Aníbal Ibarra jefe de Gobierno de la República de Cromagnon, perdón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sometió a dar explicaciones públicamente después de 28 días de la tragedia, a todas luces una masacre, en la que 191 personas -jóvenes en su inmensa mayoría- perdieron la vida en un hecho que podría y debería haberse evitado.

         Después de una hora y media de enumerar muchos de los actos que el Gobierno está obligado a realizar se refirió al tema central de la rendición de cuentas: los motivos de la inoperancia, corrupción y complicidad en el triste hecho del local del barrio de Once. 

         Como político, obviamente, trato de distraer la atención del tema principal y fue por eso que se refirió temas como los que tapan las chapas patentes de los automóviles para evitar multas, los jueces que anulan las clausuras de locales, los medios que no difunden aquellas cuestiones que un Gobierno está obligado a realizar y para más, también, a nuestra escasa memoria ciudadana. 

         En la interpelación pretendió establecer que las muertes fueron producto de no haber estado en “la agenda política” el tema de la seguridad ciudadana en los eventos masivos. Sin embargo, es él quien tiene el deber de disponer las medidas para el cumplimiento de las normas de seguridad y orden público conforme al texto constitucional. 

         Durante la sesión extraordinaria del parlamento porteño estuvieron presenten cuatro decenas de familiares de las víctimas de Cromagnon, los que demostraron un comportamiento mesurado, digno y respetuoso más allá de los motivos que les hubiera permitirlo no hacerlo así. No estaban las 191 chicas y chicos debido a que algunos empresarios y funcionarios decidieron con su accionar que debían terminar con su floreciente vida. Sencilla e impúdicamente debieron terminar sus días sin más justificación que la indolencia del Estado que no los quiso ni supo proteger. 

         Para el mandamás porteño todo debe quedar en no asumir más responsabilidades que las que le competen. Sabemos todos que le corresponden muchas culpas desde su incapacidad de brindar seguridad desde un Estado súper-poblado de funcionarios inescrupulosos y coimeros, con un abultado superávit y un presupuesto extraordinariamente holgado. 

         Es una intolerable mentira manifestar que la ineficacia de los circuitos administrativos del sistema estatal del Gobierno de la Ciudad sea el motivo de la falta de oportunos y eficientes controles en las habilitaciones de los locales. Únicamente la falta de idoneidad, compromiso y trabajo de los responsables de ordenar los controles, los controladores y la coimera práctica política son los culpables. No hay crédito internacional bancario que pueda reemplazar la responsabilidad que tienen reservada quienes decidieron subirse a la rentada vida política pública de por vida. 

         No haberse referido especialmente al empresario Omar Chabán fue una muestra más de la connivencia que existió y que seguramente aún existe. La cofradía estatal-privada es la única responsable de lo sucedido, como así del potencial peligro que se verifican en tantísimos otros sitios donde la población busca encontrar momentos de disfrute y distracción en la vida. La que ya de por sí está convertida en un sinfín de problemas que los políticos no saben resolver, ni los quieren resolver tampoco. 

         Seguramente que los legisladores también tienen una cuota de responsabilidad muy grande e importante. Desde el momento que ellos se ocupan solamente de cómo hacer sacar a los vendedores de las calles producto de haber sido desplazados por la falta de trabajo y la pobreza. Cuando de esas mismas calles se empecinan en correr a las hijas e hijos de la oferta sexual también arrojados por un modelo económico-social-político perverso. El único “código” que necesita el ciudadano es el del respeto a la vida y a la seguridad de los niños, jóvenes y ancianos dentro de proyectos de educación y salud necesarios para lograr un país mejor. 

         Miente el titular del ejecutivo de la autónoma Ciudad al sostener que existe legislación vieja, obsoleta y arcaica de hace 85 o 36 años, para intentar deslindar responsabilidades. Un Estado es tal, sólo al propender la seguridad integral de la ciudadanía, porque ante las criminales muertes no existe ley oponible ni omisión en la acción que las justifique. 

