En el día de ayer y en nuevo intento oficial para combatir la inflación, grandes cadenas de supermercados se comprometieron con el Gobierno a mantener los precios durante dos meses, en el marco de una reunión que mantuvieron con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Una vez que expire el acuerdo, el primero de abril, podría negociarse una prórroga.

El acuerdo fue rubricado por el funcionario y directivos de Coto, Carrefour, Jumbo, Disco, Libertad, Vea y Aurora, entre otros, que forman parte de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que agrupa al 70 por ciento de la facturación total del sector y tiene buenos vínculos con el Gobierno..

El congelamiento de precios abarca a todos los productos que se venden en los supermercados comprometidos, aunque desde las cadenas supermercadistas expresaron que cumplirán el acuerdo siempre y cuando los productos no vengan con aumentos desde proveedores.

Hay que destacar que este acuerdo no retrotrae los precios de los supermercados a niveles anteriores a la escalada de de precios de los últimos meses, sino que se “congelan” a partir de los valores que marcaban los productos a partir del 1 de febrero.

El acuerdo aparece en plena negociaciones por paritarias y según ya expresaron desde diferentes sectores sindicales, no provocará que algún gremio acceda a bajar sus pretensiones salariales argumentando que ya no pueden basarse en la inflación.

Además, hay que considerar que la inflación de los últimos 12 meses supera ya el 26%, por lo tanto, aún con los precios inmóviles los reclamos salariales por parte de los gremios ya parten de una base elevada.

Tal medida, no solo confirma la inflación que se ha pretendido ocultar desde el Gobierno, sino que evita atacar la causas del aumento de precios generalizado y focaliza la inflación como una mera decisión empresarial de ofrecer productos cada vez con más aumentos.

¿Sirve?

Según recordó hoy el periodista en Economía Ismael Bermúdez para Clarín, no es la primera vez que se ensaya un acuerdo de este tipo. El anterior ya había tenido lugar en 2005, con el gobierno de Néstor Kirchner, cuando los precios minoristas se habían elevado ese año aumentando el 12,3%, el doble de la inflación de 2004.

En ese momento, el acuerdo estaba limitado a una lista de 250 productos. Luego, fue ampliada a todos los artículos de supermercado y luego se extendió a otros rubros.

Sin embargo, el acuerdo no impidió que los precios siguieran subiendo y el supuesto “control” de la inflación terminó en la intervención del organismo que lo  informaba: el Indec.

A fines de 2011, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la entrada en vigor de una ley de congelamiento de precios destinada a paliar la alta inflación del país. Las advertencias por desabastecimiento llegaron desde el sector empresarial hasta el sindical.

Citando a Lenin, acusó a las empresas de "explotar al pueblo" al impulsar los precios injustificadamente. "Por una parte, nosotros incrementamos los salarios y, de una vez, ellos inmediatamente incrementan los precios", dijo.

Dicha ley, sumada a Ley Especial de Defensa Popular contra el acaparamiento, la especulación y la usura sobre alimentos bajo régimen de control de precios, agravó los problemas de desabastecimiento de alimentos en ese país, que en la actualidad viene generando fuertes medidas por parte del Gobierno.

Recientemente, el vicepresidente de Venezuela les dijo a los empresarios que "juegan con candela" al desabastecer de productos de consumo masivo al pueblo venezolano, que éste puede enojarse y provocar un "Caracazo" y acusó a los medios de prensa privados de “promover el nerviosismo entre los consumidores para que aumenten las compras y agudizar el problema de escasez”.

José María González