​El cierre de la semana en la que el Gobierno ordenó la expropiación de YPF deja una primera conclusión: la presidenta Cristina Kirchner capitaliza políticamente esta medida de alto impacto y le permite al oficialismo un respiro luego de varios meses de estar a la defensiva, especialmente por la investigación contra el vicepresidente Amado Boudou.

En un segundo orden, la avanzada oficial sobre YPF obliga a la oposición a sentar postura e inevitablemente a fragmentar su posicionamiento frente al Gobierno, que a su vez logra una corriente de simpatía de la medida con sectores que van del centro a la izquierda del arco político argentino.

El tercer efecto es obvio pero no hay que dejar de mencionarlo: una decisión de corte nacionalista como la estatización de YPF —una empresa simbólica para el país— genera apoyo interno pero también recriminaciones externas. La semana que termina también deja en claro que España logró un fuerte apoyo internacional frente a la medida del Gobierno argentino.

Pero vamos paso a paso: la única encuesta conocida hasta el momento que midió el impacto social de la expropiación de YPF fue encargada por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, lógicamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, donde una mayoritaria porción de la población viene dando muestras de que no es kirchnerista.

Sin embargo, el resultado del sondeo —realizado de manera telefónica por la consultora Isonomía— obligó a Macri a suavizar las duras críticas que había hecho a la expropiación de YPF cuando se conoció la medida. ¿Por qué? Simple: El 46 por ciento de los consultados manifestó estar de acuerdo con la determinación del Gobierno nacional.

Otro 34,4 por ciento dijo estar en contra, mientras que el 19,7 por ciento restante no tiene opinión formada al respecto. El mismo trabajo muestra que el 34,8 por ciento de los encuestados cree que el Gobierno manejará YPF "mejor" que la gestión privada y el 35,6 cree que la manejará "peor", mientras el 20,9 por ciento cree que no habrá diferencia.

Además, los resultados de la encuesta señalan que el 42,7 por ciento de los encuestados considera que la expropiación afectará "de manera positiva" la economía del país, mientras que el 37,2 cree que el impacto será negativo. Con estos números a la vista, Macri salió a aclarar que mantendría YPF en el Estado si llegara a la Presidencia en 2015.

Una postura menos pragmática adoptó la Unión Cívica Radical en el Congreso. Allí, los diputados y senadores se encerraron a debatir crudamente la postura que adoptarían a la hora de la votación parlamentaria y decidieron acompañarla en general, aunque con disidencias en particular. El senador Ernesto Sanz lo explicó así: "Nosotros queremos ser alternativa de Gobierno. Y si volvemos a ser gobierno, nos gustaría recibir a YPF dentro del Estado". 

También manifestó su apoyo a la expropiación de YPF el diputado Fernando "Pino" Solanas, de Proyecto Sur, un vocero incansable contra la privatización de los recursos petroleros, mineros y del transporte ferroviario. Los peronistas opositores, en tanto, simpatizan con la medida pero muchos de ellos votarán en contra, arrastrados por la bronca que les provoca el liderazgo kirchnerista dentro del Justicialismo.

Así las cosas, está claro que a nivel interno el Gobierno logró el efecto esperado con la expropiación de YPF. Aunque en el frente externo las cosas se pusieron mucho peor: allí España se movió con rapidez ante una llamativa ausencia de la diplomacia argentina y consiguió el respaldo de actores centrales del mundo desarrollado, como los Estados Unidos y la Unión Europea.

El próximo viaje del ministro de Planificación, Julio De Vido, a explicar la medida a los brasileños de Petrobras es hasta el momento el único atisbo de reacción por parte del Gobierno argentino en este aspecto. También sería importante que la Casa Rosada consiguiera el apoyo de China, incluso para que capitales del gigante asiático se decidan a invertir en el mercado petrolero nacional.

Mariano Spezzapria
NA