         El único espejo que no deben mirarse los funcionarios, legisladores y jueces es el que refleja sus caras, convertidas siempre en caretas. Sino deben hacerlo en ese espejo que refleja la existencia de decenas de millones de ciudadanos abandonados por la retirada de un Estado que debería ser guía y protector de todos. De no ser así, que se elimine entonces del texto constitucional que la seguridad pública sea un deber propio e irrenunciable del Estado y que debe ser ofrecido con equidad a todos los habitantes. 

         Después de la intervención pública del jefe de Gobierno porteño, actuando como un fiscal, todos los ciudadanos sabemos un poco más que para el Estado los ciudadanos no les importamos, que no les interesamos. Que necesariamente nos quieren seguir abandonando y dejarnos al libre albedrío de nuestras decisiones privadas, y sin considerar cuando ellas comprometen al interés común. Por eso ellos hicieron muy bien los deberes ordenados de desmantelar y diezmar todo lo público. 

         La cuestión sigue estando centrada en establecer cuales son los intereses supremos que hacen posible que el Estado no haga lo que debe hacer, lo que está mandado a hacer. Esos intereses tienen su origen en las prácticas empresariales del negocio fácil y la avaricia capitalista que relegan al ser humano a la condición de cliente. Sí, de cliente, un objeto sin sujeto. Del que paga y consume permitiendo que detrás de ese mecanismo se encuentren algunas lacras que no solamente matan, sino que tienen bajo peligro de vida a un pueblo con sus actividades empresariales jamás controladas y cuna de los excelentes negocios y negociados -como en el caso del boliche donde daba su recital la banda de rock Callejeros-. 

         Debemos exigir que en los eventos artísticos multitudinarios la seguridad no quede en manos de las empresas privadas, que son contratadas por los empresarios o por los propios artistas, que lo mismo da para el caso. La prevención, la seguridad y el cuidado son funciones indelegables del Estado, porque éste posee vastos medios a su alcance como la policía, los bomberos, los socorristas y los organismos encargados de actuar ante cualquier evento que ponga en peligro al ser humano como Defensa Civil, Cruz Roja, SAME, etc. 

         Absurdo ha sido que las Abuelas de la Plaza de Mayo y algunas Organizaciones No Gubernamentales hayan opinado en contra de la interpelación legislativa, en un intento de establecer la peligrosidad de un golpe institucional de la derecha política. Todo un pueblo reclama que se rindan cuentas en forma pública, porque las acciones y las omisiones a sus deberes son cuestiones públicas. Esas cuestiones de todos, mal que le pese a los políticos en épocas no electorales cuando no se acuerdan que existe el ciudadano-votante. 

         Pensar en ventajas políticas en estos momentos refleja la paranoia de muchos y es más triste cuando parten desde los que defienden los Derechos Humanos. De lo que se trata es de chicas y chicos que hoy no están, de esos que mataron, de esos que abandonaron. 

         ¿Cómo podemos aceptar que con todos los elementos, datos, informes, allanamientos, expedientes, investigaciones y declaraciones que posee el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 1, a cargo de la Dra. María Angélica Crotto, aún se mantenga el secreto de sumario y a los treinta días tenga imputado únicamente al empresario de los negocios de la noche? 

         ¿Qué perversidad hace que el jefe de la Ciudad, que está en el centro de las responsabilidades, no haya pedido licencia por el término que duren las investigaciones y hasta que se expida la justicia sobre quienes son los culpables de la masacre? 

         ¿Cuántos años más necesita el Gobernador porteño -mientras sigue cobrando sueldos y gastos de representación- para hacer posible y verificable que los ciudadanos estemos cuidados y protegidos? 

         El historial profesional y político del jefe máximo de la Ciudad es abundante y hace que sea uno de los pocos que han transitado por todos los poderes del Estado. Para comprobarlo veamos cuales fueron los cargos desempeñados: 

    -1981/1984 Secretario del Juzgado en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal; 

    -1982/1998 Docente de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Buenos Aires; 

    -1984/1986 Secretario de Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal;

    -1986/1990 Fiscal del Juzgado Nacional de Primera Instancia en la Criminal y Correccional de la Capital Federal;

    -1990/1994 Docente de Derecho Constitucional en el Colegio Nacional Buenos Aires;

    -1991/1995 Concejal en la Legislatura de la Capital Federal y Convencional Nacional Constituyente;

    -1997/1999 Legislador y Vicepresidente de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y Convencional Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires;

    -1999/2005 Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

         No sabemos cuántas muertes más serán necesarias para que el funcionariato político tome conciencia que la única función que hemos delegado en ellos es la buena, correcta y honorable administración de la cosa pública. Esa de todos y para todos. Esa que debe protegernos a todos. Esa que la han convertido exclusivamente en la generadora de fondos para el quehacer político, los negocios políticos y la corrupción y clientelaje político. 

         No es, con toda seguridad, desde la transversalidad que algunos pretenden inventar que todos podamos estar más seguros y que nuestras juventudes vivan en un país mejor, más justo, más libre, más solidario y más fraternal. 

         Porque hace un mes fue Cromagnon pero sin embargo nadie ha pagado por las muertes provocadas a los mineros del carbón santacruceños el 15 de junio del año pasado en Río Turbio. Otro caso emblemático del contubernio entre el empresariado corrupto con el político gobernante corrupto. De ahí el interés del presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, de auxiliar y ayudar a Aníbal Ibarra. 

         De ahí también la injerencia del bonaerense Eduardo Alberto Duhalde en colocar a un hombre de su riñón en la secretaría de Seguridad porteña. Porque ni él, ni Juan José Álvarez han rendido cuentas ante la justicia por la masacre de Puente Pueyrredón del día 26 de junio del 2002. No hay mayores diferencias que señalar entre los nombrados. 

         Sin embargo, ahí tenemos a un Estado de tiene presos a los militantes sociales, desocupados y piqueteros, el que procesa a miles de luchadores para acallar y esconder las mentiras y corrupciones políticas del hegemonismo político. 

         Los que llegan al poder, como es el caso de Gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, solo tienen el horizonte de su accionar puesto en como armar los espacios políticos para los próximos cuatro años a partir de que han sido elegidos. 

         Por eso se hacen reelegir. Por eso abandonan los ideales. Por eso mienten. Por eso pactan y hacen negocios de todo tipo con cuanto atorrante se les presentan en el camino. Por eso declaman por los Derechos Humanos que jamás respetaron. Por eso y por mucho más son detestados por el pueblo que sigue pensando “Que se vayan todos”. 

         Que el presidente Kirchner y su senadora esposa llamaran telefónicamente al interpelado para felicitarlo por su “actuación” en horas de la madrugada de ayer es una cuota más de la indignidad reinante. Mayúsculo e impresionante ejemplo de la mediocridad que ni siquiera respeta a la muerte, como ha sido la especulación de quedarse escondidos los máximos ejecutivos públicos en la noche de la masacre, mientras familiares y amigos estaban inmersos en la desesperación de la muerte, de los heridos por cientos, de los desesperados por miles. 

         Indudablemente que para ellos los truchos actos públicos, del proselitismo político clientelar, los atraen más que el acompañamiento al que sufre y no tiene consuelo. Por eso negaron aquella noche el abrazo solidario y fraternal que solo parte de las buenas personas. 

         La negada participación ciudadana en la democracia representativa es un elemento esencial e indiscutible del desencuentro entre pueblo y gobernantes. Un abismo nos separa de ellos, esa distancia que costará mucho reducirla a menos que hagamos los cambios profundamente revolucionarios del caso. Los gobernantes y legisladores actúan como iluminados y mesiánicos al establecer las agendas y los temas de discusión. Nosotros conformamos la callada, apática y silenciada tribuna que nos han reservado. Que hemos permitido que nos lo reservaran mejor dicho. 

         Es por eso que cuando nos expresamos y luchamos en contra de sus políticas nos cae encima la censura, la persecución, la cárcel, los procesos judiciales, la represión y la muerte. Ahí nomás y siempre en nuestra memoria, las torturas y las desapariciones. 

         Se trata de encontrar la verdad. De la búsqueda de la justicia. De juzgar a todos los culpables para que terminen pagando en prisión por estos 191 crímenes cometidos. 

         Ayer quedo demostrado que el hombre de Cromagnon nació en Lomas de Zamora, que tiene 46 años y que estudió para ser abogado y procurador en la querida Universidad de Buenos Aires. Y que además tiene nombre y apellido: Aníbal Ibarra.

Hugo Alberto de Pedro