"Vamos a estar atentos a ver si empeora", señaló en las últimas horas de la semana pasada un hombre clave del kirchnerismo en relación a un incipiente cambio de humor social, a partir de las medidas oficiales impopulares de las últimas semanas.

Básicamente se trata de la reforma impositiva bonaerense y de la ampliación de las restricciones al dólar que afectan, principalmente, al sector agropecuario y a la clase media alta, dentro del denominado esquema de "sintonía fina".

Se sabe que esos dos sectores no figuran en el cuadro de alianzas base del Gobierno, pero pueden contagiar a otras capas sociales como ocurrió en 2008 y en el 2009 electoral si los alcances de las políticas empiezan a generalizar su impacto.

La reforma aprobada por la Legislatura bonaerense es definida oficialmente como "progresiva", pero contempla aumentos no sólo del gravamen que alcanza a las explotaciones rurales sino también a otros tributos bonaerenses, como Ingresos Brutos y Sellos.

La primera frase de esta columna que mostró la preocupación kirchnerista surgió horas antes del inicio de la protesta del campo bonaerense y en medio de los dos "cacerolazos" en las zonas centro y norte porteñas de jueves y viernes.

No parecen tener gran impacto en su embrión, pero lo cierto es que son reflejo de las dificultades económicas acumuladas por la Nación, que golpean a varias provincias, sobre todo aquellas que dependen de su asistencia financiera como la de Buenos Aires.

En varias de esas provincias afectadas se encuentra buena parte del electorado kirchnerista que sufre cada vez más las consecuencias de los sostenidos niveles de inflación. Tanto Cristina Kirchner como Daniel Scioli parecen haber tomado nota de este proceso, sobre todo la Presidenta a partir de encuestas que dejaron de sonreírle y que poco modificaron la decisión de tomar el control de YPF por ley.

Después de haber jugado con fuego con algunas frases sensibles como las que dijo el senador Aníbal Fernández sobre el dólar, el Gobierno buscó bajarle los decibeles a la cuestión y negó la existencia de un proyecto para pesificar la economía por ley.

Pero la alarma parece accionada. En el último mes bajaron 1.120 millones las colocaciones en dólares en los bancos y desde octubre de 2011 pasaron de 15.963 U$S millones hasta el nivel actual de 11.968 U$S millones.

Además, la Cámara Inmobiliaria de la República Argentina registró un descenso del 11 por ciento de escrituraciones en el primer cuatrimestre en la Capital Federal, respecto al mismo período del año pasado y una reducción de un 38 por ciento de pedidos de permisos para construcciones.

Alivio fiscal

El Gobernador cargó con el costo político que implicó el denominado "impuestazo", que por el cobro de bienes personales y renta mínima presunta también beneficiará a la Nación. Ahora espera que se reactive el envío de fondos federales para el pago de salarios del sector público, que pasaron de comprender entre 800 y 1000 millones de pesos mensuales en 2011 a sólo 450 millones en un semestre de 2012.

"Sabemos que a todas las provincias les pasa lo mismo, así que no lo tomamos como un castigo, pero esperamos que ahora esa asistencia financiera se restituya", señaló un hombre importante de la estructura provincial a Noticias Argentinas.

El nuevo escenario podría activar una tregua política entre ambas administraciones, pero el kirchnerismo continuará su ofensiva en otras áreas sensibles del gobierno provincial como la política de seguridad que encabeza Ricardo Casal.

Este mismo lunes se prevé la realización de una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados por el caso Lautaro Bugatto, el joven futbolista muerto por balas policiales. El kirchnerismo, a su vez, ya se resigna a la posibilidad de sufrir un revés con la designación del síndico Daniel Reposo como Procurador General de la Nación en el Senado.

Los sondeos encarados por el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, no arrojaron hasta ahora los resultados esperados y Cristina Kirchner está al tanto de que faltan votos para su convalidación por la Cámara alta.

Para contrarrestar la agenda negativa, la jefa de Estado tiene previsto encabezar un nuevo acto por YPF la semana próxima —en coincidencia con la conformación del nuevo directorio— a la espera de que empiecen a concretarse anuncios postergados sobre la exploración de yacimientos junto a nuevos socios.

También pondrá unas fichas al ruido que podría generar el debate por la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal que comienza la semana próxima en el Congreso. El Gobierno sabe que esas peleas son tan convocantes como inocuas y no ahorrará actores para defender la iniciativa: el miércoles expondrán en Diputados la ministra de Seguridad, Nilda Garré; el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni y el titular del Sedronar, Rafael Bielsa.

Gabriel Profiti
Agencia NA