La jueza federal María Servini de Cubría ordenó una serie de medidas de prueba en la causa en la que el vicepresidente Amado Boudou fue denunciado por presuntas irregularidades en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS.

En la investigación impulsada semanas atrás por el fiscal Luis Comparatore se intenta determinar un supuesto faltante de 4.200 millones de pesos de ese fondo y la compra con dinero de la ANSeS de acciones de empresas supuestamente vinculadas a funcionarios del Ministerio de Economía.

Fuentes judiciales informaron a Noticias Argentinas que la jueza Servini de Cubría pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) la conformación societaria de la empresa Mirgor, para conocer cuál era su integración al momento de ocurrir los hechos.

En forma simultánea, la jueza pidió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) -mediante oficio- que informe detalladamente sobre la cotización —si es que la había— en bolsa de esa firma cuando la ANSeS compró parte de sus acciones. Esas son algunas de las medidas que había pedido Comparatore al impulsar la causa, iniciada el año pasado tras una presentación realizada por el diputado Claudio Lozano.

Al impulsar la causa, Comparatore dio cuenta que se investiga "la eventual relación que podrían ostentar encumbrados funcionarios de ese organismo con las sociedades cuyo paquete se adquiera, y permitiendo manipulación de las ganancias a obtenerse gracias a la utilización ilegítima de información privilegiada".

En la causa se investiga un faltante de dinero del Fondo de Garantía Sustentable (FGS) del Sistema Previsional, y la compra con recursos de la ANSeS de acciones de empresas, entre ellas Mirgor, que se sospechan están vinculadas a los funcionarios.

Cuando se compraron la mitad de las acciones de Mirgor en 2008, a los pocos días treparon de unos 76 a 84 pesos cada una, y luego llegaron a valer 90 pesos, con lo cual tuvieron un incremento inesperado del 15 por ciento. "En concreto, las maniobras se habrían realizado a través de la empresa Mirgor S.A, en las que las AFJP, cuyos fondos fueron transferidos, no tenían posición y de la cual el fondo llegó a adquirir el 21,54% de su capital", había sostenido en su dictamen el fiscal al requerir la apertura de una causa.

En esta causa también están siendo investigados el actual ministro de Economía, Hernán Lorenzino; el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa; el ex gerente del Banco Central Benigno Vélez y el titular de la Comisión Nacional de Valores Hernán Fardi.

Al comienzo, Servini de Cubría había considerado que esta causa debía ser tramitada conjuntamente con la que lleva adelante su par Ariel Lijo, por supuesto enriquecimiento ilícito del Vicepresidente de la Nación, y por su supuesta injerencia en la venta del a imprenta Ciccone Calcográfica. No obstante, Lijo no aceptó ser competente de esta causa, por lo que la misma se tramita en forma separada.

Agencia NA