro’ está hoy perseguido en la Argentina”, había indicado.

Monotributistas sociales

Con respecto a los contratados “con monotributo”, la ministra de desarrollo Social Alicia Kirchner lanzó el año pasado lo que se denominó el “Monotributo Social”, que permitiría tener algún tipo de cobertura, justamente a los trabajadores “en negro” o no registrados que tiene el propio estado y empresas privadas.

Sin embargo, está modalidad no solo no mejora las condiciones laborales, sino que anula cualquier tipo de organización, debido a que cada empleado se convierte en autónomo, sea cual sea el servicio que presta.

De todos modos, desde el Ministerio de Desarrollo social el programa se vende así:

“¿Cómo funciona el monotributo social?

La particularidad del monotributo social es que recibe múltiples beneficios del Estado Nacional por ser parte estratégica de una política activa para la inclusión social. Por ello se encuentra exenta en el componente impositivo, su componente previsional es subsidiado por el Anses y el componente destinado a la obra social es sustentado en un 50% por Desarrollo Social. El monotributista social debe, entonces, pagar solamente el 50% restante de la obra social por mes. Son unos 35 pesos si el monotributista no tiene familia a cargo y se multiplica si suma a sus hijos o a su cónyuge. De esa manera accede a una cobertura médica, aporta a su jubilación y está habilitado para emitir facturas. Es importante aclarar que por pertenecer a esta categoría tributaria no se pierde la asignación universal por hijo.

¿A quiénes beneficia?

El monotributo social ha logrado incluir en el mundo del trabajo principalmente a jóvenes y mujeres. El 35% de los monotributistas sociales tienen entre 18 y 29 años, muchos de los cuales comienzan con su primer trabajo. Se dan considerables casos de pequeños emprendimientos de informática o de artesanato”, reza el sitio.

Los proveedores del Estado son la mayor estafa al propio Estado. Tanto desde universidades, municipalidades, docentes, como agentes de las fuerzas armadas y de seguridad, se siguen sumando reclamos en cuanto a la categoría de empleados en que se van convirtiendo los llamados “proveedores del estado” o con salarios en blanco muy menores a lo que realmente cobran en mano. Un ejemplo claro es el caso de la policía de Misiones, que tiene salarios por recibo de 250 pesos y en mano cobran poco más de $2000.

Según la AFIP

La recaudación correspondiente al Monotributo Impositivo aumentó 39,5% en el tercer trimestre de 2011, representando el 0,5% de la recaudación total.

El incremento en la recaudación obedece principalmente a cambios de los monotributistas a categorías superiores como resultado de las recategorizaciones de septiembre 2010 y enero, mayo y septiembre de 2011.

Se acreditaron en este trimestre $60 millones correspondientes a planes de facilidades de pago, en tanto este concepto alcanzó $50 millones en igual trimestre del año anterior.

Concluyendo

Según el último spot del Ministerio de Trabajo, desde 2003 hasta 2012 bajó el porcentaje de empleo informal del 50% al 33,6%. La trampa está en que el registro no otorga formalidad ni los derechos que el artículo 14 bis de la Constitución garantizan, sino que simplemente blanquean una situación por demás incomoda, que de ese 14,4% recuperado desde el 2003 a la fecha, el 6% pertenecen a trabajo registrado de baja o mala calidad, como son las contrataciones vigentes de servicios por parte del Estado, de todos los estados.

Rubén Matos
Twitter: @rubenmatos