Finalmente dictaron la falta de mérito para Hugo Tognoli, Jefe de la policía santafecina, quién fuera acusado de proporcionar información a un presunto narcotraficante en la Provincia de Santa Fe. No obstante ello, faltan investigaciones para que le dicten el sobreseimiento, que significaría la desvinculación definitiva del caso, pero se podría decir que es el primer gran paso que desarmaría la “Operación Santa Fe” como algunos llamaron a esta movida política del oficialismo contra su mayor amenaza política: Hermes Binner y el FAP.

Esto sería el comienzo del fin para la desestabilizadora maniobra oficialista para con el Socialismo Santafecino, que tuvo su momento cumbre de la semana cuando el presidente del PJ santafecino, José Luis Freyre, pidiera la intervención de la provincia manifestando lo siguiente: "No hay control político sobre la policía de Santa Fe. Santiago del Estero fue intervenida por un conflicto mucho menor. Si el Gobierno nacional quiere intervenir la provincia parece que tiene elementos judiciales e institucionales como para hacerlo".

Todo ello iniciado por el gobierno nacional por intermedio del diputado Agustín Rossi, que sugirió que el Socialismo debería hacer una autocrítica de su gestión; idea que fue secundada por el diputado Andrés “Cuervo” Larroque en plena sesión de diputados (que trataba el voto a los 16, y nada tenía que ver con el tema) tildando de “narcosocialismo” al gobierno electo de la Provincia de Santa Fe que conduce el gobernador Antonio Bonfatti; en lo que fue una de las acusaciones más groseras e impunes de la historia de la cámara de diputados.

Asimismo, el “vamos por todo” que pregona el oficialismo, queda diezmado por la decisión de la justicia; dejando en evidencia los valores antidemocráticos que caracterizan a los integrantes del gobierno nacional, que tienen como finalidad acabar con su más importante competidor, y quedarse con una de las pocas provincias que todavía le dan la espalda al oficialismo.

De todas maneras no deja de ser preocupante las maniobras políticas y propagandísticas realizadas por el kirchnerismo, y como una mentira, con ayuda de todo el aparato que siempre ostentó el peronismo en el país, puede instalarse como una verdad en el inconsciente de quién la recibe.

Es innegable que el narcotráfico se encuentra instalado en nuestro país, arraigado desde hace décadas y con ayuda de los gobiernos nacionales de turno, pero echar culpas de ello a un gobierno provincial perteneciente a uno de los partidos más “limpios” de nuestro país, es poco menos que una burla.

No es menos peligroso que se hable de una intervención en un país donde existe un estado de derecho, y donde la democracia es un baluarte perfectible en estos tiempos. Es verdad que la misma es una herramienta constitucional, pero es utilizable en situaciones de emergencia y no para maniobras políticas. Parece que este gobierno ha hecho práctica habitual de las herramientas constitucionales de emergencia, como los DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), y solo esperemos que no haga lo mismo con las intervenciones provinciales.

Nicolás Cavanna