En las últimas horas, hubo novedades en la investigación por el intento de ingreso de 800 mil dólares en una valija por parte del empresario Guido Antonini Wilson en agosto de 2007.
Es que el fiscal general Ramiro Rodríguez Bosch apeló la resolución por la cual la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico declaró prescripta esa causa judicial. A raíz de esta última medida terminó sobreseído Claudio Uberti, ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI).
Ahora, según revela agencia Noticias Argentinas el fiscal interpuso un recurso para que sea la Cámara Nacional de Casación Penal la que se encargue de revisar la prescripción por el paso del tiempo. Uberti estaba imputado en el caso por contrabando en primera instancia, pero su abogado Diego Pirota invocó antecedentes donde la misma Sala de la Cámara había configurado hechos similares bajo la figura de lavado de dinero.
En consecuencia, el letrado recordó que el año pasado hubo una reforma legislativa sancionada por el Congreso Nacional de la nueva Ley de lavado, en la cual se derogó la figura penal que se le imputa a Uberti. En ese sentido, recordó que el Congreso a raíz de esa reforma eliminó la cláusula que agrava la pena para ese delito cuando es cometido por funcionario público, y que se habían vencido los tres años de plazo para llevarlo a juicio.
El ex funcionario Uberti viajó en el avión de Enarsa que aterrizó en Aeroparque en agosto de 2007 junto con Antonini Wilson y otras personas. Uberti al ser indagado por el entonces juez de la causa Daniel Petrone, reconoció que en una cena en Caracas, Venezuela, aceptó un pedido para llevar en el avión que trasladó al país a la comitiva a Antonini Wilson, pero dijo que no sabía de quién se trataba ni que llevaba consigo la valija, en cuyo interior fueron descubiertos los 800 mil dólares al pasar por los controles de la PSA.
A pocos días del incidente, Antonini Wilson viajó a Uruguay y luego se alojó en los Estados Unidos. En reiteradas veces la Justicia argentina pidió sin éxito la extradición del venezolano, y la misma situación se dio con las solicitudes hechas a Venezuela por el ex vicepresidente de la petrolera PDVSA Diego Uzcátegui Matheu y su hijo, ambos investigados por el caso a raíz de su supuesta intervención.
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal intervino años atrás en la causa y a raíz del planteo de uno de los imputados, por lo que se presume que ese mismo Tribunal —hoy con otra integración— sea el que defina la prescripción o no del caso.
Equipo de Actualidad de Tribuna de Periodistas
"el Congreso a raíz de esa reforma eliminó la cláusula que agrava la pena para ese delito cuando es cometido por funcionario público". Los legisladores oficialistas siempre cubriéndose las espaldas. Vergonzoso.