Ya ha dejado de ser sorpresa cómo desde el gobierno permiten, además de la depredación del mar argentino a empresas españolas y chinas, ingresar al caladero a buques que estaban en caladeros diezmados, en perjuicio directo de los recursos pesqueros.

Estas medidas ocasionan pérdidas laborales continuas en dique seco, que se traducen en perdidas en horas extras y días de trabajo, más allá del perjuicio que sufre el país por carecer de políticas que diseñen un modelo por sector y de Nación productiva cuyo eje sea el trabajo digno para los ciudadanas y ciudadanos.

La corrupción abarca todos los sectores de donde se pueda “hacer caja”. En cada sitio de poder especifico se han nombrado (y nombran) funcionarios políticos no profesionales, sino expertos en el expolio, la distorsión y la mentira. La pesca es una de las cajas más importantes para el robo nacional. Funcionarios como el subsecretario de Pesca, Miguel Bustamante, otrora lobista de empresarios corruptos, hoy “viabilizador” de negocios privados a través del pescado de toda la nación. La horda del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, muy lejos de interesarse genuinamente por el sector pesquero y la industria naval, acrecientan sus patrimonios a fuerza de mentir a destajo ostentando su poder, blindados de impunidad, judicialmente diferentes al resto de los ciudadanos por ser funcionarios corruptos.

Mientras la Justicia no reaccione y el Congreso siga como escribanía del Ejecutivo, se está vaciando el país y destruyendo miles de fuentes de trabajo. Gracias a la anomia corrupta oficial y la falta de agallas de los legisladores de la oposición, el destino argentino parece seguir emulando a Senegal y a los países del cuerno de áfrica que secundan en el altísimo ranking de corrupción internacional.

En mayo de 2012, Débora Giorgi, ministra de Industria; Norberto Yahuar, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca; y Néstor Miguel Bustamante, subsecretario de Pesca, habían sido advertidos por gente de la SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales) y FEMIPRA (Cámara de la Industria Naval) sobre el ingreso de buques pesqueros usados provenientes de España de dos empresas que pescan en Malvinas y el continente. Los funcionarios se comprometieron a tomar medidas al respecto. Tanto gremialistas como funcionarios llegaron a la vergüenza ajena: todos ricos a costillas del desempleo de sus pauperizados votantes. Obviamente, ninguno de los funcionarios arriba mencionados hizo nada. Los barcos están pescando, no hubo intersindical marítima para parar esos buques que valga. No hay adjetivo peyorativo que alcance para describir cómo se recibió a esta gente sabiendo perfectamente que nada iban a hacer, pues ya cobraron.

SAON (Mar del Plata): “Nos prometieron que tomarían medidas, pero vemos que el Argenova XXV, ex Leonardo, ya está pescando langostino patagónico y el Consejo Federal Pesquero aceptó la modificación de la autorización de captura”. Falta que aclaren cuánto cobraron los del Consejo, ya que como siempre, por unanimidad, los consejeros aprobaron estas transferencias ilegales violatorias del Art.1º de la Ley 24.922 y en contra de la industria naval argentina. Extramuros del Ministerio de Yahuar, es vox populi: hablan de 600.000 USD para el voto de los consejeros. Cabe aclarar que el mismo CFP ingresó al buque a la matricula argentina en agosto del 2011, por decisión unánime por supuesto (todos aprueban, todos cobran).

Cristina replica el modelo “vendepatria” de Carlos Menem-Felipe Solá

Durante los años 90, ingresaron más de cien embarcaciones usadas desde Europa que impactaron negativamente en la industria naval local, además de destruir el caladero. Se solucionó el problema de una flota sin caladeros y se aseguró la materia prima y mano de obra a España. Los gobernantes de entonces introdujeron estos buques violando la ley del Acuerdo Comunitario 24.315 al implantar una flota ociosa sin caladeros por ser altamente depredatoria, que dio lugar a la cuadruplicación ilegal de permisos de pesca. Todo fue por la caja millonaria en coimas y negociados, sumado en la entrega de recursos pesqueros a la fecha sin justicia. Ilegalidades documentadas (UBA-AGN-SIGEN-PTN) y depredación certificada (AGN-INIDEP).

Hoy, replicando el modelo Menem-Solá, el buque ingresado por la empresa española Argenova, denominado Argenova XXV, conjuga ilegalidades apañadas por el Gobierno a través del Consejo Federal Pesquero que hacen a la anulabilidad de la resolución de transferir el permiso de pesca del buque Virgen de la Cinta (cedente) por ser este menor al ingresante dado que tiene 39 metros de eslora, contra 43 del Argenova XXV; una maniobra repetida por décadas sin justicia que se atreva a impugnar. Misma metodología aplicó otra empresa española Iberconsa que ingresó el congelador factoría API VI en reemplazo del API II. Los dos buques pesqueros estaban operando en Namibia, África, y los matricularon en el Registro Nacional de buques argentinos e ingresaron en el caladero por los altos costos de pescar en aguas que depredaron ellos en África y ante la carencia de caladeros rentables.

