El Código de Conducta de las Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General en 1996, contiene una cláusula la cual establece que estos deben evitar la corrupción y luchar contra ella vigorosamente.

En el sector pesquero las leyes anti corrupción son declaraciones vacías. Los funcionarios responsables del sector, Norberto Yahuar y Néstor Miguel Bustamante, siguen apañado la corrupción y fomentándola con sus decisiones y omisiones. ¿Por qué no hay cámaras on line en los buques?

Hoy el sector pesquero está nuevamente en crisis. El caladero no soporta que se pesque más de lo que la naturaleza permite. La falta de pescado se debe a quienes permitieron su depredación. Por ello, los barcos deben permanecer más tiempo en alta mar para llenar su bodega. Los armadores dicen no soportar los aumentos de costos y reclaman ayuda al Gobierno para que subsidie el sector, pero nada dicen sobre que hay menos pescado. Es difícil salir de una crisis cuando se niega lo que ha provocado nuevamente el colapso: la corrupción.

Los arriba mencionados no pueden dar a la Presidenta alternativas de solución legales. Junto a ellos, el Consejo Federal Pesquero que se integra por un representante de cada provincia con litoral marítimo, quedan al descubierto una vez más. Si no hay pescado suficiente, es producto de las coimas cobradas por cada resolución ilegal que se firmó.

Hace pocas semanas se conoció la expropiación de la empresa española Vieira Argentina SA, radicada en el feudo de Santa Cruz. Esta medida fue llevada a cabo ilegalmente. Los españoles acudieron a la justicia argentina porque el gobernador Daniel Peralta y sus secuaces, en vez de expropiar por las ilegalidades de la empresa, actuaron fuera de la ley. Todo hecho al revés. No revisaron la legalidad de los permisos de pesca de cada buque de la empresa porque quedan todos comprometidos (ver al pie). Quienes deben hacerlo son parte de la corrupción y cobraban para ello a quien hoy expropiaron. Para completar el panorama del descontrol del sector, el socio de Viera en Europa, que le pide la quiebra, es una empresa africana propiedad del gobierno de Gran Bretaña.

Si los funcionarios pesqueros fueran independientes y nacionales no cajeros, deberían proponer a Cristina Fernández aplicar medidas para la salvaguarda inmediata de trabajadores y recursos, por ejemplo:

Quitar los cupos y permisos de pesca a todos los buques que pesquen en Malvinas y el continente dentro del marco normativo de la modificación a la Ley Federal de Pesca 24922, complementada por la Ley de Sociedades. Esta medida alcanzaría a la mayoría de empresas españolas, coreanas y japonesas radicadas en el país que no podrían iniciar reclamo alguno ante organismos, ya sea nacionales o internacionales, por estar violando la ley.

Motorizar la baja de todos los permisos de pesca ilegales otorgados por Carlos Menem y Felipe Solá a la flota de buques factorías y congeladores españoles ingresados bajo acuerdo de las relaciones pesqueras entre la Argentina y España (CE). El fundamento de estas bajas son las auditorias de la AGN-PTN-SIGEN. Se violó el marco normativo de la Ley 24315 desde el ingreso de la flota, y se fraguó documentación para evadir impuestos. Declaraban los buques con valores menores. Esto fue investigado por el juez federal Cruciani. Deberían ser confiscados y posteriormente bloqueadas las cuentas de los armadores hasta establecer una indemnización al estado por pescar ilegalmente con documentación apócrifa para ingresar al caladero argentino. Con un grupo de abogados y técnicos de la AGN-PTN-SIGEN-UBA, en 60 días el Estado tendría la nómina de buques ilegales revisando las auditorias anteriores que certificaron estas las ilegalidades. Se podría declarar la anulabilidad de los permisos de pesca, dado que además estos son concesiones temporales que hace el Estado a un privado. Los buques ingresados ilegalmente son propiedad de empresas españolas, argentinas y mixtas que no tienen ningún derecho adquirido por ilegales al inicio.

Poner en vigencia el libro de reincidencias a infracciones pesqueras, pues si bien está normado no se aplica para así negociar infracciones y que exprofeso no quede constancia de los armadores reincidentes. De esta forma, los coimeros antedichos manejan el sector pesquero aplicando la ley de ellos, no la que se legisló democráticamente. Esto fue señalado por la AGN hace más de 10 años, y, a la fecha, son inaplicadas sus recomendaciones. Cada armador que pesque en zonas de veda y/o sin dispositivos de escape de juveniles, con redes de mallas ilegales o con sunchos debería soportar una suspensión del permiso de pesca por 90 días la primera vez y abonar a sus tripulantes como si el buque operara y a sus trabajadores de tierra de la misma forma. La segunda vez, 180 días y la tercera, pérdida del permiso y multa por el valor del buque.

