En el inconsciente colectivo existen imágenes que quizá no advertimos y que han pasado a ser naturales sólo porque nunca reparamos en advertir la magnitud de la desgracia humana que representan. Para traerlas al consciente, desde el océano cultural almacenado en el cerebro, basta citar tan sólo una frase: “Todos, tenemos al menos una persona conocida, que tiene un niño anotado a su nombre, como si lo hubiera parido”.

Esta cuestión, a pesar que podría considerarse una transgresión moral, o incluso estar registrada en nuestra mente como un acto de caridad por confusas inducciones religiosas, no es más que una de las degradaciones humanas más graves, una reducción a la esclavitud por cuanto la rapacidad de lo ajeno, incluido el hijo de otra persona, es violencia irreparable.

No existe madre que se precie de tal, que pueda serlo quedándose con un hijo de otra, ya que tal acto, compartiría más estereotipos delictivos y egoístas que las características amorosas de quién pretende ser llamada mamá.

La solución para ello es la adopción, un instituto jurídico que separa la barbarie del que puede disponer de los hijos de cualquiera tan sólo por ser más fuerte, del rol de mamá o papá refrendado por una comunidad que avala el rol de tal manera, que puede visibilizarse y ostentarse ante los cuatro vientos.

Con esto, tan sólo nos referimos a personas que sustraen niños para hacerlos cumplir roles de hijos en sus casas. La otra, la de la perversión del tráfico y la trata de recién nacidos para fines inconfesables, marcan una gravedad de tamaña injusticia social que ninguna sociedad que se precie de soberana, puede aceptar.

El derecho a la preservación de la verdadera identidad de origen y la paz que significa vivir en un país que nos merezca, deben ser los objetivos políticos para encarar la verdadera lucha contra el tráfico humano en la nación que hayamos elegido para vivir con nuestros hijos, y esa es la obligación que estamos autorizados a reclamarle a los que tienen la decisión política de velar por nuestro presente y asegurar nuestro futuro.

Cómo reaccionan los miembros del Congreso ante el tráfico, la trata y la adopción de bebés

Frente a tanta gravedad, nos pareció oportuno mostrar con nombres y apellidos una recopilación de datos que patentizan la conducta de miembros o allegados al Congreso argentino, cuando alguna autoridad, incluida la propia Presidenta de la Nación, propone el abordaje de esta temática.

A partir de esta nota, podrá comprenderse porqué el instituto jurídico de la adopción está en extinción, cuáles son los verdaderos motivos por los cuales usted quiere adoptar y no puede, y dos preguntas esenciales: ¿Por qué a pesar de conocer fehacientemente el gobierno nacional sobre el tráfico y la trata de bebés nunca hizo nada? Y además, ¿por qué la Presidenta de la Nación, hace dos años prometió enviar al Congreso un proyecto de modificación de la ley de adopción, según sus creencias, para terminar con la trata de bebés y hasta ahora nunca lo hizo?

Hay que recorrer rápidamente qué hicieron y hacen algunos de ellos frente a esto.

Beatriz Rojkés de Alperovich

Actual senadora nacional y tercera en la línea de sucesión presidencial. Ante una radio de Tucumán, el día 18/02/2011, reconoció el tráfico de niños y dejó esta situación tan sólo como un comentario de una declaración radial.

Fue fundadora, en el año 1997, de una organización no gubernamental en Tucumán, llamada PIBE, que a pesar de que su misión era la de buscar niños desaparecidos, nunca encontró ninguno.

Finalmente, su organización fue cerrada por ella misma tras el descrédito público al quedar a la vista algunos delitos, que por supuesto fueron sobreseídos, relacionados con la recepción de “subsidios directos” de su fundación, por parte del Ministerio de Economía de la provincia de Tucumán, cuando su esposo José Alperovich, actual gobernador, era ministro de esa cartera, durante el gobierno de Julio Miranda.

Obsérvese cómo aún hoy sigue la venganza con los funcionarios de aquella época, que opinaban que a estos personajes, por estos delitos, les correspondía cárcel.

Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero

Gobernador de la provincia de Santiago del Estero, quien públicamente y frente al plenario de las Cámara de diputados y senadores de su provincia, el 01/05/2005 dijo textualmente: “De cada 10 niños que nacen en la provincia, sólo 2 o 3 son registrados”. A pesar de estas graves declaraciones, que implican un reconocimiento público del tráfico humano, no hizo nunca nada al respecto.

