Los legisladores ni siquiera en campaña política nombran las riquezas alimentarias del mar argentino. Silencian las verdades del sector porque están impulsados por los empresarios poderosos y millonarios de cada provincia marítima. Llegan al Congreso para hacer lobby por las empresas de sus feudos, es decir, trafican influencias. Ni siquiera promueven pedidos informes a la AGN sobre la ilegalidad de los permisos de pesca de buques, que desde Felipe Solá a la fecha vacían el mar. Tampoco investigan por qué hay buques ilegales pescando sin control. Se enriquecen de esta forma funcionarios de la administración pesquera y políticos. ¿O por cuánto esquivan el tema?

La crisis pesquera argentina radica en una cantidad excesiva de buques y por aquellos de mayor impacto en la captura que hacen inviable la pesca sustentable. Los felices funcionarios de la imagen saben perfectamente por qué los legisladores callan. El sector moviliza 1.000 millones de dólares, más otros 1.000 que triangula al exportar y negrea. Por esto no coinciden las estadísticas oficiales de pesca sobre la merma de actividad en el puerto de Mar del Plata.

¿Por qué la Presidenta no eliminar la flota ilegal? ¿Por qué ayudar con gas oil preferencial y otras ventajas a empresas pesqueras de millonarios que precarizaron trabajadores, esclavizándolos? Reitero, que además pescan con permisos de pesca ilegales. Estos empresarios deberían devolver a la nación Argentina los millones exportados ilegalmente y pagar los aportes de los miles de trabajadores que jamás se podrán jubilar. Pero el gobierno los premia con más facilitaciones patrocinadas por los delincuentes que las negocian, como los cupos de capturas y las conmutaciones de multas. Esto no es un secreto, se sabe en todos los puertos del país. Yahuar-Bustamante son los administradores de la caja-prebendas. Se ubican a cada lado del mostrador con la colaboración de los sindicalistas recaudadores que se transforman en fuerza de choque o bien en barras bravas de Aldosivi.

Un país de altísima corrupción como la Argentina engendra esta clase política de ladrones, coimeros y arribistas. Así logran ocupar cargos públicos claves para enriquecerse a costillas de la inmoralidad de entregar la patria y sus recursos a manos extranjeras y a connacionales asociados. Ejercen el poder multiplicando la pobreza de los trabajadores y riquezas a quienes más tienen. ¿Cuál es el límite de los armadores y funcionarios pesqueros para tener cada vez más millones a través del pescado de los argentinos?

Caso Barillari, emblema del negocio de las empresas en crisis de la pesca

En el sector pesquero, cada empresa que se convoca es una oportunidad millonaria para el subsecretario de pesca y el Consejo Federal Pesquero de turno. Con una convocatoria se abre la ronda de multiplicar cupos de captura. Como primer paso, la empresa ya convocada vende sus permisos de pesca y buques para luego seguir el concurso ya sin patrimonio, violando la ley de concursos y quiebras y la ley federal de pesca. Como segundo paso, los funcionarios del sector legalizan las maniobras con sus firmas y responden rápidamente que “ellos cumplen la orden de medidas judiciales sobre la transferencia de permisos de pesca”. Este argumento es una falacia ya que ningún juez puede obligar a un funcionario a violar la ley. Además el Consejo Federal Pesquero y el Subsecretario de pesca, su presidente, siempre han promovido estas gestiones, pudiendo rechazarlas en vez de impulsarlas. Máxime cuando se trata de permisos de pesca ilegales como el del Kantxope. Pero el delinquir rinde más sabiéndose no justiciables.

En el caso Barillari, el abogado Bustamante fue el gestor de venta de los buques de la convocada al grupo Baldino. ¿Por qué Bustamante hacia de “inmobiliaria” entre armadores que se conocen y viven en la misma ciudad y tienen sus teléfonos agendados? Porque Bustamante resultó el garante de la viabilidad de lo inviable de parte de la administración pesquera al autorizar esta ilegalidad. Se traspasa el patrimonio una empresa pisoteando la Ley 24.522 y su modificatoria respecto de los concursados y su patrimonio. Lo que busca esta ley no es cerrar empresas, sino que aporta variadas posibilidades para evitar a las concursadas llegar a la instancia de su quiebra y posterior liquidación. Bustamante cajero de Yahuar allanó el camino entre administrador y administrado.

Prueba inapelable

El 5 de mayo del 2009 a las 11:30, en el J.N.C Nº 16 Secretaría 32 expte. Nº 057226, el empresario Francisco Barillari, CI 6.096.605, fue convocado por Su Señoría. En la audiencia se declaró “accionista mayoritario y apoderado” para aclarar “sobre el incidente de autorización de venta de buques pesqueros”. Se trataba de los barcos Altalena, Kantxope y Mar Esmeralda. Estos buques los vendió a Pedro Baldino a través de su abogado Miguel Bustamante, en un trámite que emparentó a ambos grupos a través de la “cooperativa” Los Marplatenses. Preguntó el juez: “¿La comisión que debe abonarse por la venta de los buques, es del cuatro u ocho por ciento y quién lo abona?” La respuesta fue: “Del ocho por ciento, mitad del comprador y mitad del vendedor, pero ese porcentaje se descuenta de las sumas a percibir al momento de la escritura”. La venta fue efectuada fue de 8 millones de dólares más IVA. ¿Qué pensar del subsecretario de pesca Miguel Bustamante ayer lobista y empleado de Barillari que no se excuso ya funcionario, en los expedientes del CFP de transferencia de buques de Barillari?

