¿Qué significa reestructurar una deuda impagable?

La Argentina se encuentra en vísperas de la más grande operación financiera de su Historia y una de las más altas operaciones de reestructuración de Deuda Pública en el Mundo. A través de una compleja ingeniería financiera – una verdadera experiencia piloto en materia de refinanciaciones públicas sin “paquetes de ayuda” – el gobierno Kirchner se encamina a cerrar un acuerdo con los Acreedores de bonos en default por una suma de 104.000 millones de dólares.

Esta gran operación de cambio de títulos públicos – más del triple del megacanje De la Rúa-Cavallo de Junio del 2001 – se efectúa no por Licitación sino por Contratación Directa (fundamentalmente, los Decretos 319, 1.735 y 1.911 del 2004 y sus normas vinculadas; que llevan anexos de más de mil páginas); y la gestión se ha convenido a través los mismos bancos organizadores y colocadores que durante la década del ´90 estuvieron lucrando con la Deuda Pública Argentina.

Los números de la deuda

Conforme las últimas informaciones oficiales – al 30.9.04 - el Estado Nacional tiene una Deuda de 182.500 millones de dólares, de los cuales cerca de 82.000 (exactamente 81.800) están en default, es decir, en cesación de pagos.

A los fines del nuevo Megacanje, estos 82.000 millones, más unos 22.000 de intereses atrasados impagos acumulados desde Diciembre del 2001, dan el total a reestructurar, que es de 104.000.

Cabe observar, sin embargo, que tales intereses – que son los intereses capitalizados por anatocismo (o sea, intereses que se suman al Principal y van a devengar luego nuevos intereses) – acumulan así una cifra mucho mayor a la declarada por el propio Ministerio de Economía, ya que a esa fecha el Boletín Fiscal sólo computaba atrasos por este concepto de 13.000 millones de dólares (9.000 millones menos que las cifras del megacanje).

Poco tiempo después de la Oferta a los Acreedores hecha en Dubai, EAU (Setiembre del 2003), en la página web de Economía se editó un Ejercicio de Sustentabilidad de la Deuda Pública , por medio del cual se trataba de demostrar la capacidad de repago de nuestro país, en sus lineamientos generales.  Esta información fue luego retirada y hoy, después de la nueva Oferta de Junio del 2004, en su lugar aparece la leyenda “página en construcción”.

El gobierno Kirchner no ha demostrado la capacidad de pago argentina para poder atender al pago de la nueva Deuda después del canje de bonos en default. Tampoco ha informado a la Opinión Pública ni al Congreso de la Nación sobre estos datos sensibles que, por otra parte, tampoco aparecen explicados o aclarados en la Ley de Presupuesto 2005.

Hay dos datos clave para evaluar, en principio, los previsibles resultados del Megacanje del gobierno Kirchner: a) estimar el nuevo saldo de Deuda pública resultante después de la operación (que vamos a ver a continuación), y b) proyectar el piso de intereses a pagar en el futuro (que analizamos en el próximo acápite).

Para determinar el stock de Deuda luego de la “salida del default” - es decir, con qué saldo de Deuda nos quedamos después del Megacanje - vamos a utilizar un procedimiento de estimación o deducción de montos, basándonos en las propias cifras oficiales, para acercarnos a esos números de la Deuda.Suponiendo que el porcentaje de aceptación del nuevo megacanje sea favorable a las autoridades en un 75%, ello significa que de los 82.000 millones de dólares de Capital, unos 20.000 – el 25 - queda afuera y, por consiguiente, permanece como Deuda a su Valor Nominal, que presumiblemente será reclamado por Juicios contra el Estado.

Si incluimos los Intereses atrasados - que se capitalizan con la refinanciación de esa Deuda – tomándolos en forma proporcional al Capital o Principal, las cifras de participación o no del canje son: 78.000 millones de dólares que entran (el 75% de 104.000) y 26.000 millones que quedan afuera (el 25%).

El cálculo del Stock de Deuda Pública después del Megacanje Kirchner – en números redondos - sería entonces el siguiente: 182.000 millones al 30.9.04 menos 104.000 de retiro de bonos viejos (incluidos sus intereses atrasados) más 42.000 de emisión de bonos nuevos más 26.000 de títulos que no entraron en la operación (también con sus intereses atrasados) = 146.000 millones de dólares.

