La irresuelta retención de la Fragata Libertad en un puerto de Ghana combina la defensa del Gobierno a uno de sus grandes aciertos, la reestructuración de la deuda en default, con una impericia diplomática elocuente y una interna a varias bandas dentro de la administración nacional.

Después de que en el trágico 2001 el coeficiente de la deuda externa argentina alcanzara el 166% de su PBI y propiciara el default, el kirchnerismo encaró una ambiciosa reestructuración en dos etapas, en 2005 y 2010, que llegó a incluir al 92% de los tenedores de bonos. Tras ese proceso, al 31 de diciembre de 2011, la deuda pública bruta se redujo al 42% del PBI.

La reestructuración se realizó prácticamente sin reglas de juego para ese tipo de operaciones, ni antecedentes equivalentes, frente a acreedores que poseían 152 tipos de bonos, emitidos bajo seis monedas y ochos legislaciones jurídicas distintas. Según indicó el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, quedaron fuera del canje 3.600 millones de dólares de los cuales sólo el 8,2 por ciento, alrededor de 300 millones de dólares, pertenecen a ciudadanos estadounidenses y el resto está en manos de fondos de inversión, denominados fondos buitres.

En el caso argentino los fondos involucrados son NML Capital y EM Ltd. El NML, comandado por el financista estadounidense Paul Singer, es el que presentó un embargo ante la justicia de Ghana para retener a la Fragata Libertad. En tanto EM Ltd. es presidido por el multimillonario Kenneth Dark. Ambos acaban de perder un pleito en Suiza, donde el Consejo Federal rechazó un planteo para embargar fondos del Banco Central depositados en el BIS (Banco Internacional de Pagos de Basilea).

Estas entidades financieras se ocupan de comprar papeles a bajo costo de economías en problemas —como la Argentina de 2001 o la Grecia actual— y luego accionar judicialmente para el cobro total de los bonos más los intereses por los años adeudados. Una posibilidad, como hicieron otros países, es negociar con esos fondos y dejar atrás el fantasma de la cesación de pagos, pero el Gobierno acaba de rechazar de plano cualquier tipo de negociación y buscará revertir el fallo de la Justicia ghanesa.

Roce diplomático e internas

Ghana firmó la Convención de Viena y la Convención Internacional sobre el Derechos del Mar, que dice que los buques de guerra están protegidos por la inmunidad diplomática, pero un juez ghanés determinó recientemente que Argentina cedió esa inmunidad cuando emitió los bonos que hoy detenta NML. Si bien la presidenta Cristina Kirchner admitió que el país resignó "la inmunidad" de los bienes públicos cuando emitió deuda bajo jurisdicción extranjera, la estrategia jurídica argentina consiste en reclamar la inmunidad de la fragata.

En ese marco, el canciller Héctor Timerman cuestionó al gobierno ghanés por no haber logrado una reversión del fallo —en lo que sería una intromisión de un poder sobre otro—. Además anunció que se agotará la instancia judicial, pero el lunes próximo planteará el tema ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Ghana es una ex colonia británica, miembro actual del Commonwealth, con cierta reputación internacional a partir de esa afinidad con el Reino Unido, y en pleno proceso electoral.

En la organización del viaje, el vicecanciller Eduardo Zuaín recomendó no pasar por puertos europeos, precisamente por la acechanza de los fondos buitres, pero no objetó el cambio de Nigeria por Ghana, recomendado por la Armada. "Esto refleja dos cosas. Primero que no se leyó bien qué tipo de país es Ghana y segundo: si estuviéramos en otra situación internacional seguramente un llamado a (la jefa de la diplomacia estadounidense) Hillary Clinton hubiera resuelto la cuestión", consideró un ex vicecanciller en diálogo con este columnista.

El caso de la fragata despertó la solidaridad de la región y la indiferencia de los países centrales. No hay aislamiento internacional pero sí una diplomacia incompleta. Una muestra de esa polaridad es que la Argentina acaba de ser electa por novena vez —y prácticamente sin objeciones— como miembro no permanente del estratégico Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2013—2014. Y ahí llevará la queja. Los cuestionamientos en el ámbito diplomático no son ajenos a las internas que este caso se encargó de azuzar dentro del Gobierno.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cristina Kirchner encargó una jubilación anticipada de embajadores con el fin de poner a la diplomacia argentina en línea con el "modelo". Esos miembros de La Casa, como se conoce a la Cancillería, ahora pasan la factura de la falta de experiencia de los promovidos o recién llegados. Por su parte, las autoridades del Palacio San Martín acusan a la Armada de haber ordenado un erróneo cambio de itinerario de viaje, e incluso sospechan que la modificación fue adrede para perjudicar al Gobierno.

Si bien no son los únicos casos de pases de factura internos, por ahora los fusibles del incidente se concentraron en el Ministerio de Defensa, a cargo de Arturo Puricelli. Renunciaron la jefa de Inteligencia Militar, Lourdes Puente Olivera; el jefe de la Armada, Carlos Alberto Paz, y fueron desplazados dos marinos de rangos más bajos. El propio ministro puso su renuncia a consideración de la Presidenta, aunque este sábado apareció junto a Timerman en el anuncio de que la Fragata será evacuada y el conflicto, girado a la ONU.

Puricelli sufre un embate de su antecesora y actual titular del área de Seguridad, Nilda Garré, quien le recrimina que haya distendido su plan de control político sobre las fuerzas. No obstante, el número 2 de Defensa sigue siendo Alfredo Forti, un hombre que designó la entonces ministra en 2007. Forti y Zuaín volvían este fin de semana de Ghana, adonde fueron a intentar destrabar la situación. Sin resultados a la vista, los próximos pasos a seguir están en análisis del equipo jurídico de la Cancillería a cargo de Susana Ruiz Cerrutti. Más allá de eso, en el Gobierno hay mar de fondo.

Gabriel Profiti
Agencia NA