“Aquello por lo que habíamos luchado durante más de tres décadas se estaba realizando”. Álvaro Alsogaray, en referencia al gobierno de Carlos Menem y lo que él llamaba “la reforma Menem”, 1993.

El año 1990 no terminó como lo había programado Menem. La corrupción había tapado la agenda pública y los indultos, a los máximos responsables de la última dictadura militar y de algunos reconocidos guerrilleros no había sido una decisión feliz. Se le cuestionaba al presidente su visión de que la amnistía y el indulto, realmente, serían mecanismos para pacificar al país. La “teoría de los demonios” nuevamente se imponía como la única visión de lo ocurrido durante la última dictadura militar, tanto desde los círculos cercanos al gobierno como desde los grandes matutinos. Las investigaciones especiales de Clarín continuaban.

Las privatizaciones disparaban polémicas, denuncias, comentarios y suspicacias. Los ferrocarriles estaban en la mira. El periodista de Clarín Ricardo Canaletti decía que los abogados de la propia empresa del Estado no apelaban las sentencias adversas que obligaban a pérdidas cuantiosas al Estado. Por ese motivo, se sospechaba de la Justicia; incluso un juez –Alberto Nicosia– tenía un juicio político pendiente y era investigado por presunta estafa a empresas del Estado. La convivencia entre el beneficio particular de varios particulares para quitarle más dinero a un Estado deshuesado era común. Jueces que fijaban indemnizaciones a particulares sin prueba alguna, como el caso de un pintor –Luis Carlos Roselot– que se lastimó al viajar en tren y recibió medio millón de dólares tan sólo con la prueba de su boleto.[1] Estos hechos eran funcionales a los periodistas impulsores de las privatizaciones y al propio gobierno, que se hacía un festín con la ineficacia y la corrupción de las empresas del Estado. ¿Por qué Clarín solo denunciaba irregularidades de formas pero no de contenidos? Tres días después despotricaba por la falta de inversión del Estado en los centros de investigación y creación tecnológica:

Se ha dicho, acertadamente, que la Argentina debe insertarse en el Primer Mundo. Para ello es necesario, en primer lugar, desarrollar la economía, incorporar las industrias dinámicas y acrecentar el acervo tecnológico.[2]

En Clarín, el analista político Oscar Raúl Cardoso analizaba las perspectivas del presidente para el año siguiente y se asombraba por su condición de “animal político” y la forma en que sabía aprovechar los medios masivos de comunicación: “Nadie en la Argentina le ha ido mejor que a él con la telepolítica [...] al retener hoy una buena cuota de la volátil oferta de esperanza argentina, a pesar del desgaste que supone más de un año de gobierno”.[3] Además, comparaba a Menem con Maquiavelo por su pragmatismo.

La semana siguiente –ya corría 1991–, Clarín publicó una nota sobre la polémica preadjudicación de las redes de acceso a Buenos Aires al grupo Techint. El diario se puso del lado de los sectores contrarios al gobierno que habían tomado tal decisión. El intendente de San Isidro, Melchor Posse, fue la única voz presente en la nota que denunciaba que la preadjudicación no existió sino que fue una farsa y que Techint iba a ganar 700.000 dólares por día sin hacer ninguna inversión en las autopistas.[4] El 7 de enero Clarín publicó un extenso informe especial sobre grandes grupos económicos que ganaban con las privatizaciones de las empresas del Estado. La periodista Eleonora Gosman escribía: “Muchos proveedores del Estado pasaron a ser concesionarios y otros sumaron empresas estatales o concesiones a sus actividades. Una característica hasta ahora ha sido la concentración de las ofertas en muy pocos holdings, tema que preocupa al gobierno nacional”. Ahora, ¿cómo le podía preocupar al gobierno algo que había provocado él mismo? Gosman realizaba un racconto interesante sobre la historia de los más importantes grupos económicos nacionales: su aparición durante la última dictadura militar, su afianzamiento gracias a la política económica de Martínez de Hoz, su consolidación en tiempos de democracia y primavera radical, y su expansión durante los primeros años menemistas. Sin embargo, la nota no concluía de la forma más acertada, a pesar de que citaba a prestigiosos investigadores como Eduardo Basualdo, ya que afirmaba que “el conjunto de estos grupos, aun con diferentes situaciones, ha procurado adaptarse a los cambios iniciados en 1990 y que se definen por un Estado que no quiere continuar con la política de subsidios, porque debe transferir recursos hacia el pago de la deuda externa. Éstas son las nuevas reglas del juego”.[5] Nuevamente, Clarín pateaba para ambos lados. Ambivalente como de costumbre, el diario informaba sobre la concentración económica –a su vez, indicaba que el gobierno estaba preocupado pero no decía nada sobre su incapacidad o inacción para resolver la cuestión, si es que tenía la intención de resolverla, como el matutino decía en el copete del informe especial–. Pero no citaba las múltiples denuncias de corrupción ni la falta de transparencia en las adjudicaciones de las empresas del Estado, y dejaba entrever, sobre el final de la nota, que las privatizaciones eran positivas para el país y su economía, ya que se iba a dejar de pagar dinero en subsidios hacia los nuevos dueños del Estado. (…)

