Hace tiempo que el oficialismo quería desplazar a Leandro Despouy de la Auditoría General de la Nación (AGN), especialmente después de la tragedia de Once del pasado 22 de febrero. Allí, se hicieron públicos los informes lapidarios que había elaborado esa entidad respecto al sistema ferroviario argentino.
Este jueves, finalmente el Gobierno logró su cometido a través del desplazamiento que llevó adelante la comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, a cargo del kirchnerista correntino Fabián Ríos, célebre por llevar adelante las operaciones más sucias del Gobierno.
La veta que encontró el diputado fue ingenioso: aseguró que el mandato de Despouy venció en marzo de 2010 y que, por lo tanto, al no haber sido ratificado en su cargo, la Presidencia estaba vacante. Asimismo, Ríos aseguró en declaraciones periodísticas que la decisión se ajustó a lo que mandan la Constitución Nacional y la ley de administración financiera.
Lo que sorprende es la premura y el interés del legislador por la suerte de Despouy, siendo que existen más de 400 expedientes atrasados y sin tratamientos sobre las ejecuciones presupuestarias de diferentes organismos del Estado nacional.
Aún resta saber si la remoción ha sido efectuada de acuerdo a lo que exige el artículo 26 de la normativa de la AGN. Allí se asegura que “la remoción de los Auditores Generales se podrá efectuar previo dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración. El dictamen que aconseje la remoción deberá contar con el voto de la mayoría de los miembros que la componen”.
En estas horas, el senador radical Gerardo Morales acusó al oficialismo de "querer quedarse con todo" y advirtió que el radicalismo podría "demorar" la nueva designación.
María Luisa Torres