Nunca en la historia argentina el Poder Judicial fue tan vapuleado como en la era kirchnerista. Las presiones hacia los jueces y el disciplinamiento de los magistrados a través del Consejo de la Magistratura fueron tan evidentes como descarados. Escandalosamente se hicieron públicas las exigencias y admoniciones del poder político hacia los jueces, llegándose al extremo de conocerse abiertamente las andanzas de Javier Fernández, auditor General de la Nación, que se constituyó en el operador de la Casa Rosada, siendo habitual su paso por los juzgados federales instalados en la Avda. Comodoro Py. Todo ello sin que se sonrojasen oficialistas ni supuestos opositores.

Las diatribas de la Hebe de Bonafini denostando a los miembros de la Corte Suprema de la Nación fueron toleradas por una sociedad anestesiada, una connivente oposición y la cobardía de la mayoría de los jueces que hicieron oídos sordos.

Evocar, una vez más, la genuflexión de jueces y fiscales que desestimaban sistemáticamente denuncias por corrupción y enriquecimiento ilícito de los funcionarios K, resulta tan mortificante como estéril.

El paradigma de la justicia federal criminal y correccional corrupta está representado por el todavía juez Norberto Oyarbide, quien raudamente se apresuró a cerrar la denuncia que presentó quien escribe estas líneas por enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial. Esa noticia dio la vuelta al mundo y será recordada como la más escandalosa jurisprudencia que hizo avergonzar a jueces probos y ejemplares que existen y que son mayoría en el Poder Judicial.

Por eso, cuando en simultaneo se conoció la condena a Felisa Miceli por el escándalo de la bolsa de dinero hallada en su baño ministerial, el pronunciamiento de la Corte Suprema rechazando el per saltum del gobierno y su pretensión de dejar sin efecto la medida cautelar a favor del Grupo Clarín, no solo fue la aplicación lisa y llana de la ley sino también una especie de revancha por las afrentas recibidas.

La actuación de la nueva procuradora Alejandra Gils Carbó ( que tuvo que hacer un papelón semejante al que de “El Chango” Da Rocha cuando se lo obligó a formalizar un recurso extraordinario improcedente desde su cargo de Procurador del Tesoro en el escándalo del uso de fondos del Banco Central para responder a gastos ordinarios del clientelismo político K, avalando planteos inconsistentes del gobierno) dejo en claro que la nueva funcionaria es capaz de cualquier cosa y en este caso, aun peor que Daniel Reposo, pues ella sí tiene formación académica e idoneidad profesional, lo cual la torna aun más peligrosa, ya que no es lo mismo la maldad de un tonto a la maldad de un inteligente que a conciencia tergiversa la verdad y manipula la ley. A este extremo de cooptación y degradación personal lleva el kirchnerismo a personas de bien.

Aunque los tres poderes del Estado y su equilibrio son fundamentales para la vida en democracia, es indudable que el Poder Judicial representa el último bastión que tiene el ciudadano para la defensa de sus derechos ante los abusos de los gobiernos de turno y es el único que recompone la paz social interviniendo en los conflictos entre las personas. La dependencia del Poder Legislativo actual frente a las presiones del Poder Ejecutivo, destruyeron el prestigio de los legisladores y expuso la intolerancia de los circunstanciales habitantes de la Casa Rosada que hoy pretenden eternizarse en su cargo.

El kirchnerismo destruyó y subvirtió las instituciones, degradando al máximo las leyes. Persiguió y desarticulo a las Fuerzas Armadas, generó negocios turbios con su política de derechos humanos, aniquiló la cultura del trabajo en su política clientelar captadora de votos, llegando al extremo de habilitar a menores para decidir mediante el sufragio quiénes serán nuestros gobernantes e hizo del manejo de la caja una herramienta de premios y castigos.

Ahora, cuando la Justicia parece ponerse de pie, comienza una nueva gesta del modelo: el Poder Judicial es el enemigo. Obviamente se refiere a esa porción minúscula pero dañina de jueces idóneos y valientes que aplican la ley y la Constitución Nacional que juraron defender, pero como el kirchnerismo necesita ir creando adversos en forma permanente, todo el aparato propagandístico integrado por los medios alimentados con dinero público, potenciará esta nueva batalla a niveles de epopeya.

Hay que recordar que la asociación ilícita que nos gobierna desde el 25 de mayo de 2003 solo podrá ser tambaleada desde adentro, considerando que desde afuera es imposible provocarles daños estructurales. De las peleas internas, las más numerosas por el reparto del botín antes que por diferencias de principios, surgirá información sensible que pondrá en evidencia el alto grado de organización y corrupción de los miembros de esta banda usufructuaria del poder. De antología fueron las declaraciones de Sergio Schoklender una vez destapado el fraude del programa Sueños Compartidos de Madres de Plaza de Mayo S.A., y tan bien jugo sus fichas que aún permanece en libertad no obstante haber sido cómplice de un desfalco varias veces millonario. También fue Miceli, recreando la estrategia de doña María Julia Alsogaray, quien amenazó con prender el ventilador y, sin anestesia, sostuvo que fueron muchos los funcionarios que zafaron de otros tantos casos de corrupción, convalidando un secreto a voces y una inconsistente defensa de su inconducta.

Tales sincericidos relevan de comentarios.

Lo triste, es que no hay reacción ni de los ciudadanos ni de quienes dicen ser sus representantes, por eso los recientes pronunciamientos judiciales ponen freno al ansia kirchnerista y hacen sentir a más de uno que no todo está perdido.

Enrique Piragini