La Argentina, para España, es África. Son estas, junto a otras empresas españolas, las que operan en el caladero de Malvinas. Esto, al Gobierno tampoco le interesa, aunque en sus discursos se escuchen diatribas contra Inglaterra. La culpa, quede claro, no es de Inglaterra. Avalar la doble matriculación de buques en Malvinas y el continente es solo cuestión de caja pues fue especialmente previsto en la modificación de la Ley 24.922 LFP. El Congreso de la Nación introdujo una modificación específica incumplida por el Consejo Federal Pesquero para las empresas que pesquen en Malvinas y en el continente. Las sanciones, luego de la modificación, tienen otro precio y los que estaban pescando en Malvinas siguen haciéndolo. ¿Cuánto pagan?

Artículo 27 bis LFP, introducido por Ley N° 26.386 B.O. 20/6/2008. Con esta ley se reconoce la doble matriculación y luego de décadas de robo al caladero en Malvinas, los legisladores dieron un año de plazo más a estas empresas mientras sonaban discursos de defensa a la soberanía. La ley hoy vigente, es incumplida. Más allá de todas las ilegalidades, jamás se les debió permitir renovar los buques a Iberconsa y Argenova, sino se debió revocar los permisos de pesca de toda su flota por operar en el continente y Malvinas. Los integrantes del Consejo Federal Pesquero “ganan muy bien sus dineros de incentivos empresariales por favorecer a los kelpers”. La ley es clara: en el caso de comprobarse las ilegalidades del artículo 27 bis, el permiso y la/s cuota/s y/o autorizaciones pertinentes caducarán automáticamente. Plin Caja.

Colapso de la industria naval argentina: barcos para todos y todas

La industria naval argentina construyó apenas el 35% de lo que se importó en unidades pesqueras. Son 91 buques hechos en el país desde 1989 a la fecha, que representan 2.058 metros de eslora, 10.888 metros cúbicos de bodega y 43 mil HP de potencia instalada. Del total de embarcaciones construidas en astilleros y talleres nacionales, 63 embarcaciones tienen menos de 25 metros de eslora. Y solamente 11 barcos superan los 30 metros y ninguno es mayor de 40 metros. En este lapso de 21 años, no dejaron de ingresar buques al mar argentino construidos en el extranjero. Se contabilizan 175 buques factoría extranjeros, que representan 9.500 metros de eslora lineal, 140 mil metros cúbicos de bodega y 320 mil HP de potencia. Su poder de captura HOY gracias a la resolución SAGPyA 958/94 que autorizó el ingreso de buques extranjeros, asciende a las 970 mil toneladas anuales. En cuanto a los buques poteros, se importaron 85 embarcaciones, que suman 4.750 metros de eslora, 58 mil metros cúbicos de bodega y 120 mil HP de potencia, con un potencial de captura de 140 mil toneladas anuales.

El 15% de la eslora importada, el 5,5% de la bodega extranjera, el 10% de la potencia instalada y el 13% del poder de captura importado. Todas las empresas españolas radicadas tienen buques de construcción española, capturan en el país y en Malvinas y envían materia prima a España garantizándoles la mano de obra a España.

No solo los funcionarios nacionales ganan millones con la pesca, sino también los provinciales con sus leyes y permisos. Para pescar en la provincia, hay que tener el permiso de pesca nacional. La caja es federal. De esta forma hay una enorme cantidad de buques pescando con el 10% del 100% del permiso nacional de pesca de otro buque sin que este 10% se complete nunca según los registros oficiales de capturas de los buques. Así, depredan robando con barcos construidos en su mayoría, en el extranjero.

Miguel Bustamante tiene en su estudio detrás del escritorio el listado de estas anomalías que se revisaron tiempo atrás. O sea, conoce más que bien la ilegalidad de cada armador, todo eso es plata.

El artículo 26 LFP estipula los plazos legales para otorgar permisos de pesca. Le exige al CFP entregar permisos de 10 (diez) años solo si emplean mano de obra argentina en mayor porcentaje, si los buques fueron construidos en el país y si son recientemente construidos. Por un plazo de hasta 30 (treinta) años para un buque determinado, perteneciente a una empresa con instalaciones de procesamiento radicadas en el territorio nacional y que procesen y elaboren en ellas productos pesqueros en forma continuada. Lo establecido en la ley está muy bien, pero es inaplicado. Los trabajadores del filet de las empresas pesqueras están precarizados bajo el manto de cooperativas truchas. Esto no lo desconocen ni Yahuar ni Bustamante.