YPF es sociedad anónima

La privatización de la explotación petrolera es una de las herramientas aptas para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Clarín, del 15 de septiembre de 1991, editorial. 

 Se ha avanzado en las privatizaciones [...] comenzándose a reducir un Estado hipertrofiado y abriéndose paso a la actividad privada. Clarín, 11 de septiembre de 1991, editorial tras los comicios en que el oficialismo resultó triunfador. 

El 9 de enero, la noticia más saliente por sus consecuencias futuras –aunque no fue tapa de Clarín– fue la creación como sociedad anónima de la empresa estatal YPF gracias a la que, “más adelante, la venta de sus acciones en el país y en el extranjero permitirá que se transforme real y efectivamente en una empresa privada”. La nota glorificaba el decreto presidencial y el estatuto que lo acompañaba (“pensado para el futuro [...] por su extraordinaria flexibilidad”). El informe se asemejaba a una propaganda gubernamental pues no había crítica alguna a la medida ni se reflejaba ninguna voz opositora; todos parecían estar de acuerdo en la transformación de YPF en sociedad anónima como comienzo del proceso de privatización de la empresa. “Con la sujeción de YPF a las normas del derecho privado y el plan de acción que se adjunta como un anexo del decreto, el Gobierno aspira a eliminar todas las normas que impidan a la petrolera competir en forma eficiente con el resto de las siglas del mercado (Shell y Esso, fundamentalmente)”, decía Clarín.[6]

Menem se rodeó de gente que estaba trabajando para las privatizaciones como Pérez Companc y Bulgheroni. De hecho, ya tenían distintas áreas de las empresas pero querían toda la torta, el pedazo más grande. Esto empezó por transformar a YPF en sociedad anónima. En esta venta no había riesgo por parte de los compradores. Era simplemente cambiar de mano para seguir sacando petróleo de los pozos y ganar más y más dinero”. Para Gustavo Calleja, ex secretario de Energía durante el alfonsinismo, opina que “los medios se encargaron de vender un discurso a favor de las privatizaciones. Costaba mucho enfrentar ese discurso. Se hablaba constantemente de la ineficiencia estatal pero no se decía que había sido provocada, en gran parte, por el propio Menem, quien había destrozado las empresas públicas. El cuento falsificado de las pérdidas de YPF... nadie que se precie de saber algo del tema, podría afirmar tal cosa. La plata de YPF –que era mucha– iba al Estado que hacía caminos, rutas, unía pueblos... Desde que se inventó YPF y, más cuando empezamos a contar con toda la renta, con Justo, creamos los impuestos internos al consumo que eran fondos viales; después creamos los fondos energéticos. Con toda esa plata, que salía del petróleo, se desarrolló YPF con cuarenta años de reservas de gas y veinticinco años de reservas de petróleo. Todo lo que es YPF lo es gracias a la gestión estatal. Hasta 1989, ese sistema que era tan criticado fue la estructura de la cual aún estamos viviendo todos”.

Si por un lado las noticias relacionadas con futuras privatizaciones y desregulación de la economía ocupaban varias páginas del interior de los diarios analizados, las denuncias de corrupción empezaban a ganar trascendencia. El caso Swift fue tapa de Clarín del primer día de 1991. Las malas noticias para la opinión pública en general, no disminuyeron con la llegada del nuevo año: aumento del costo de vida de un 4,7% (tapa de Clarín del 4 de enero) y del gas (tapa de Clarín del 11 de enero). Menem exhortaba a votar a sus candidatos en las próximas elecciones parlamentarias. Clarín criticaba al gobierno y a su plan económico ya que, decía el matutino, no existían muchas esperanzas de un crecimiento superlativo en materia económica. El editorial señalaba que “las políticas en curso se encaminan tan sólo a administrar la crisis presente, a actuar sobre la coyuntura y a conformarse con un comportamiento económico que sólo implica permanecer en el estancamiento”. Clarín no creía en un aumento de la recaudación fiscal y pedía la formulación de una política de crecimiento, “para recapitalizar las unidades productivas y adecuarlas a las necesidades de la competencia local e internacional [...] Sin este requisito, el año que se inicia será una copia sin muchas variaciones de los pasados años de frustración y pobreza”.[7]