Se negó a recibir a la Fundación Adoptar, a pesar de nuestros 19 pedidos oficiales de audiencia en las que pretendíamos informarle sobre la situación dramática de compra venta de bebés que ocurren, incluso en estos momentos, en su provincia.

Ambas Cámaras provinciales, a las cuales estaba dirigido el mensaje, tampoco hicieron absolutamente nada. La situación en el año 2013 es gravísima, por cuanto Santiago del Estero se ha transformado en uno de los tres supermercados de venta de recién nacidos, en donde se paga hasta 90.000 dólares por varón de tez blanca.

El juez Álvaro Mansilla, que recibió nuestras denuncias penales, sobreseyó a todos los que habíamos señalado como traficantes, sin siquiera haberlos citado a declarar.

El sector de archivo del Hospital Regional de Añatuya, donde desde la Fundación habíamos señalado que se encontraban la mayoría de las pruebas de nacimiento y apropiación de criaturas ejecutadas por las bandas hospitalarias, el día 19/02/2012 fue incendiado intencionalmente, según los propios informes de bomberos de la ciudad.

Pablo Lanusse

Del 01/04/2004 al 10/12/2005 fue designado Interventor Federal de Santiago del Estero, a propuesta del expresidente Néstor Kirchner, cuestión que luego confirmó la Cámara de Diputados de la Nación, desplazando a Mercedes Aragonés de Juárez por corrupción, en ese momento gobernadora.

En los 20 meses que estuvo como autoridad máxima en esa provincia, nunca ni siquiera informó sobre el alarmante tráfico de bebés en la zona. Luego de su actuación y su regreso a Buenos Aires, quedaron perfectamente conservados todos los sistemas de violencia y corrupción en esa provincia, los cuales, paradójicamente habían sido los motivos de la intervención.

Ivana María Bianchi

Es Diputada Nacional por la Provincia de San Luis, perteneciente al peronismo de base y cronológicamente, a sus pares les presentó los siguientes cuatro proyectos de declaración.

-Año 2006. Expediente 2852-D del 30/05/2006. Pide al cuerpo se declare: “La preocupación de este cuerpo legislativo por las numerosas denuncias por sustracción y tráfico ilegal de recién nacidos registradas recientemente en la ciudad de Añatuya, provincia de Santiago del Estero”.

-Año 2009. Expediente 3424-D del 21/07/2009. Pide al cuerpo se declare: “Expresar preocupación ante una red de tráfico de bebés en la provincia de Santiago del Estero”.

-Año 2010. Expediente 1388- D del 23/03/2010. Pide al cuerpo se declare: “Expresar preocupación ante una red de tráfico de bebés en la provincia de Santiago del Estero”.

-Año 2011. Expediente 0707-D del día 15/03/2011. Pide al cuerpo se declare: “Expresar preocupación por la existencia de una red de tráfico de bebés en la provincia de Santiago del Estero”.

A pesar que los cuatro proyectos de declaración que fueron recibidos por la Cámara de Diputados de la Nación y enviados por ellos mismos a las Comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer, Niños y Adolescentes, ninguno de estos sectores emitió opinión ni gestionaron ningún proceso interno sobre el particular ni se expidieron al respecto.

Graciela Bar

Siendo Senadora de la Nación, representante por la provincia de Entre Ríos y perteneciente a un territorio enclavado como la primera fábrica de bebés, presentó el Proyecto de Declaración S–33/07, del año 2007, en el cual propone la adhesión de los senadores en su beneplácito por la obtención del Premio Internacional de Periodismo Rey de España para la Prensa Escrita, por parte de los periodistas Silvia Heguy y Julio Rodríguez, quienes publicaron la investigación sobre tráfico de bebes en la provincia de Santiago del Estero. (¿?)

Néstor Kirchner

En el año 2005, apenas terminábamos nuestras investigaciones y denuncias penales en el Juzgado del Crimen de Añatuya relacionadas con el tráfico y la trata de bebés, nos dirigimos por escrito al entonces Presidente de la Nación, informándole sobre esta situación y pidiéndole apoyo para el combate de 12 bandas mafiosas que aún hoy continúan extrayendo recién nacidos a través de 12 pistas clandestinas de aterrizaje en el sureste de esa provincia.

Tan sólo recibimos el acuse de recibo de fecha 18/10/2005, firmado por Elizabeth Miriam Quiroga, directora de Documentación Presidencial.