O bien, lo mismo expresado en forma más simple: 182.000 millones de stock actual menos 78.000 de bonos viejos más 42.000 de bonos nuevos igual a 146.000 millones. Esto es, que la Deuda Total sólo habría bajado – inmediatamente después del canje – un 20 % (correspondiente a unos 36.000 millones, producto de la diferencia entre 182 y 146 mil millones).

Pero con el agravante que los nuevos bonos capitalizan parte de los intereses a devengar durante los 10 primeros años (entre el 2005 y el 2014), por un importe total que – según un trabajo de Mario Cafiero y Javier Llorens – sumaría unos 17.000 millones de dólares durante el decenio.  Con lo cual nos encontramos que la reducción o quita de Deuda deviene no relevante en lo inmediato y menos aún en su evolución durante los próximos años.

De lo dicho resulta que el porcentaje verdadero de descuento nominal de la Deuda en default es del orden del 51 % (42.000 de nuevos bonos sobre 82.000 de bonos viejos), que su incidencia sobre el total de la Deuda sería poco significativa en valores constantes, y que el monto de la Deuda Pública , después del canje, resultaría equivalente al Producto Bruto Interno (que es hoy de unos 150.000 millones de dólares).

La cuestión de los intereses

El segundo punto importante a considerar es el peso futuro de los intereses a pagar por los nuevos bonos, que pesan directamente sobre las Finanzas del Estado a través del Gasto Público. La clave del negocio de los Acreedores fuertes – los Bancos, Inversores Institucionales y Fondos de Capital de Riesgo (“fondos buitre”) – reside no sólo en lograr del Deudor un aumento en los Servicios de Intereses a pagar de la Deuda sino, especialmente, en obtener además una revalorización del Capital a través de la cotización de los nuevos títulos.  Y como esos nuevos bonos devengarán intereses crecientes, el servicio de la Deuda , sólo por este concepto, se mantendrá lo suficientemente lucrativo desde el punto de vista financiero.

Hoy los bonos argentinos en default se cotizan comparativamente alto – algo más de un 30% en promedio – mientras que en la época del Plan Brady (1992/93) llegaron a valer menos del 15%.

El valor de mercado de los títulos argentinos resulta así artificialmente elevado en función de la real capacidad de pago del país, ya que la Argentina no puede amortizar Capital o Principal de la Deuda y que, hoy por hoy (Presupuesto 2005), sólo paga menos de una tercera parte de los Intereses anuales devengados.

En efecto, a la Argentina le caen unos 11.000 millones de dólares por año (182.000 millones de dólares de Deuda Total a una Tasa de Interés promedio superior al 6 %) que, si se pagaran, representarían más del 40 % del Gasto Público ( 11.000 a 3 $ por dólar = 33.000 millones de pesos, sobre un Gasto de 77.500 millones).

En el presente Ejercicio – 2005 – está previsto pagar, sólo por concepto de Intereses de la Deuda Pública (no por amortización de Capital) 9.600 millones de pesos, equivalentes a 3.200 millones de dólares; es decir, algo menos del 30 % de los Intereses totales.

Aunque el Gobierno logre, con el Megacanje, una rebaja relativa en las tasas de interés a pagar por la nueva Deuda, la Argentina se quedaría siempre con un “piso” de intereses anuales que no baja de los 8.500 millones de dólares/año (más de 25.000 millones de pesos, equivalentes al 33% del Gasto Público).

Y como la parte de los Servicios de Intereses de la Deuda que no se pagan se capitalizan por anatocismo, nuestro país – después del “arreglo” con los Acreedores - terminaría así pagando más intereses y/o capitalizando más de la mitad de esos intereses. Con lo cual el Estado Argentino seguiría en virtual cesación de pagos porque un Deudor que no puede amortizar Capital o Principal y que no llega a pagar ni la mitad de los Intereses (como ya venía ocurriendo antes del año 2000) continúa estando en default.

La única diferencia es que el artificio coordinado con los Acreedores del país – la refinanciación perpetua de una Deuda impagable – permite mostrar a la Opinión Pública desinformada una imagen de supuesta mejora dentro de la Crisis de Deuda permanente. Lo hemos dicho muchas veces, y lo repetiremos hasta el cansancio: la Lógica de la Usura no reside en “apretar” al Deudor para que pague más allá del extremo de lo que puede, sino en estrangularlo financieramente, en tenerlo siempre con “la soga muy corta” con el pago indefinido de intereses para que el Deudor nunca pueda dejar de ser Deudor. La Deuda deviene entonces una Deuda Perpetua y los Intereses se convierten en el precio interminable de la Servidumbre Financiera.

