En la provincia de Santa Fe el gobierno debería terminar con la doble moral de progresismo y al mismo tiempo ser respetuoso de las garantías elementales hacia las personas privadas de la libertad, es una decisión política de inmediata y urgente ejecución.

Según la Coordinadora de Trabajo Penitenciario, quien denuncia que en el año 2010 hubo 21 muertes nunca aclaradas, el traslado de la sección de internos con problemas de salud mental a la Colonia de Oliveros, que también fue un fracaso con muertes dudosas incluidas o el cinematográfico escape del asesino de Abel Beroiz —ex hombre fuerte de la Federación de Camioneros— de la unidad de Piñeiro en una bolsa de pan.

También los miembros de la Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz se unieron a los reclamos e indicaron que “las cárceles aparecen como la solución a los excluidos, pasando a ser depósitos de personas indeseables” y mientras “el Estado no comience seriamente a pensar en políticas de inclusión, seguirá en aumento la situación de marginalidad en la que viven los pobres en la Argentina”.

La semana anterior, intentamos comunicarnos con el Director General del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Pablo Cococcioni (ver foto que ilustra la nota, donde aparece saludando a Hermes Binner), quien se encontraba en la unidad N° 1 de Coronda. Esto debido que el día jueves nos comunicamos con la unidad N° 5 y luego de pactar una entrevista para el viernes a la diez de la mañana con su Director para recabar información sobre la muerte de Nidia Beatriz Cañete, a los pocos minutos una persona de dicha unidad nos informo que se había suspendido y que debíamos comunicarnos con la Dirección General.

De todos modos y pese a que insistiremos con la entrevista, accedimos a la caratula del expediente “Cañete”, la copia de un fax enviado desde la unidad N° 5 al juzgado, donde nos llama poderosamente la atención que pese a que la encartada estaba condenada a 12 años de prisión el 13 de diciembre de 1995, recién a los dos años de ingreso se otorga la “libertad” y luego “muerte por asfixia”.

Quisieron descalificar a Cañete, por su calidad de detenida, no defiendo a la misma, solo me preocupa que haya alguien que vota por una persona que murió, que tiene alta de CUIL, que no encontramos la partida de defunción y que sus familiares no sepan donde esta enterrado el cadáver.

Hay mas casos similares a este, que los familiares no se animan a denunciar, por temor a represalias.

Gabriel Brito
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