Como en un póker abierto, donde los jugadores conocen las cartas propias y también las de los oponentes, la política argentina atraviesa por un período de frontalidad brutal, que pone los conflictos sobre la mesa pero que al mismo tiempo torna evidentes las dificultades para salvarlos y seguir adelante.

Esa frontalidad viene siendo una característica saliente del Gobierno desde 2003, cuando el kirchnerismo llegó a la Casa Rosada, ya que desde entonces su paulatina acumulación de poder se basó en la confrontación. Los primeros meses de 2012 ofrecen, hasta el momento, una ratificación de esa estrategia.

Aunque, tal vez, sean demasiados los frentes abiertos por el Gobierno como para poder afrontarlos con éxito todos al mismo tiempo. Por eso se puede decir que, de los conflictos que dominan la agenda política y económica por estos días, el balance no puede resultar menos que preocupante para el oficialismo.

Hagamos un punteo: las medidas restrictivas a las importaciones; la pelea con la petrolera Repsol YPF; el renovado reclamo por la soberanía de las Malvinas; el distanciamiento con Hugo Moyano; y la investigación judicial al vicepresidente Amado Boudou, son los principales frentes del momento.

De estos cinco grandes temas, al menos en tres de ellos —las trabas a las importaciones, el caso Ciccone y el control de la CGT— el Gobierno corre detrás de los acontecimientos, puesto que no fue su intención colocarlos en la escena pública. Aunque puesto a batallar, no deja dudas que lo hará con virulencia.

Lo demostró Boudou en su aparición tras el allanamiento de la Justicia a un departamento de su propiedad en Puerto Madero. El vicepresidente lució como un boxeador que está contra las cuerdas pero que aún está intacto como para asestar golpes demoledores. Y que parece dispuesto a pelear hasta el final.

Pero en el revoleo defensista el Vicepresidente cruzó límites impuestos por el propio Gobierno. Por caso, su durísima embestida contra el juez federal Daniel Rafecas y su tardía denuncia a un estudio de abogados al que está vinculado el procurador general Esteban Righi, hicieron mucho ruido en el kirchnerismo.

A tal punto que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, salió a asegurar que el juez Rafecas merecía su "respeto", con certeza tras una comunicación telefónica con Cristina Kirchner, desde su retiro de El Calafate. De todos modos, la Presidenta pidió a otros funcionarios y dirigentes que respaldaran a Boudou.

¿Un mensaje ambiguo de la mandataria? No necesariamente. Un dirigente oficialista lo interpretó de esta manera: "Lo que está diciendo es que no le va a entregar a Boudou a Clarín, pero que tampoco Amado puede prender el ventilador y en especial si se va a salpicar a compañeros de nuestro propio proyecto".

Los frentes económicos

El caso de Boudou adquirió ribetes de escándalo y con seguridad la oposición intentará activar la comisión de Juicio Político en el Congreso, aunque falten elementos de prueba contra el Vice. Sin embargo, hay otros temas más profundos, por su dimensión estratégica, como el conflicto entre el Gobierno y Repsol YPF.

La escalada llegó a un nivel tal que el CEO de la compañía, el español Antonio Brufau, se instalará esta semana en Buenos Aires para tratar de encontrar una salida negociada, mientras cobra fuerza la idea de crear una "Petrobras argentina", con capitales mixtos, para la explotación de áreas quitadas a YPF.

Es muy probable que el Gobierno envíe al Congreso un proyecto de ley en tal sentido, a sabiendas de que contará con el respaldo de un sector de la oposición. Lo que la Casa Rosada todavía no tiene resuelto es el financiamiento de semejante operación. Aunque ya desmintió que fuera a hacerlo con recursos de la Anses.

Tampoco parece encontrarle la vuelta el Gobierno a la política de importaciones, que lleva adelante sin anestesia el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. El funcionario tiene como objetivo equilibrar la balanza comercial, pero su accionar se traduce en efectos negativos para el campo de la producción.

Incluso si se consideraran hipócritas las quejas de países que también aplican el proteccionismo, habría que preguntarse si detrás del bisturí de Moreno aparece una política seria de sustitución de importaciones, con criterios de selectividad en los sectores que deben ser protegidos de la competencia externa.

El retraso cambiario tampoco ayuda a sostener el crecimiento de la economía, que este año proyecta una ralentización que llevó a la Presidenta a inaugurar un período que ella misma bautizó como de "sintonía fina". Esta nueva etapa económica le provoca al Gobierno más de un dolor de cabeza con el sindicalismo.

Hugo Moyano encarna, más que ningún otro dirigente gremial, la desconfianza que existe entre una buena parte del movimiento obrero y el Gobierno kirchnerista. Esa desconfianza no radica solamente en las cuestiones de índole personal, como la eventual reelección de Moyano al frente de la CGT.

También se observan temas de fondo como los sectores que está eligiendo la Presidenta para que le sirvan de sostén en su segundo mandato. El advenimiento de La Cámpora es, a todas luces, un fenómeno que llegó para quedarse y que promete más de una refriega por la intensidad política que tendrá el peronismo.

En este escenario, Moyano está a un paso de declararse abiertamente opositor al Gobierno. Muchos piensan que lo hará público si decide marchar a la Plaza de Mayo el 27 de abril, el mismo día que diversas agrupaciones kirchneristas se congregarán en el estadio de Vélez para practicar el culto oficialista.

Todos ellos, oficialistas y opositores, deberían tomar nota de que la gran mayoría de las víctimas del temporal que azotó a la región metropolitana eran personas que vivían en asentamientos, en viviendas precarias que resultaron destruidas. Para ellos sigue sin haber una segunda oportunidad.

Mariano Spezzapria
NA