A mitad de enero, una noticia que ocupaba menos de media carilla, perdida en el interior del matutino, explicaba en qué consistía el futuro control externo de las privatizaciones. Los significados de tal decisión parecían, para Clarín, desviar la atención de las denuncias de corrupción y agilizar el desembolso de 240 millones de dólares de préstamo de parte del FMI y del Banco Mundial. En ningún momento se mencionaba la palabra “soberanía”: es más, se señalaba en la nota que, “así, el papel fiscalizador que debería tener el Congreso de la Nación queda reemplazado por el de organismos internacionales”.[8] Carlos Menem, además, explicaba las razones de la desaparición del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y afirmaba que “todo el proceso de concesiones y privatizaciones va a continuar hasta cambiar totalmente el Estado elefantiásico, ineficaz y corrupto que hemos heredado de varios años de desencuentros”.[9] Con Dromi, separado del poder de su antiguo y ahora desaparecido ministerio, Domingo Cavallo se erigía como el gran triunfador de la contienda interna en el gabinete menemista. Cavallo llegaba al Ministerio de Economía que, a su vez, asumía las funciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. En su lugar, se creaba el Ministerio de Justicia con Raúl Granillo Ocampo en el mando. Las nuevas medidas económicas eran un mayor ajuste, la eliminación de la obligación de liquidar las divisas de las exportaciones, la duplicación del impuesto al cheque y la eliminación de los redescuentos para los bancos de las provincias. (…)

El gas y el petróleo

Hay que salvar la dignidad del Congreso. La Nación, 29 de marzo de 1992 tras el escándalo del “diputrucho”.

La magnitud del déficit real [...] encierra una lección que debería resultar inolvidable para los que creyeron, creen o aún dicen creer que el Estado puede realizar con eficiencia tareas que exceden sus funciones indelegables. La Nación, 20 de marzo de 1992, a propósito del proyecto oficialista de reforma previsional.

El 17 de marzo de 1992 se produjo el atentado a la Embajada de Israel y, desde ese día, durante varias semanas, la noticia fue tapa de los principales matutinos del país. Al día siguiente del terrible ataque sufrido por la comunidad judía, en particular y el país todo en general, el presidente Menem atribuía la autoría del hecho a los carapintadas.[10]

El tema de las futuras privatizaciones y las consecuencias por la venta de las empresas públicas permanecía inalterable en la agenda pública. Las repercusiones por los atrasos en los pagos por parte de Iberia, referente a la compra de Aerolíneas Argentinas, funcionaban de disparador para que La Nación rechazase las opiniones que, con cada vez más fuerza, se alzaban en contra de esa privatización. El matutino de los Mitre no ahorraba críticas contra el ya mencionado “grupo de los 8” (legisladores disidentes del Partido Justicialista) por su “propuesta fuera de lugar con un marcado tinte ideológico [...] empresas públicas cuya ineficiencia y multimillonarias pérdidas no parecen ser suficientes para convencer a estos empecinados defensores de un estatismo que la sociedad ha rechazado concluyentemente en las urnas”.[11] Bernardo Neustadt tiene razón al declarar que “había editoriales de los diarios de la época que [...] proponían regalar a las empresas a cambio de que alguien las viniera a gerenciar”. A La Nación poco parecían importarle los pagos atrasados de Iberia y que los contratos no se respetasen. Al finalizar esa semana, el propio presidente Carlos Menem firmaba una nota de opinión, en el diario La Nación, en la que le contestaba a sus críticos: “Nuestra sociedad, con un Estado descomunal y amorfo, con un comercio desaforado, con asalariados sin ninguna noción del valor del poco dinero que recibían, se había convertido en un caos, que hacía inescrupulosos a todos”.[12] Muchos intereses estaban en juego y, por ello, por lo menos una vez al mes el presidente, su ministro de Economía o alguno de los tecnócratas de la Fundación Mediterránea publicaban sus opiniones políticas, económicas y sociales en los más importantes matutinos, preferentemente en La Nación. Entre esos intereses estaba reformar el sistema previsional que impulsaba el “súperministro”. A La Nación también le preocupaban esos cambios y, partiendo del proyecto oficialista, realizaba una nueva descarga contra el Estado por su “bancarrota e impericia histórica”. Además, dejaba en claro que nunca más las empresas públicas deberían volver a manos del Estado: “La magnitud del déficit real y potencial que evidentemente empuja al actual gobierno a liquidar buena parte de ese sistema y la carga de inequidades con que ese cambio vendrá acompañado encierran una lección que debería resultar inolvidable para los que creyeron, creen o aún dicen creer que el Estado puede realizar con eficiencia tareas que exceden sus funciones indelegables”. Es que, decía La Nación, “el Estado ha fallado como administrador y avalista del sistema previsional y sólo queda apelar a la mayor capacidad de control y ejecución de la economía privada”.[13]

