La decisión del Gobierno nacional de expropiar el 51 por ciento de las acciones de la empresa española Repsol en la petrolera YPF puede considerarse como una de las medidas más resonantes del Gobierno en los últimos años, dado que tendrá importantes consecuencias tanto a nivel político como económico.

En el plano político, la expropiación de YPF no solamente enfriará la relación bilateral con España, hasta ahora uno de los principales socios de la Argentina entre los países desarrollados, sino que también podría trastocar el escenario interno porque se trata de una medida largamente reclamada por sectores de la centroizquierda.

En efecto, el envío del proyecto al Congreso y la necesidad de su aprobación por los dos tercios de ambas cámaras refleja la intención política de la Presidenta de forzar definiciones entre las fuerzas de la oposición, que seguramente se dividirán ante el impacto de una iniciativa de esta envergadura. Las diferentes reacciones de Mauricio Macri y Hermes Binner comprueban esta afirmación.

Es que el caso de YPF —su privatización, previo desguace, y los posteriores experimentos que incluyen también al kirchnerismo— atraviesa la historia de los partidos políticos y toca una fibra nacionalista, invocada por Cristina Kirchner al citar a Juan Manuel de Rosas durante el acto en la Casa Rosada.

El Gobierno también procura, en el terreno político, marcar a fuego la agenda de los próximos meses, en procura de descomprimir los cuestionamientos que afrontan algunas de sus figuras más empinadas, como el vicepresidente Amado Boudou.

A nivel económico, la medida refleja en algún punto un reconocimiento del Gobierno de que el "modelo" tiene serias dificultades de permanencia y desarrollo con la actual matriz energética, altamente deficitaria, que en los últimos años aspiró miles de millones de dólares de las arcas estatales.

Datos duros: el Estado importó en 2010 combustibles por unos 4.300 millones de dólares, pero tuvo que elevar la cifra a 9.300 millones en 2011 y se estima que este año pueden superar los 12.000 millones de dólares. Es demasiado dinero para un modelo que entró en una etapa de "sintonía fina". También hay que marcar, en este escenario, que la "tarifa política" aplicada al campo energético no contribuyó al desarrollo de la exploración petrolera, simplemente porque la ecuación monetaria no alentaba la inversión privada.

Por cierto que la decisión de la Presidenta también puede interpretarse como una confirmación del avance de los sectores más duros del Gobierno, representados por funcionarios como el viceministro de Economía Axel Kicillof, que trabajan sobre la idea fuerza de la "profundización del cambio".

Los resultados, con todo, sólo podrán medirse con el paso del tiempo: ninguna medida adoptada en un marco de legalidad debería ser descalificada en función de posiciones tomadas previamente, ni aplaudida de manera seguidista por cuestiones de conveniencia política.

Mariano Spezzapria
NA