Cristina Fernández de Kirchner

Tal vez sea preciso recordar el pequeño tramo del discurso del día 01/03/2011, durante la Apertura de las Sesiones Legislativas, en el cual pide al Congreso de la Nación la urgente modificación de la actual ley de adopciones para terminar con el tráfico de bebés.

Luego de esto, es necesario, aclarar algunos conceptos vertidos por la mandataria:

-Comenzó su discurso reconociendo la injusticia social imperante, cuando expresó: “…La injusticia social sigue siendo el gran separador, el gran negador de derechos en la actual República Argentina”. Este tramo nos generó la sensación que está asumiendo la Primera Magistratura de la República por primera vez en un gran acto frente al Congreso, cuando en realidad, la sucesión de sus gobiernos arrancan desde hace nueve años.

Posteriormente, alienta la urgente aprobación de la nueva ley de adopciones, diciendo, que dicho proyecto “no puede esperar la revisión del código civil y comercial completos”. A pesar de ello, nunca envió el proyecto prometido, sino y tan sólo dentro de una nueva promesa, ahora, en un solo paquete, con las modificaciones propuestas para las reformas del Código Civil y Comercial, que decía no querer, en orden a la urgencia del instituto de la adopción.

Luego, continuó justificando la urgente aprobación del proyecto de la nueva ley de adopciones por parte del Congreso, a pesar de ser abogada y Presidenta de la Nación diciendo: “…Para que evite que las familias, desesperadas por tener un hijo terminen cometiendo actos ilegales y beneficiando maniobras ilegales porque no pueden acceder al derecho de la maternidad”, (sic).

Estas aseveraciones, implican, más que una declaración de urgencia, una especie de apología de delito, ya que no ataca la ilicitud desde el Derecho, sino que la justifica desde el delito.

Dada la voz de quién lo dice, puede ser utilizado en el alegato final de un abogado que defienda a un cliente acusado de comprar un niño, basado en la falta de regulación normativa adecuada “reconocida” no sólo por los hechos, sino también, por la Presidenta de la Nación, frente al propio Congreso.

También es importante contradecir otro de sus párrafos: la maternidad no es un derecho, como dice la Presidenta, sino un hecho de la naturaleza, en cambio la adopción es un derecho natural regulado por el derecho positivo y de rango constitucional, ya que el superior interés del niño impone obligaciones legales de protección hacia el pequeño, en cambio el adulto, no tiene el deber de procrear.

Dos años después y ante la falta de respuestas del Congreso de la Nación, a su pedido, la Presidenta vuelve a solicitar, sin pasarles factura por la desobediencia a los legisladores, pero volviendo a justificar la aprobación del proyecto con los mismos errores discursivos.

Sinopsis de los efectos actuales de la ley de adopciones frente al tráfico y la trata de recién nacidos en la Argentina

La actual ley de adopciones efectúa entregas legales de bebés, tan sólo en un 25%. El resto, el 75%, está a cargo de transacciones comerciales de mafias instaladas en tres fábricas de recién nacidos, sumamente exitosas, por cuanto es un delito amparado por gobernadores, vicegobernadores, diputados, senadores, médicos, clérigos, monjas, famosos, millonarios, parteras, abogados, jueces, defensores de menores, empleados judiciales, jueces de paz, escribanos, sanatorios, enfermeras, directores de hospitales, registros civiles y hasta por supuesto, por omisión por los propios presidentes de la Nación de estos últimos 70 años.

Para que se tenga una idea de la magnitud del tráfico y la trata de bebés, debemos señalar que desaparecen un promedio de 12 recién nacidos por semana tan sólo del sureste de Santiago del Estero, una de estas tres productoras del país.

Siendo que la Presidenta de la Nación, el día 24/08/2006, fue informada personalmente por Fundación Adoptar sobre esta situación, se nos plantea la duda sobre si este proyecto de modificación de la ley de adopciones está convenido con los legisladores para que tan sólo quede en un discurso, por cuanto, si nos planteáramos que a la mandataria no le hacen caso, deberíamos analizar qué aplauden los legisladores cuando vivan cada palabra de la jefa de Estado.

Quizá, luego de leer éste artículo, hayamos caído en la cuenta de que debiéramos ser nosotros, no los seguidores de la Presidenta, los aplaudidores de cada cosa que diga, ya que logró hacernos espectadores pasivos de la más excelsa calidad actoral que se haya visto en una comedia aburrida, repetida, sobreactuada con el mismo guión, con idénticos actores, a un precio irreverente, en el mismo teatro y desde hace 10 años.

Julio César Ruiz
Fundación Adoptar