Gustavo Calleja aún recuerda ese triste 26 de marzo de 1992 porque estuvo ahí. “Lo de Gas del Estado fue terrible porque unos días antes de la venta uno de los capos de Petrobrás, en un reportaje, le dice a su interlocutora que la empresa argentina valía 25.000 millones de dólares así como estaba. Y se vendió regalada a 2.000 millones de dólares en efectivo, 1.000 millones del pasivo a cargo y 2.000 millones de dólares en bonos a un valor irrisorio. Además la rompieron antes, la saquearon. Para colmo los argumentos en el Senado todavía los recuerdo que decían cada disparate. Por ejemplo, las leyes del marco regulatorio se las había mandado el Banco Mundial y ellos lo único que hicieron fue traducirlas, ¡no las iban a presentar en inglés! Fue terrible”, recuerda Calleja. Pero la venta de Gas del Estado hubiese pasado desapercibida para la inmensa mayoría de la opinión pública si no se hubiese descubierto a un señor de edad avanzada, sentado en una banca que levantó su mano para votar a favor de la venta de la empresa del Estado. Posteriormente, al conseguir el quórum necesario para obtener la privatización, este señor huía al ser descubierto por la prensa. Un periodista de Clarín se le acercó a este personaje y le preguntó qué estaba haciendo, pero el “diputrucho” dejó el recinto, internándose en el despacho del diputado Alberto Pierri. Nada cambió lo inmodificable y Gas del Estado se vendió al poco tiempo. La cobertura de semejante noticia, aún no deja de sorprender. Al día siguiente, La Nación ubicó la noticia en la parte derecha de su tapa principal, con el sugestivo título “Enfrentamiento peronista-radical”.[14] En la nota informaba que un falso legislador (el término “diputrucho” fue una creación de algún sagaz editor de Clarín) facilitó el quórum necesario para aprobar el marco regulatorio de Gas del Estado. Dos días después, el matutino de los Mitre pedía “salvar la dignidad del Congreso” pues “es menester un esfuerzo convincente de los legisladores y de los partidos para limpiar la vida parlamentaria de prácticas y vicios que dañan el prestigio de uno de los poderes del Estado”.[15] Finalmente, el diario daba su opinión sobre el falso diputado: las culpas, creía, eran del ausentismo de la oposición porque se había negado a dar el quórum necesario y, en cierta forma, había estimulado tales prácticas, aunque no podían ser compartidas por el medio ni por nadie. Luego de que Gas del Estado se privatizase, cuatro mil personas perderían su trabajo.

Clarín realizó de ese hecho una extensa cobertura en la que no ahorró críticas al gobierno. No dudó el titular de escandaloso lo sucedido y calificó de intruso al supuesto allegado del diputado Julio Manuel Samid, hermano del “rey de la carne”. Los cronistas de aquella jornada manifestaron sus dudas acerca de si el quórum, que había logrado conseguir con inmenso esfuerzo el gobierno, había sido lícito y si efectivamente había existido. Mientras tanto Pierri, el titular de la cámara de Diputados, negaba los hechos y explicaba lo sucedido como una “chicana política del radicalismo”.[16] Dos días después, Eduardo van der Kooy escribía que “se pretendió sancionar ilegalmente la privatización del gas y se desnudó la desaprensión que calzan los hombres del oficialismo para alcanzar sus objetivos”. El periodista hablaba de parodia y de una nueva impericia de un gobierno que se alejaba cada vez más de la gente. Sin embargo, en ninguna nota de opinión del diario de Noble jamás se cuestionó la privatización del gas pero sí la forma escandalosa en que se estaba llevando a cabo. La Nación, en cambio, minimizaba lo sucedido y no le otorgaba la importante cobertura de Clarín, que ya tenía una suerte de nueva sección diaria, “Escándalo en el Congreso”.