El parlamento europeo decidió la reducción de flota por sobrepesca

Según un informe publicado recientemente por la Comisión Europea, el 80% de los recursos pesqueros en el Mediterráneo están sobreexplotados. El Parlamento Europeo rechazó prorrogar el pacto pesquero entre la UE y Marruecos, que beneficia sobre todo a la flota española y que expiraba en febrero de 2012. El exceso de capacidad de capturas ha sido considerado el responsable principal de que el 75% de los caladores de la UE estén sobreexplotados, frente al 35% globalmente. La comunidad aún paga subsidios por el desguace de buques comunitarios como lo hizo en los 90.

Al igual que Menem-Solá, el Gobierno viabiliza a pesar de las leyes que las empresas españolas radicadas en la Argentina trasladen esos buques al caladero nacional. Estos buques ya cobraron el subsidio comunitario y fueron dados de baja en la UE e importados a la Argentina. No hay problema alguno, ya saben cuánto sale “arreglar” con cada funcionario, el trámite y cómo opera el Ministerio de Yahuar con su experto Bustamante. Nadie le va aplicar ley alguna si pagan sus importantes coimas como en el cuerno de África.

La Comisión Europea estima que en numerosas pesquerías, el tamaño y la capacidad de la flota pesquera de la UE es entre dos y tres veces superior al que sería sostenible. Este exceso de capacidad conduce a la sobreexplotación y hace que la flota no sea viable económicamente. Hay demasiados barcos potentes y destructivos capturando muy pocos peces. El Censo de Flota Pesquera Española Operativa publicados en el último informe “Estadísticas Pesqueras de abril de 2012” muestra que Galicia, perdió 1.288 buques en los últimos cuatro años, la comunidad que sufrió el mayor recorte en su censo fue Andalucía, con 306 unidades menos, seguida de Cataluña (272), Canarias (169) y Comunidad Valenciana (166). Con descensos menos significativos quedan Asturias, que tiene 72 buques menos que en 2007, Baleares (-61), País Vasco (-54), Murcia (-51) y Cantabria (-34). Para alegría de nuestros representantes, se reeditan los ’90.

Los españoles no convocan a armadores argentinos

La Asociación de Empresas Comunitarias en Sociedades Mixtas de Pesca (ACEMIX) tiene con objetivo fundamental la renovación de la flota pesquera. La inversión media por cada barco sería de entre 15 y 20 millones de euros. Se plantea el desarrollo de proyectos con características bien diferenciadas diseñados para faenar en las zonas de Argentina. Entre las características fundamentales está la de disponer de autonomía para dos meses, capacidad de bodega de 1.200 metros cúbicos, capacidad de procesado de 20 toneladas por día y diseñado para una tripulación de 60 personas. Otro proyecto sería para una embarcación dirigida a faenar en Malvinas para la captura de calamar. Con una autonomía de 120 días —lo que posiblemente obligaría a diseñar un buque con doble casco— tendría una capacidad de procesado de 80 toneladas por día, una capacidad en bodega entre 1.800 y 2.000 toneladas y estaría habilitado para una tripulación integrada por 68 personas. Se hace hincapié en la urgente generación de puestos de trabajo a través de su industria naval.

Moreno no impide el ingreso ni revoca los permisos, te envía a ver al “Caballo”

En reuniones previas al viaje a Brasil de mayo de 2012, Guillermo Moreno congregó los integrantes de la Cámara de la Industria Naval. Esta reunión se realizó a expensas del lobista marplatense Miguel Bustamante, hoy subsecretario de pesca de la nación y quien fue contactado por sus clientes armadores y constructores de buques de Mar del Plata para llegar a Moreno. En la reunión con el secretario de Comercio Interior, quedó claro que “no tenia arma alguna sobre el escritorio”, como decían, pues no le hace falta.

Los constructores navales marplatenses le explicaron a Moreno que en la construcción de un buque se importa el 40% en electrónica, caja de cambios o reductora y motores, y el 60% restante, es pura mano de obra argentina con trabajadores nacionales. Las demoras por las trabas a la importación causaban la paralización de las construcciones, con el impacto sobre el empleo y la construcción naval ya conocidos. También, le planteaban que hay empresas que ingresan barcos usados del extranjero como Iberconsa y Argenova y no dan mano de obra alguna en el país con el 100% de construcción extranjera. Allí, Moreno muy suelto de cuerpo, respondió sobre ese tema: “A mí no me digan nada, hablen con el ‘Caballo’ Suárez del SOMU y los armadores, yo no puedo hacer nada”. Quiere decir que un sindicalista menemista —hoy travestido a kirchnerista— y los armadores deciden qué buques ingresan del extranjero con el necesario y previo acuerdo con el Consejo Federal Pesquero. Esa respuesta de Moreno es coherente a las mentiras de Néstor respecto al impulso de la industria naval.

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