Acelerar vía cancillería la ampliación de las 200 a 350 millas para la protección de las especies transzonales y migratorias.

Impedir el ingreso de buques extranjeros para todo tipo de pesca, aun los del charteo de calamar, pues los buques extranjeros provocan dumping con el recurso capturado en aguas argentinas, y generan desempleo.

Toda empresa que quiera efectuar el recambio del buque deberá construir el mismo en la Argentina, cerrando la importación de buques extranjeros, preservando así el trabajo de astilleros nacionales plenamente capacitados. Los buques extranjeros ingresados al caladero son chatarra dada de baja en Europa por la reducción de flota por sobrepesca. Hoy, se reedita lo que pasó en la década Menem-Sola. El CFP firma el ingreso de buques extranjeros que no pueden pescar en ningún otro caladero a cambio de coimas, y les hacen cambiar el pabellón. De esta forma, queda que la flota es argentina, burda patraña.

Acelerar el ingreso de elementos importados para la construcción del buque en astilleros nacionales, tales como planta motriz, caja de cambios y aparatos electrónicos de pesca específicamente. Lo que en realidad se debe importar para construir un buque.

Generar valor agregado argentino. Exportar productos terminados, empanados, palitos, rebozados, filet. Los millones que ganaron los empresario en estas décadas no los reinvierten en procesos de valor agregado, sino en coimas, en campañas políticas, en camionetas 4x4, en autos de alta gama, en casas en barrios de lujo marplatenses. Nadie investiga el patrimonio de los dueños del sector ni sus cuentas off shore.

Reconversión de flota: terminar con la corrupción es terminar el hambre

¿Por qué debe el Gobierno tomar estas medidas? Es muy simple. Quedan solo cinco caladeros en el mundo aun vivos. Los gobernantes permiten el saqueo del mar argentino a buques congeladores y factorías ilegales que son altamente depredatorios, en vez de resguardar la biomasa, que es comida para un mundo que esta ávido de alimentos.

Los armadores argentinos que inicien acciones contra el Estado nacional por la baja de sus buques ingresados ilegalmente, judicializando su reclamo al aducir derechos adquiridos, deberían estar obligados a depositar el valor de las capturas ilegales de todos estos años de cada buque de su grupo empresario. Si se avienen a la baja del buque se les permitirá la construcción de buques fresqueros en reemplazo del congelador/factoría dado de baja con el fondo depositado por las capturas ilegales. Solo los buques denominados poteros de pesca selectiva de calamar podrán seguir operando, siempre y cuando la empresa extranjera no esté pescando en Malvinas. El país no posee barcos para la pesca del calamar, por ahora no se construyen a nivel local.

La República Argentina, a expensas de la Presidenta y de sus funcionarios pesqueros, arrojan al mar más de 100 toneladas por día de pescado, fresco y bueno, por ser chico, espinudo, sin valor comercial, no ser la especie objetivo. Esto es una política de estado desde Menem-Sola. Ese pescado arrojado al mar se puede transformar en proteínas moliéndolo y elaborándolo como producto terminado en distintos formatos: hamburguesas, nuggets, palitos, etc. Es pescado sin valor de mercado que se arroja al mar como descarte, aproximadamente unos 500.000 USD año. Procesar el pescado a las empresas jamás les interesó, pues con exportar filet como materia prima a Europa, elaborado por fileteros esclavos, es más rendidor que invertir plantas industriales.

¿Cómo se termina con la corrupción del sector? Inspeccionando los buques al arribo con personal de PNA y equipo multidisciplinario de varias personas para evitar la coima, no uno solo. Luego, la AFIP-DGI sigue al camión desde la descarga del buque en el muelle hasta la planta, para controlar no solo el volumen declarado y la especie, sino que los trabajadores sean legalmente empleados. En cada puerto, comisiones rotativas para evitar las coimas y cámaras estratégicamente ubicadas y precintadas, con todo filmado y puesto en un sitio on line para todo el país. En la pesca hay explotación infantil que nadie ve ni denuncia.

Una política pesquera de trasparencia permitirá producir alimentos ricos en proteínas para comedores, guarderías, geriátricos y hospitales del molido sin valor comercial de cada empresa que podrá ser descargado de sus impuestos. Si se pergeña cualquier estrategia para controlar el dólar y resulta efectiva, ¿por qué no controlar el pescado?

Otro ítem muy interesante para la AFIP: la doble facturación y las triangulaciones a empresas fantasmas. Trasparentar el sector permitirá mejores salarios. El tripulante nunca sabe cuál es el valor real del pescado que trajo al muelle. Le dan unas boletas con precios y gastos y de allí salen las cuentas, descuento del gas oil, comida, ropa de trabajo y de agua. En el sector, los tripulantes, gracias a los sindicalistas, participan de la aventura empresarial en las pérdidas.

