En 2011, Néstor Miguel Bustamante, asesor legal de CAABPA (Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura), asumió el cargo de subsecretario de Pesca de la Nación que dejó vacante Yahuar, después de tres años de gestión. Cuando asumió, entre otras hizo declaraciones de no otorgar cupos de capturas a través de las CITC a empresas con empleos precarizados.

En la foto que ilustra esta nota se lo ve con qué afecto abraza Tony Solimeno, un campeón de la precarización laboral marplatense, triangulador de permisos de pesca en la época de Felipe Solá y poseedor de una cantidad de buques pesqueros ilegales con permisos de pesca truchos, ilegalidades todas ratificadas por la auditoría AGN-SIGEN-UBA. Solimeno pertenece al grupo CEPA (Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas) denunciado por este periodista y conjuntamente con Miguel Bustamante de patrocinante, siete años atrás, en la causa 15956 y conexas en Juzgado Federal Nº1 de Mar del Plata.

El sector pesquero no siembra pescado, no lo vacuna y no lo alimenta, solo lo cosecha. Tiene reintegros, trabajadores en negro como en el campo y los armadores son todos millonarios. Desde un simple cruce de datos entre AFIP-UIF surgirán mansiones, 4x4 alemanas y de altísima gama, viajes y cuentas en el extranjero, variadas empresas fantasmas que triangulan ventas y también sindicalistas pesqueros mojados por el derrame de riqueza acosta del trabajo argentino y del patrimonio alimentario nacional. Porque el pescado es de todos.

La miseria sembrada por estos armadores y funcionarios es criminal.

Luis Diffel cumplió 50 años cortando pescado. Tiene 67 años, pero solo tiene aportes por tres. Lo homenajearon con un festival en Plaza Italia en Mar del Plata. “Calculo que debo haber cortado unos 250 mil cajones de pescado”, saca cuentas. “Para ser rápido, primero hay que ser constante”, confiesa.

“Este hombre es un ejemplo de lo que hemos dado en tantos años. Fue el mejor filetero de Mar del Plata. Ha cortado 500 kilos de pescado por día. Haciendo un cálculo simple, este compañero ha producido ganancias por casi 5 millones de dólares”. Esa velocidad hoy le pasa facturas con una columna arqueada, cuatro operaciones de vejiga por los pólipos que se producen al estar en contacto con amoníaco, cloro, los gases que despide el pescado y la humedad en que se trabaja.

“Porque Luis todavía trabaja. Lo hace en una cooperativa trucha, en Juramento y Vértiz. No todos los días, sino dos o tres veces por semana. Según la calidad del pescado, todavía se da maña para hacer 250 kilos por día si el pescado es bueno y no se desarma. Él todavía está penando para conseguir la jubilación. “Fui a la ANSES y tenía apenas 3 años de aportes. Todos me hicieron las retenciones, pero nadie las pagó”.

Elda Taborda, su esposa, tiene 57 años y acumula 45 como obrera del pescado. Ni Luis ni Elda se pueden jubilar y todavía mendigan por una mesa disponible en alguna cueva clandestina desde donde llevar la dignidad a su hogar. Como cientos en las calles donde late la industria”.

La gente no importa: millonarios con el futuro de miles de trabajadores.

En el 2012, Fanny Barrientos fue despedida de la cooperativa Ave Fénix por estar embarazada. No existen leyes laborales para los trabajadores del pescado.

Fanny trabajaba en la Planta II de Mar del Plata, ubicada en Dellepiane y 12 de Octubre, como envasadora, en turnos que alcanzaban las 10 horas por día. Tiene 42 años, seis hijos y el séptimo en camino. Esta planta procesa pescado para 14 de Julio, un armador. En Ave Fénix por la jornada de 6 a 16 ganaba 200 pesos diarios. Una empleada bajo relación de dependencia trabaja hasta el séptimo mes de embarazo y tiene licencia hasta los 90 días posterior al parto. “Acá si no laburás no cobrás. Ni licencia, nada. Esto algún día se tiene que terminar. No pueden explotar a la gente así. Juegan con la necesidad que tenemos de trabajar”, sostiene.

Esta injusticia que llena bolsillos de funcionarios se arrastra desde 1989. acta cfp Nº 37/2009.

El Senado de la Nación cursó un pedido de informe sobre diversos temas al Ejecutivo en el año 2009. Esta acta del Consejo Federal Pesquero responde a las preguntas sobre sector de esa interpelación que recibió la Jefatura de Gabinete de Ministros. Por entonces trabajaba este periodista con el Senador José Carlos Martínez, que se fue de esta tierra en el 2011, pobre, sin honores. Hoy su familia afronta un juicio por sus denuncias de actos de corrupción en su querida Tierra del Fuego. El Senador Martínez le pidió trabajara en la formulación y selección de preguntas. Aquí la respuesta puntual de los consejeros sobre la situación de los trabajadores del Mar Argentino.