En la tapa de Clarín del 28 de marzo se informaba sobre la nueva votación propuesta por el Partido Justicialista, luego de la fraudulenta sesión del 26 del mismo mes. El diputado Pierri continuaba negando que él hubiera llevado al intruso a su despacho y reconocía la “grave anomalía”. Al día siguiente el diario se preguntaba por qué los diputados del partido gobernante habían cambiado de opinión y, ahora, apoyaban las versiones periodísticas. El periodista Armando Vidal popularizaba la expresión “diputrucho” y decía que el caso ya había ganado la calle ya que era “un hecho sin precedentes”. Al día siguiente, Vidal hablaba de “voto fantasma” al referirse a Juan Abraham Kenan, quien no era el primer falso diputado pero sí el primero en descubrirse, escribía el periodista. Vidal finalizaba la nota cuestionando la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, de prohibir el acceso al recinto a los periodistas, pues, si tal medida hubiese existido el 26 de marzo, el “diputrucho” hubiese quedado impune.

Por varias semanas, el tema siguió presente en ambos diarios pero de distintas formas. Si Clarín cuestionó desde el primer momento la manera en que se había aprobado la ley que permitía la privatización de Gas del Estado y había investigado lo sucedido en la Cámara alta en esa acalorada sesión del 26 de marzo, La Nación puso en duda lo que en Clarín eran certezas y evitó denunciar lo ocurrido esperando la decisión de la Justicia. En abril, La Nación reprodujo casi la totalidad de las declaraciones de los diputados oficialistas, sin dar lugar a los cuestionamientos de los partidos opositores. Las figuras periodísticas del diario de los Mitre evitaron editorializar sobre el “diputrucho”. En esos días, Mariano Grondona, por enésima vez, defendía el ajuste económico de Menem explicándolo como un mal necesario:

Llamamos “ajuste” al paso doloroso e incierto del estatismo al capitalismo [...] El problema del ajuste es que encuentra, en principio, reticencia o resistencia popular. Supongamos que se le dice a un enfermo crónico que, después de una operación dolorosa, va a mejorar. Sin embargo él, como los pueblos en ajuste, desearía obtener la salud prometida sin pasar por la cirugía perturbadora. Esto es, simplemente, humano.

El 27 de septiembre de 1992 aparecía publicada en ambos matutinos una solicitada de carilla entera titulada “Hola, futuro” en la que el gobierno festejaba haber convertido en ley el proyecto de la privatización de YPF, la mayor empresa estatal argentina. El periodista Fernando Laborda observaba las reuniones previas de funcionarios del gobierno con los diputados de extracción sindical que habían ayudado a obtener el quórum necesario para aprobar la ley. Atilio Cadorín se extrañaba de los cambios de opinión de algunos legisladores acerca de la privatización de YPF; a su vez, le pedía al gobierno agilizar los trámites para sacar la ley de flexibilización laboral. Por esos días, Eduardo van der Kooy contaba en Clarín las preocupaciones de distintos sectores por el deseo reeleccionista de Carlos Menem y sus proyectos de reformar la constitución (“Menem parecía seguir estando distante de las prioridades populares”). El debate por la privatización de YPF se encontraba en su momento más álgido. Las provincias productoras de petróleo apoyaban el proyecto oficialista y pedían a los diputados que se sentaran a dar quórum. Uno de los gobernadores que se alzaban como líder del grupo de los lobbistas por la aprobación de la ley, como lo llamaba Clarín, era el de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Luego de sancionada la ley, el matutino de Noble evaluó el hecho como un éxito del gobierno frente a la oposición radical. Eduardo van der Kooy advertía que el gobierno debía encarar esta privatización con transparencia ya que no había “margen para que se reiteren, las experiencias que convirtieron a ENTEL y a Aerolíneas Argentinas en dos piezas del escándalo”. Al día siguiente, Clarín se preguntaba quién compraría YPF y se preocupaba de que las empresas más importantes del mundo no tuvieran planeado transformarse en accionista de la misma. A la semana de aprobarse la venta de YPF, comenzaron a surgir versiones de posibles pagos de coimas a distintos legisladores para que aprobasen el proyecto oficialista. Nuevamente Clarín investigó la denuncia y La Nación miró para otro lado. Así, el 30 de septiembre, día en que se difundió tal rumor, Clarín le otorgó tres páginas al tema y La Nación lo pasó por alto.

Luis Gasulla
Autor del libro “Relaciones Incestuosas. Los grandes medios y las privatizaciones” (Biblos, 2010)