La trampa de la ley cerrojo

En los últimos días el Poder Ejecutivo envió al Congreso un Proyecto de Ley que fue presentado como un signo de “dureza” por parte del Gobierno Kirchner frente a los Acreedores y que consiste, entre otras cosas, en prohibir la reapertura de la Oferta de Canje hecha a los Acreedores de la Deuda en default después de su fecha de vencimiento, el 25 de febrero.

Este proyecto fue aprobado por ambas cámaras en tiempo récord y por amplia mayoría, pese a que el Ministerio de Economía no ha dado información al Congreso sobre la Operación de Canje y su capacidad de repago, la que - como hemos visto - presenta graves interrogantes en cuanto a su posibilidad de cumplimiento.

El problema de fondo aquí es que, con el argumento de una pseudos- “medida de fuerza” (el posible freno a una mejora de la propuesta) el Gobierno Kirchner obtiene así la convalidación implícita de la Operación por el Congreso. El hecho que ahora exista una Ley que respalda lo actuado deja ratificado por el Congreso lo gestionado unilateralmente por el Poder Ejecutivo – ya sobrefacultado por la prórroga de la Ley de Emergencia Económica, por las facultades especiales de la Ley de Presupuesto 2005, por la discutible interpretación del Articulo 65 de la Ley de Administración Financiera y por los abusos del Artículo 99 incisos 3 y 1, que le permiten respectivamente al Gobierno actuar a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y de operar en nombre de la “Administración general del país” – de modo que se convalida así el “cheque en blanco” del Parlamento al Poder Ejecutivo y se le ofrece una mayor garantía jurídica adicional a los Acreedores sobre una Deuda cuya capacidad de pago no está demostrada; y cuya cuestionable legitimidad de origen se ha rehusado ponerla en duda.

Por eso, la Cuestión de la Deuda no es sólo un problema inherente al Gobierno sino a la Clase Política en general; y fundamentalmente a los Partidos Políticos con representación parlamentaria. Esta “ley cerrojo” ha sido vendida a la Opinión Pública como una muestra de “dureza” que, en la práctica, enmascara concesiones de la Administración Kirchner a favor de los acreedores especulativos.

Porque, en este momento, se estaría produciendo una segunda gran estafa a los tenedores minoristas de bonos – pequeños ahorristas, mayoritariamente italianos, japoneses, alemanes y argentinos – que estarían vendiendo sus títulos desvalorizados a grandes inversores especulativos, que los compran para ser ellos los que entren a negociar su adhesión o no al megacanje antes de su vencimiento el 25 de febrero.

Se trata, en realidad de una segunda estafa: la primera fue cuando los Bancos – caso típico: Italia – les “encajaron” los bonos argentinos a los ahorristas antes de la segura cesación de pagos de la Argentina. Entonces se los vendieron a valor nominal (100), cuando sabían que el país iba inexorablemente al default. Y ahora se los compran a 30, que es el valor promedio de cotización de Mercado, con la previsión del rescate y la revalorización futura.

Aunque no está dicha la última palabra a este respecto - porque no se tiene información suficiente - lo cierto es que la “ley cerrojo” no asusta ni frena a los grandes inversores especulativos, porque saben que el Prospecto presentado ante las Comisiones de Valores de otros países por los nuevos bonos no se compadece con los términos de la nueva ley y que este instrumento no serviría entonces para ser presentado ante tribunales extranjeros.

Entonces, en la práctica, pareciera que esta Ley cubre, entre otros, dos objetivos centrales no declarados pero presentes cuando se trata de temas difíciles dentro de la gestión de Gobierno:

·Uno, es dar la citada imagen de dureza de la Administración Kirchner , enmascarando aprobaciones parlamentarias implícitas y concesiones adicionales a los Acreedores (fundamentalmente, la garantía jurídica parlamentaria de la Oferta de Canje); y

-El otro, es atemorizar no ya a los poderosos especuladores financieros – que controlan realmente este proceso de canje en función de sus intereses – sino a los pequeños tenedores de bonos, empujándolos fácticamente a la venta de sus títulos a los mismos bancos o entidades financieras que los estafaron.

Con el agravante que, de ser así, el Gobierno Argentino estaría convirtiéndose en cómplice de esta segunda estafa a los bonistas.

La Argentina se encuentra en vísperas de la más grande operación financiera de su Historia y una de las más altas operaciones de reestructuración de Deuda Pública en el Mundo.