Si los medios de prensa van a Mar del Plata, al Puerto de Rawson, General Lavalle, Puerto Deseado, Puerto Madryn, Caleta Paula o Comodoro Rivadavia, verán la ostentación de riqueza de los armadores, con autos de altísima gama y casas de lujo. Hoy, piden ayuda al Gobierno. Pretenden préstamos pagos por el país, todo con el pescado de todos, que nadie controla. Han ganado millones, ya que fraguan las declaraciones de capturas para no llegar nunca a completar el cupo y seguir pescando. Los inspectores cobran para adulterar los partes de descarga que indica la especie. La ilegalidad deja al año a la mafia una caja de más de 500.000 USD manejada por el ex diputado de Felipe Solá y Juan Domingo Novero desde el SIMAPE, el mismo que maneja el INIDEP e inspectores embarcados y patrocina autos de carrera.

Los empresarios dicen que van a pérdida. No hay un solo barco que zarpe a la pesca a perdida sabiéndolo de antemano, los armadores no son carmelitas descalzas ni se bañan en agua bendita. Son corruptos que coimean desde décadas a los funcionarios y quienes festejan tener su gestor el actual sub de pesca Miguel Bustamante al frente de todas las ilegalidades. La causa 15956 Juzgado Federal Nº1 en Mar del Plata demuestra todo lo dicho.

La crisis del sector: los reclamos de la corrupción

El mundo consume pescado y deberá seguir comprando pescado a la Argentina. En pocos años, nuestras proteínas (al igual que nuestra agua) valdrán más que el oro.

Si se sacan los buques ilegales factorías y congeladores, se genera mano de obra en tierra. En marcha las plantas pesqueras con miles de trabajadores, se tributa y se exporta. Es necesario reclamar que  se le extraiga el caladero a los chinos, los españoles, los japoneses, los coreanos que se llevan pescado local a procesar en sus países. La demanda que quedará insatisfecha los obligará a comprar en la Argentina. El precio internacional del pescado va a aumentar, y allí los armadores obtendrán el beneficio que reclaman, pero de forma legal. Al sacar del caladero a buques factorías y congeladores, las tripulaciones se reintegraran a los fresqueros construidos en el país que reconvertirán la flota y generaran más trabajo calificado en tierra.

Las empresas podrán obtener más cupos de captura, porque va a haber menos buques dará mayor cantidad de mano de obra argentina y valor agregado, según lo previsto por la Ley 24922, artículo 1º.

Esto es una deuda pendiente desde 1997 para con los trabajadores más pobres del sector que recuperarían el trabajo en blanco. Se terminará con los trabajadores pauperizados bajo el manto de las cooperativas truchas inventadas por funcionarios e industriales que favoreció a grupos corporativos extranjeros y armadores nacionales. A estos grupos se les permitió además de depredar el mar argentino llenándolo de fabricas con hélices en vez de fabricas llenas de trabajadores dignos en tierra, como era antes de Menem-Sola.

El grupo que aúna a los buques congeladores y factorías marplatenses más ilegales del mar argentino CEPA, pretende del estado reintegros, reducción de impuestos, reembolsos, préstamos a tasas subsidiadas fuera del sistema bancario. Poner a la ANSES a perder dinero de los jubilados para colaborar con armadores sin escrúpulos, millonarios ilegalmente, con el pescado de todos los argentinos, al cual ni vacunan, ni riegan, ni siembran, pasan la cosechadora de pescado y listo.

Precarizaron el empleo del sector más pobre del pescado, los fileteros, pauperizándolos. Operan con buques que consumen entre 7 y 10 mil litros de gas oil por día, y dicen les lleva el 45% de los costos. El señor Oscar Fortunato, presidente de CEPA, dijo: “La flota que tienen hoy Mar del Plata no es la misma que la de hace 10 años. Quien maneja una cantidad de dinero importante también gana una cantidad de dinero importante y es lógico que la ganancia particular la use como quiera, la ganancia de la empresa se puso en la empresa. Ahora, en el 2007 empezamos a estar mal, ya llevamos la misma cantidad de años mal que los que estuvimos bien”.

La pregunta que surge, es los años que estuvieron bien: ¿Cómo estuvieron sus fileteros cooperativizados?, ¿recibieron algo del derrame de las importantes ganancias que tuvieron los armadores que operan reitero con la flota mas ilegal del mar argentino?, ¿pagaron a los fileteros las ganancias eventuales pautada en la Ley de Cooperativas? ¿Cómo pueden tener más buques? ¿Con qué permisos? A confesión de parte, relevo de pruebas.