Pregunta: sobre el otorgamiento de cuotas de capturas a empresas que tienen Precarización laboral bajo el sistema de cooperativas ilegales… siendo que esto Viola el Art. 1 de la Ley 24922 Federal de Pesca.

Respuesta: La fiscalización del cumplimiento de las normas laborales se encuentra en cabeza de la autoridad administrativa correspondiente (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social). El CFP no ha recibido una impugnación concreta –como la que postula el pedido de informe lo pertinente a los datos básicos que han sido debidamente publicados- y que contempla el artículo 27 de la Ley 24.922 para la asignación de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC).

¿No ha recibido una impugnación concreta? Los Consejeros son parte, conocen esta situación pública, sus patrimonios los delata. Los consejeros y el Subsecretario de Pesca que es el presidente del CFP, son quienes otorgan las cuotas. Ellos debieran impugnar las resoluciones que aconsejan otorgar captura sobre obreros precarizados firmadas por los funcionarios de turno de la SAGPyA y no otorgarlas. Si se violan leyes laborales en pos de la caja que a ellos llega no les interesa. ¿Cuántos millones danzan para tanto silencio y ceguera? Para que se enteren: además de las denuncias que son cientos, nuestros académicos del CONICET trabajan investigando el fraude laboral que nuestros funcionarios pesqueros ocultan en su beneficio. Este párrafo pertenece a un exhaustivo informe sobre la precarización laboral en Mar del Plata en el período 1989-2010:

“Bajo el sistema de las cooperativas o el trabajo en negro, los obreros asumen directamente la forma de instrumentos del capital para maximizar las ganancias. No son sujetos para sí mismos. Sólo valen en la medida en que realicen las necesidades de los capitalistas. No pueden disponer de su tiempo como personas, sino que la empresa compra, por un precio exiguo, el tiempo de vida de los obreros. Tampoco pueden desarrollar planes para el futuro, pedir créditos, estar con su familia; en fin, llevar una vida digna”.

Los responsables de la política pesquera respondieron en bloque con una mentira que a la fecha sustenta el CFP y el Subsecretario de pesca lobista empresarial enriquecido con el dinero del hambre que generan sus patrones los armadores pesqueros. Como dato anecdótico, hay que decir que no existe registro de empresas reincidentes en violación alguna sobre las leyes laborales y los titulares de las cooperativas que contratan los empresarios. Estas cooperativas son todas truchas y funcionan cambiando continuamente sus denominaciones con el conocimiento del Ministerio del Trabajo y el Subsecretario marplatense de pesca. Todos los armadores las contratan y son parte de este robo de vida de los trabajadores y sus familias sumidas en la miseria sin obra social, sin contención alguna.

Bustamante vive frente al armador Juan Mattera, en la calle Paso, que cada tanto como a todos los armadores marplatenses, los trabajadores precarizados les queman gomas frente a sus casas al sonido de tambores que reclaman justicia social.

En el 2012, Cristina Ledesma, secretaria General del SOIP (Sindicato de la Industria del Pescado) denunció nuevamente al Ministerio de trabajo y a la Subsecretaría de Pesca por otorgar cuotas de capturas a empresas precarizadoras de filetado que como cooperativas truchas manufacturan el objeto societario de la empresa. En la denuncia, hace visible lo que el Subsecretario no quiere ver: en el puerto de Mar del Plata funcionan cientos de covachas donde trabajan como esclavos (hasta menores) sin ningún tipo de sanidad. “Las listas negras siguen vigentes en el puerto de Mar del Plata y si salís en la revista (sic) no podes encontrar trabajo nunca más”, expresaba un dirigente de la Comisión Directiva del SOIP para comprender la reticencia de los obreros a publicar su situación.

Señora Presidenta: en honor a su discurso de apertura de las sesiones del Congreso 2013, cumplo en informarle que los armadores pesqueros más ilegales del Mar Argentino se sentaron con genocidas para fundar la política pesquera nacional ilegal que hoy sigue vigente.

Con Menem-Solá lograron que los fileteros que gozaban de la protección de las leyes laborales y de seguridad social fueran lanzados a la ilegalidad en pos de la flexibilización laboral. Le pregunto con sus palabras “¿Cómo puede ser posible?” Le informo que ciudadanas y ciudadanos trabajadores del Mar Argentino no gozan de los derechos humanos que, Ud. dice, conforman uno de los pilares fundamentales de las políticas de Estado. Las denuncias de la situación de estos trabajadores del mar no se cursan a dictadores sino a funcionarios y jueces de un gobierno democrático, que según sus propias palabras es tomado como ejemplo en materia de política de derechos humanos en el mundo.

Presidenta, le reitero, tiene una mafia criminal enquistada en la administración pesquera. Este cronista les hace perder millones o demorar los negociados, y les destapa sus ollas. Tal vez sería mejor, finalmente, pensar en alguien de La Cámpora para estar más cerca de la caja del Mar Argentino.

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador