"Ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto va". Séneca.

Las muchas contradicciones entre los propósitos anunciados y las medidas efectivamente tomadas, nos llevan inevitablemente a esta pregunta.

Y, en los tiempos que corren, es una pregunta dramática; puesto que los márgenes para afrontar los problemas del sistema energético se han estrechado tanto que, mucha gente —especialmente los expertos más capacitados—, dudan sobre si estamos a tiempo de encontrar soluciones antes que se produzcan escenarios de racionamiento y colapso.

Al mismo tiempo, esta definición es crucial para una industria —como es la energética— que se desarrolla con proyectos de negocio a largo plazo. Es una industria que está acostumbrada a calcular sus riesgos, pero que aborrece la incertidumbre y la inestabilidad.

Tras bambalinas —como todos sabemos— ese escenario caótico ya existe; porque cuando hay picos de consumo de cualquier recurso energético, ya sea gas, electricidad o combustibles aparecen los cortes y el desabastecimiento. La caída de la actividad por la que estamos atravesando, sólo ayuda para ocultar la "tierra debajo de la alfombra". Pero rezarle a "santa recesión" no evita que los problemas sigan agazapados, para sorprendernos y frenar cualquier aumento en la actividad económica.

A grandes rasgos y con gradaciones intermedias, las formas de gestionar el sector energético de un país responde a tres modelos básicos: un sistema gestionado y financiado por el sector privado; un sistema mixto —financiado y gestionado por el sector privado pero bajo regulaciones del Estado— y, un sistema completamente financiado y gestionado por el Estado.

Los tres modelos y sus variantes, implican también distintas responsabilidades y compromisos, tanto para el sector privado como para el Estado.

En la Argentina, antes de la década de los '90, estuvo vigente un modelo completamente financiado y administrado por el Estado. Después de la Reforma del Estado realizada en esos tiempos, pasamos al modelo mixto. Siendo que nunca estuvimos en un esquema totalmente privado.

De hecho, en estos años —después de la implosión de 2001— el Estado fue avanzando en el control y financiamiento del sistema, pero se suponía de forma transitoria. Aparentemente la idea era intervenir a fin de superar una etapa de emergencia, eliminar las distorsiones que se hicieron evidentes en ciertos rubros (transporte de gas y electricidad) y, finalmente, volver a un sistema mixto más eficiente, bajo regulación y control público.

Por estas razones, se mantuvieron en funcionamiento los entes reguladores y las reglas en determinados procedimientos (como las audiencias públicas) que no serían necesarios en un sistema completamente gestionado por el Estado.

Dentro de esta filosofía, se inscribe nítidamente la reciente presentación del Ing. Galuccio sobre un plan estratégico que, para su materialización, requiere capitales y tecnologías que el Estado Nacional evidentemente carece. El planteo del nuevo CEO de YPF va en esa dirección, y seguramente imagina un sistema energético autosustentable a partir de un clima de negocios rentable, para inversionistas y compañías petroleras asociadas al interés de desarrollar los recursos existentes.

Sin embargo, y simultáneamente con esta estrategia, se han establecido hitos que claramente perfilan un modelo contrario; donde se presume que el Estado será el financista, administrador y planificador de todo el sistema.

La sola expropiación de YPF, sin un cambio de política para el sector energético, no revertirá, y hasta puede profundizar, la degradación de todo el sector, obligando al Estado a financiar importaciones energéticas mucho mayores de las actuales.

Los más de 10.000 millones que se queman en subsidios energéticos podrían fácilmente subir a razón de 50% anual.

Al avance sobre el sector petrolero, siguió la eliminación del Mercado Eléctrico y su reemplazo por directivas estatales sobre todas las etapas, incluyendo la generación de electricidad. Las distribuidoras eléctricas y de gas han comenzado a ser virtualmente intervenidas y dirigidas funcionarios políticos.

Se adoptaron otras intervenciones rompiendo las reglas del sistema mixto; del mismo modo que se percibe una pugna entre una conducción profesional y una dirección "política" de los negocios, tutelados bajo el poder discrecional de los funcionarios del gobierno.

La segunda opción está implícita en el Decreto 1.277/2012, que reglamenta la ley de expropiación de YPF, derogó la libre disponibilidad de los hidrocarburos para los productores, la libertad en la fijación de precios y la libre importación y exportación de crudo, gas y derivados.

Por ejemplo, el aumento del gas en boca de pozo (una medida esperada por los productores) pero prohibiendo a los propietarios de las estaciones de servicio el traslado de este mayor costo a sus precios. Algo de similar tenor aconteció con el aumento del "Gas Plus" para la generación de energía que —después de haber sido autorizado por la Secretaría de Energía— resultó anulado por decisión del viceministro de Economía, Axel Kicillof.

Estas medidas han generado un descontento mayúsculo también en las provincias, porque a medida que interviene el Estado Nacional, los estados provinciales pierden recursos de regalías y financiamiento haciendo peligrar hasta el pago de los salarios.

Otras restricciones y medidas de "estatización" como las intervenciones en el régimen de exportaciones e importaciones, el "cepo" cambiario, etc. también caminan en la dirección contraria a lo anunciado.

Hay omisiones que también son señales de considerable importancia como por ejemplo, la no intervención del Estado Nacional ni provincial frente a los desmanes que se perpetraron en el Yacimiento de Cerro Dragón.

Lamentablemente, debemos recordar que los argentinos no terminamos de salir del "default" de los títulos y bonos públicos que comenzó en 2001; y que hay un verdadero reguero de contratos viejos incumplidos y nuevos acuerdos que se cumplen sólo parcialmente. No es la confianza, ni la seguridad jurídica el bien más abundante en nuestra política.

Y esta situación —es justo señalarlo— es de responsabilidad compartida entre el Gobierno y toda la oposición.

Con estas contradicciones, podrán lograrse acuerdos políticos con distintas empresas del mundo y hacerse anuncios con promesas, pero no llegarán las inversiones necesarias; hasta los proyectos energéticos en ejecución (GENREN, por caso) podrían quedar abandonados, como ha sido el penoso caso del parque eólico ARAUCO en La Rioja.

Sin una definición sobre cuál es el esquema que se seguirá, las empresas distribuidoras de electricidad continuarán —como hasta ahora— incrementando el rojo con el sistema, al no poder afrontar los pagos por la electricidad.

Si la decisión ya no es corregir, sino reemplazar el sistema mixto por un régimen completamente operado y financiado por el Estado debemos saber de dónde saldrán los formidables recursos que se necesitan para hacer funcionar y expandir el sistema, porque el sector privado se limitará a un rol de proveedor de bienes y servicios.

Si, por el contrario, la decisión es llegar a un sistema mixto, autosustentable, de complementación entre el sector público y el privado, bajo un esquema rector (una política de Estado en la materia) debemos prepararnos para competir inteligentemente en la generación de oportunidades de negocio mejores que las que ofrecen otros países, en un mundo hambriento de capitales.

Si continuamos dado pasos en direcciones contrarias, no lograremos ningún resultado más que el que ya tenemos.

Carlos José Aga
Presidente Fundación "Consejo para el Proyecto Argentino"
Especial para TDP