La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley la reglamentación de la figura del per saltum, norma impulsada por el Gobierno para llevar directamente a la Corte Suprema la disputa con el Grupo Clarín por la aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales.

El bloque oficialista, junto a los espacios aliados, obtuvo los respaldos suficientes para aprobar la norma, más allá del rechazo de todo el arco opositor. Así, luego de siete horas de debate, la ley se sancionó con 135 votos afirmativos y 95 negativos.

El recurso extraordinario denominado per saltum habilita a la Corte a intervenir en causas judiciales sin que se hayan superado todas las instancias procesales inferiores y en casos de "notoria gravedad institucional", aunque el oficialismo ya anticipó que recurrirá a esta herramienta para la demanda presentada por el Grupo Clarín contra el artículo 161 de desinversión de la ley de medios, al considerar que es inconstitucional.

"Quiero decir claramente que es lo que estamos discutiendo: Clarín no está detrás de la libertad de prensa, ni la libertad de expresión. Lo que defiende es una situación hegemónica, una posición dominante que le ha dado un poder que está defendiendo, un poder que lo ha utilizado para condicionar en los últimos 30 años de la democracia argentina", aseguró el jefe de la bancada del FpV, Agustín Rossi.

Al cerrar la discusión, el santafesino sostuvo que el Grupo Clarín "va a intentar seguir estirando tres o cuatro años más" con medidas cautelares el artículo 161 de la ley de Medios sobre la desinversión, para "el no cumplimiento efectivo" de la norma. A la vez, Rossi se refirió a la protesta del 8N y destacó que esa manifestación "tuvo demandas, pero ahí no había nadie pidiendo por trabajos, por vivienda, por mejor educación, por salud, por derechos humanos".

"Todas esas cosas las construyó el gobierno argentino, le hemos puesto un techo altísimo a la discusión en el país", agregó el diputado. A su turno, el titular del bloque de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, enfatizó: "Esta va a ser la ley Clarín, la ley del 7D". El radical consideró que "esto no es la pluralidad de voces, es la voz del Gobierno" y sostuvo que se "trata de imponer un monopolio gubernamental de comunicación".

De todas formas, admitió que no es un proyecto "inconstitucional, porque el Congreso puede regular a la Corte". La sesión comenzó con la defensa del texto a cargo de la diputada kirchnerista, Diana Conti, quien cuestionó el "gobierno de los jueces", que -según dijo- "frenan la voluntad popular".

Antecedentes

El recurso del per saltum, que permite saltear instancias judiciales y llevar un caso directamente a la Corte Suprema, adquirió relevancia en la década del `90, cuando el entonces presidente Carlos Menem privatizó Aerolíneas Argentinas y los aeropuertos. En ese momento, la figura del per salum fue visible cuando el entonces diputado del PJ no oficialista, Moisés Fontela, presentó un amparo para que la Justicia frenara la licitación para la venta de la empresa Aerolíneas.

El argumento del legislador, integrante del denominado Grupo de los Ocho, fue que había sospechas de una supuesta maniobra de vaciamiento de la compañía. Ante ese pedido, el juez de primera instancia, Oscar Garzón Funes, hizo lugar y solicitó un informe al entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi. El funcionario rechazó el recurso y se presentó ante la Corte Suprema, que luego pidió el expediente para su estudio.

Dos meses después, el máximo Tribunal -con la actuación de la llamada "mayoría automática"- dictó una sentencia definitiva que dio vía libre al proceso que impulsó el menemismo. El proyecto que se trata en el Congreso, que impulsa el Gobierno nacional, establece que podrá ser aplicado en "causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional".

Agencia NA y Redacción de TDP
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