Con bastante ruido —aunque, desde ya, mucho menos que el que atronaba a propios y extraños en la interna oficialista hasta hace unos días— y pocas nueces transcurren estos tiempos de la vida institucional y política de la Provincia. El Gobernador concretó en estos días los movimientos de gabinete anunciados, que implican centralmente cambios de roles de parte del equipo.

Ahora senadora, la ex funcionaria de la cartera económica Nora De Lucía asumió en Educación; el más político y tal vez más peronista del gabinete, Eduardo Camaño, pasó a la Secretaría General; y Luciano Di Gresia dejó ese área para asumir en un cargo nuevo que desde el nombre deja en claro la que viene siendo su función desde hace un tiempo: una Secretaría de Personal del Estado provincial.

Rara cartera nueva

La creación de esa Secretaría evidencia también por dónde pasa para la Administración sciolista buena parte de la preocupación por la crisis derivada de un déficit en verdad insalvable si no se modifica, además del gasto, el sistema de ingresos. Reforma ésta, a su vez, que no alcanzará para nada si se limita a aumentar impuestos provinciales y no incluye una modificación en serio, estructural y permanente, del esquema de ingresos que llegan a la Provincia por reparto de fondos nacionales.

Tras el recambio en Educación, en tanto, la Gobernación reconfirmó que habrá medidas con relación a los niveles de ausentismo y suplencias consecuentes de los docentes. Sin precisiones reales sobre qué cree o sabe que ocurre en ese "rubro", qué acciones concretas adoptará y cuáles son los objetivos de fondo, desde los gremios docentes reaccionan oponiéndose sistemáticamente a medidas que ni siquiera se sabe cómo serán y amenazando con abrir ya un "estado de conflicto".

Sería bueno, en nombre de la tan mentada calidad educativa, que el Gobierno aplique efectivamente controles eficientes y termine con los excesos y las irregularidades que se cometen en materia de carpetas médicas y suplencias, y no una política de "ajuste", como la que ronda la imaginación de algunos "técnicos" del Gobierno, tentados sin duda practicarla en un área que insume en sueldos casi todos 32.800 millones de pesos anuales. Y sería bueno que los gremialistas pongan la misma intransigencia que usan para rechazar un ajuste para no entorpecer al menos el control y la normalización de un sistema que, como el de las licencias y suplencias docentes, aparece sumergido en un caos de anomalías y pésima administración.

Mientras tanto, no se conocieron estos días proyectos oficiales referidos a la estructura de ingresos de la Provincia, como no sean los ya anunciados para aumentar el Inmobiliario de countries, el nuevo gravamen a los pooles de siembra y un aumento a los bingos en Ingresos Brutos (medidas que tampoco terminaron de ser definidas). Las únicas novedades en ese plano las aportó la oposición con representación en la Legislatura bonaerense, que ha mostrado capacidad para coincidir en planteos y acciones tendientes a generar cambios en el esquema de reparto de los ingresos nacionales.

Está claro que, en minoría, la oposición no puede generar, por sí, modificaciones en esa situación. Pero aparecen como una movida interesante los proyectos de sumarse a acciones concretas que llevarán adelante otras provincias. Que en el marco de esos planteos —ante la Corte Suprema, por caso, por el reparto de algunos fondos en particular— haya una presencia institucional bonaerense, podrá servir para que, al menos, se sepa que nuestra provincia está afectada por la misma problemática (y aún en mayor proporción).

Cambios en el freezer

En materia de cambios de gabinete, por otra parte, en la Gobernación no fue necesario que Gabriel Mariotto se los dijera con todas las letras para terminar de aceptar que la "idea" de ubicar a Ricardo Casal en la Fiscalía de Estado y "oxigenar" el área de Justicia y Seguridad era políticamente tan impracticable que pareció lanzada por "el enemigo" y no por "estrategas" del riñón de Scioli como lo fue.

El máximo acuerdo alcanzado con el Vicegobernador —clave porque, como se sabe, el fiscal de Estado es designado por el Senado a propuesta del gobernador— en esta cuestión pasa por un incumplimiento constitucional: el ultrakirchnerismo no apurará a Scioli a presentar su candidato, aunque la "ley de leyes" provincial diga que debe hacerlo obligatoriamente en 15 días de producida la vacante; un plazo que venció hace rato.

Marisa Álvarez
NA