La movida que se generó en las últimas horas en torno a los reclamos salariales de prefectos y gendarmes tiene toda una historia detrás que remite a años de maltrato y destrato hacia los uniformados. Hasta hace poco, no había uniformidad en el cobro de sueldos: unos cobraban una cosa y otros, otra diferente, dependiendo de amparos judiciales presentados y conceptos extra salariales que aparecían en sus recibos.

 En abril de este año, la Corte Suprema de la Nación falló "achicando" los montos a abonar tanto en los haberes regularizados, como en los retroactivos adeudados. Lo hizo a través de dos pronunciamientos: el primero es el fallo Salas, del 15/03/2011, que hizo que los haberes netos se duplicaran e incluso triplicaran en relación a lo cobrado en la actualidad. El segundo, es el fallo Zanotti, del 17/04/2012, donde el incremento reconocido ronda el 40% estimativo de lo que están cobrando en este momento.

Esto generó malhumor en los uniformados quienes vieron que los jueces eliminaros ciertos conceptos y permitieron que suplementos como zona/vestuario, cargo/función y compensación por vivienda conservaran su carácter de “no remunerativo ni bonificable·.

La Corte aseguró entonces que los aumentos no remunerativos de 2005 a 2009 otorgados por el Gobierno se deben aplicar “no sobre el sueldo bruto sino sobre el haber mensual”, que no incluye antigüedad y adicionales. Y deben calcularse sobre el sueldo vigente en 2005 y no sobre el acumulado de cada año “para evitar una indebida repotenciación de los aumentos otorgados”.

Según el especialista Sebastián Bonder, con este nuevo pronunciamiento se “achican” los montos a abonar tanto en los haberes regularizados, como en los retroactivos adeudados.

“La diferencia no es menor. En el caso de los pasivos con el fallo Salas sus haberes ‘en mano’ debían duplicarse e incluso triplicarse en relación a lo cobrado en la actualidad. En el fallo Zanotti, el incremento reconocido ronda el 40% de lo que están cobrando en este momento”, dice Bonder.

Así el pasivo tendrá su haber regularizado, sin sumas no remunerativas y sus aguinaldos liquidados como corresponde, con un plus del 40% cuando debió haber sido del 100%.

A raíz de esto, la Ministra de Seguridad, Nilda Garré, emitió el 18 de abril de este año, un comunicado (ver ese y otros documentos al pie de la presente) dirigido al Prefecto Nacional Naval, donde le indicó que a partir de ese momento los haberes de los uniformados a su cargo debían liquidarse como instruyó la Corte Suprema. “Lo instruyo para que en el término de cinco días deje sin efecto toda medida que regule el pago de diferencias de haberes en cuestión en forma diferente o contraria a las nuevas pautas sentadas por el Alto Tribunal”, ordenó Garré. Ese documento, que publica TDP en esta nota, se hizo desaparecer en medio de la furia de los manifestantes.

Ello provocó la inmediata furia de los prefectos, la cual se vio potenciada meses más tarde, a través del polémico decreto 1307/12 que redujo aún más los haberes de gran parte de los uniformados y dejó sin efecto los incrementos que algunos habían logrado a través de amparos judiciales.

“Mucha gente desde el año 92 con juicios similares hasta la fecha fue estafada tanto por abogados como por el Estado”, advirtió la fuente antes mencionada, agregando que “el que no supo ir por la vía judicial perdió dinero. Mucha gente se endeudó para llegar a hacer los juicios”.

Lo que hoy se ve en las calles es la manifestación final de años de maltrato da las fuerzas de seguridad: “Perdimos hasta la antigüedad, han degradado una hermosa carrera y nos han humillado, ¿qué querían que hagamos?”, finalizó el uniformado consultado.

Carlos Forte
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