Dos imágenes cargadas de un fuerte contenido simbólico dominaron la semana política: la primera de ellas mostró a Fernando de la Rúa sentado en el banquillo de los acusados; la segunda retrató a Amado Boudou presidiendo la sesión del Senado en la que se aprobó la expropiación de la ex Ciccone.

Por cierto que ambas imágenes tienen distinta significación —porque remiten a diferentes procesos políticos— pero si se mirara bien podría distinguirse en el fondo del cuadro, detrás del primer plano en el que se encuentran los protagonistas, un hilo conductor bien conocido por los argentinos.

De la Rúa está siendo juzgado por su presunta participación en el pago de sobornos a senadores para que aprobaran la Ley de Reforma Laboral —en los hechos, una norma de ajuste— en el año 2000. Se sabe que aquel escándalo fue el principio del fin para su presidencia, que dejó al país inmerso en el caos.

Boudou, por su parte, es investigado por la Justicia que sospecha que cuando fue ministro de Economía pudo haber favorecido a empresarios —conocidos suyos o bien "amigos del poder"— para que tomaran el control de la ex Ciccone, que imprime billetes como complemento del trabajo de la Casa de la Moneda. Las acusaciones que pesan contra De la Rúa y Boudou no deben desparramarse a toda la dirigencia política, que suele tener anticuerpos para enfrentar este tipo de situaciones, pero debe advertirse que abren una brecha entre la sociedad y sus gobernantes que perjudica al sistema en su conjunto.

Entre la bronca y el desánimo

Por eso el oficialismo quiere terminar cuanto antes el debate legislativo sobre la expropiación de la ex Ciccone: el próximo martes el proyecto tendrá dictamen favorable de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y el miércoles será votado en el recinto, que lo convertirá en ley. Aunque, más allá de las expresiones del ultrakirchnerismo, no debería aguardarse del oficialismo una defensa política hacia la figura de Boudou. Las bancadas opositoras, por su parte, admiten su impotencia para frenar el proyecto, pero al menos buscarán indagar sobre los desconocidos dueños de la imprenta.

Se trata, de todos modos, de una discusión intramuros de la política. Hacia afuera, en tanto, hace rato que la gente viene acumulando bronca. En la provincia de Buenos Aires, por la crisis de los aguinaldos. En la Capital, por el conflicto de los Subtes que alteró los ánimos hasta de los más pacientes.

Por ende, los encuestadores salieron a medir la sensación térmica de la calle y los resultados no vienen siendo positivos para tres de las figuras más importantes de la política argentina, Cristina Kirchner, Daniel Scioli y Mauricio Macri, de acuerdo a lo que reflejó un sondeo reciente de Hugo Haime. Es que el 49 por ciento de los consultados dijo tener "bronca" ante la irresolución y reiteración de los conflictos políticos. Otro 27 por ciento reveló sentirse "desanimado", mientras que entre los "contentos" se enroló sólo el 18 por ciento de los encuestados y los "esperanzados" contaron un escaso 6%.

La balanza económica

Claro que el estado de ánimo colectivo no puede atribuirse solamente a las peleas políticas, ni a los casos que dejan flotando una sensación de impunidad, sino —sobre todo, advierten los especialistas— a la marcha de la economía. Es allí donde se termina de inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Esta semana el INDEC acabó por reconocer que la economía dejó de crecer desde junio pasado, especialmente por las caídas de la industria automotriz y de la construcción. La primera se ve afectada por la merma en la demanda de Brasil y las trabas a las importaciones. La segunda, por el cepo al dólar.

La crisis internacional también hace lo suyo. La multinacional Google anunció pocos días atrás un drástico recorte de empleos en Motorola, una empresa que controla, en un ajuste que afectaría a una planta instalada en Córdoba. Las Provincias comienzan a notar cada vez más directamente los efectos de esta situación. Por eso necesitan más recursos. El "leading case" del momento también se asienta en Córdoba. El próximo 10 de septiembre el gobernador José Manuel de la Sota se verá cara a cara con el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, en una audiencia a puertas cerradas convocada por la Corte Suprema de Justicia.

Allí volverá a reclamar a la Nación fondos que, según considera, la Casa Rosada le adeuda a la Provincia. "La plata está, pero me parece que no se la quieren dar", deslizó un diputado oficialista a este columnista. Los pasos que va dando De la Sota son seguidos con atención por el santafesino Antonio Bonfatti, el porteño Mauricio Macri y el bonaerense Daniel Scioli. También por el correntino Ricardo Colombi.

Mientras tanto, el kirchnerismo da nuevas señales de que buscará forzar la marcha para llevar a la Presidenta a un tercer mandato desde 2015. Para ello, las elecciones legislativas del año que viene serán determinantes. Por eso algunos entrevieron la gestación, en la reunión de la Federación Agraria días atrás en Rosario, de un frente anti-reelección que podría aglutinar no sólo a las fuerzas opositoras sino también a gobernadores y sindicalistas que en algún momento estuvieron del lado del oficialismo.

Mariano Spezzapria
NA