El representante de la cámara de armadores de buques pesqueros, Darío Sócrate, reclama al Estado y pretende precio preferencial del gas oil y la continuidad de las cooperativas. “Si me dicen que se consigue combustible a un mejor precio, eso le sirve a un sector, el tema es que no va a alcanzar para la actividad. Mejorar la paridad cambiaria en cuanto al comercio internacional, no a través de la devaluación necesariamente sino a través de herramientas como la disminución de retenciones, que hoy está sin renovar. Creo que también habrá que pensar en reintegros, subsidios a la mano de obra. Considerar que se pueda trabajar en cooperativas en tanto y en cuanto se cumpla con determinadas condiciones. Creo que deberá ayudarse a todo el mundo con distintas herramientas”. ¿A qué condiciones se refiere Sócrate? ¿A la pobreza de los trabajadores cooperativizados? En Mar del Plata se venden buques de 200 toneladas de carga de merluza en negro dentro del puerto.

Todos los pedidos convergen al precio del combustible, multiplicado por el tiempo que el buque tarda para navegar hacia el sur, completar su carga y regresar a puerto. Este tiempo, que se multiplicó varias veces, se debe a la superpoblación de buques que operan en el caladero argentino por la triangulación de permisos. Si se quitan los ilegales, buques factorías y congeladores que depredan, la biomasa se recompondrá rápidamente. Si además se utilizan las redes de mallas de tamaño legal y no sunchos para cerrar el mallero y pescar hasta un pez del tamaño de un paquete de cigarrillos, que al final se lo arroja al mar, el tiempo de pesca será menor, como el gas oil gastado. Si se colocan las cámaras que Yahuar prometió hace cuatro años, van todos presos.

La cuestión no pasa, como dicen los armadores, por las ayudas que reclaman para ellos al Gobierno. La situación de hoy es producto de la corrupción de la operatoria en el sector. Si necesitan más gasoil para pescar, es porque tienen que ir más lejos para buscar merluza porque hay menos pescado y más buques. Ellos son los autores de la sobrepesca y todas las ilegalidades para nunca cumplir con los cupos y ganar cada vez más.

¿Cómo puede ser que no haya merluza si ellos declaran siempre saldos de captura en sus permisos? ¿Las otras especies que declaran que capturan tienen precios como la merluza? Para aclarar: los armadores declaran que tiene saldo de cupo de merluza para seguir robando, y mienten en las declaraciones haciendo figurar capturas de otras especies de inferior valor que no les resultan redituables y que realmente tiran al mar, sus buques están llenos de merluza, juveniles que tiene prohibida su captura, redes ilegales e inspectores corruptos. Para seguir pescando merluza tiene que ir más lejos, necesitan más gasoil.

La Argentina hoy se enfrenta a que los armadores son multimillonarios, la mayoría ilegalmente. No hay el pescado de otros años por la sobrepesca que quien escribe estas líneas viven hace décadas advirtiendo.

La inflación les sube los costos, y obviamente piden, como el representante de la cámara de armadores, seguir con las “cooperativas legales”. Estos empresarios utilizan a la gente como arma de apriete, y como los armadores tienen dentro de la secretaría de pesca a su “ex” empleado y abogado, el Dr. Bustamante, ayer lobista de estos, hoy representante de ellos ante el gobierno, lo que se expone aquí ni los inmutará.

La corrupción es tal y el dinero que se mueve es tantísimo, que la gente no importa, son los daños colaterales. El pescado importa, los subsidios importan, el gas oil a precio preferencial importa. La ilegalidad ni se la cuestiona, pues esa es su caja.

En breve, si Cristina no les da nada, arderán los puertos. En realidad, esta crisis muestra que los empresarios e industriales no tienen capacidad de gestionar el sector. Ya han sido varias las aventuras de expropiar empresas en manos de privados por descuidar recursos claves. Podrían expropiarse las pesqueras, pero denunciando primero las ilegalidades de todos estos ladrones, blanqueando la realidad del sector. Y no expropiarlas para que queden en manos de políticos y sindicalistas que ya están enriquecidos por las mismas empresas que hoy expropian.

La corrupción generalizada a niveles mayores roba a un país de sus riquezas y lleva a graves violaciones de los derechos económicos, destruye economías y condena a la población al desempleo, al hambre y el desamparo. Los políticos y empleados públicos corruptos no son sólo culpables de crímenes comunes sino de graves violaciones a los derechos humanos.

 Roberto Maturana
 Oficial de Marina Mercante-Investigador

(Adjunto permisos auditados ilegales de buques emblemáticos del grupo CEPA. Ingresados ilegalmente generan millones de USD de pérdidas al estado nacional, el primero de Ceres y el otro de Estreito de Rande).

Foto: gentileza Colectivo Dignidad