Sugestivamente, Barillari embolsó más de 8 millones de dólares, y el juzgado, además, le permitió arrendar a un tercero los buques que conformaban el grupo Pesca Ángela sin que el Subsecretario de Pesca de hoy, vendedor de ayer de los buques de Barillari, diga nada. ¿Cómo va a decir palabra si garantizó el reparto de 640.000 dólares de comisiones? ¿Habrá tributado el Subsecretario de Pesca su parte de la comisión? ¿Figurará en su declaración jurada como funcionario público esta ganancia? La SIGEN, AGN, AFIP, DGI, UIF deberán investigar esta denuncia sobre el subsecretario de pesca. Deberían rastrear las cuentas off shore de Bustamante y familia. También deberán investigar a los profesionales autores materiales del entramado técnico del trasvasamiento, uno de ellos CPN Gustavo “manso” García.

Los otros presentes en la audiencia fueron los socios minoritarios. Estuvieron Viviana Barillari, Silvia Barillari, Alejandra Barillari, Vanesa Barillari, Nélida González y por la sucesión de José Salvador Barillari. Este cronista, días pasados tomó contacto con Vanesa Barillari y con Gino Barillari. Quedaron en reunirse para brindar los datos del vaciamiento. Al día siguiente, quien escribe estas líneas llamó a Gino Barillari para confirmar horario y, asustado, se retractó de todos sus furibundos y reveladores dichos. ¿Tuvieron miedo de hablar? Ambos saben mucho de estas ardides del que fueron parte por acción y omisión, que hoy debe ser revisado por la Justicia.

La planta de Barillari en Mar Del Plata: “La nueva Barillari”

En este trasvasamiento, hay tanta impunidad como trabajadores en la calle que a nadie interesan. Hoy la planta de José Hernández de Barillari se alquiló a Pablo Barbieri, y todo el puerto sabe que el socio capitalista oculto, es Francisco Barillari. Pero nadie lo dice en voz alta, da miedo. ¿Qué pensar de que el nuevo dueño de la planta Barillari tiene los mismos empleados administrativos y las personas claves de Barillari operativas en la fábrica y no a las suyas? ¿Qué pensar si el mismo dueño de la fábrica fue el comprador de la mayoría de los camiones de Barillari y trabajan en la misma planta? La venta de los camiones fue en el marco del vaciamiento denunciada por los trabajadores de camioneros. ¿Qué pensar cuando su yerno Marcelo Suarez trabaja en la misma planta ocupándose de clientes, exportación y producción como ayer?

Esto es muy fácil de comprobar cruzando los teléfonos de Francisco Barillari, quien tiene la costumbre de cambiar cada tanto sus celulares porque piensa que así logra cobertura. Los programas de uso gubernamental Retrieval Ware o Excalibur Con Vaic son infalibles. Nada puede escapar a esta tecnología, ni mafiosos ni cómplices. Gendarmería debería encargarse, en vez de listar la protesta de empobrecidos, de investigar a estos empresarios y funcionarios denunciados. La UIF debería investigar las cuentas Barillari en Estados Unidos (Boston y Miami), en Islas Caimán junto a las de su yerno, Marcelo Suárez, y sus hijas. Deberían triangular también sus tarjetas de crédito.

¿Qué pasó con las plantas de Barillari en la Patagonia?

En enero de 2007, Norberto Yahuar, hoy ministro de Agricultura de la Nación, quien le pasó el puesto a Bustamante, exministro de Das Neves, decía: “Hemos logrado solucionar una serie de desacuerdos que veníamos teniendo en el funcionamiento de la planta, el agradecimiento de la firma Barillari por encargarse y radicarse en Rawson para desarrollar sus tareas en la zona y por tomar a los 90 trabajadores”. Daba un discurso en la Sala de Situaciones de Casa de Gobierno de Chubut. En simultáneo, el presidente de Barillari SA, Jorge Calvo (cuñado de Francisco Barillari, alias Franco), confirmaba que en días comenzarían a operar con la empresa Flota Amarilla SA.

Antes de convocarse, entre el 5 y el 18 de agosto del 2008, Franco Barillari estafó con la venia de Das Neves en 2 millones 400 mil pesos al Banco de Chubut. Dinero que obviamente no devolvió al vender su flota en más de ocho millones de dólares.

La empresa atravesaba una crisis financiera. Un informe de riesgo del 11 de julio del 2008 detallaba la crítica situación económica de la firma Barillari. Varios diputados formalizaron una denuncia penal contra funcionarios del Banco del Chubut por haber pagado cheques en descubierto a la pesquera Antonio Barillari SA cuando la empresa ya estaba inhibida por el Banco Central. Advirtieron que se estaría en presencia de un perjuicio millonario contra la entidad crediticia provincial y los hechos podrían constituir la figura típica de estafa y defraudación en perjuicio de la administración pública. Rápidamente el jefe de gabinete chubutense de ese momento, Pablo Korn, discurseó que el gobernador Mario Das Neves pediría oficialmente a la presidenta Cristina Fernández que prohíba a la pesquera Barillari operar en el país. Parece que Das Neves nada dijo, o que Cristina no lo escuchó.

En Santa Cruz, luego de la convocatoria, la planta de Caleta Paula fue “expropiada” por ley a expensas del Gobernador Peralta ante la crisis de Barillari. Transporte Portuarios Patagónicos (TPP, ligada a Cristóbal López) y VPEZ integrada por los empresarios Jones, Massari y Calvo tienen los permisos para exportar la producción de la planta. Calvo fue presidente de la Empresa Barillari SA hasta la convocatoria de acreedores en diciembre de 2008, y responsable las maniobras anteriores que llevaron a su vaciamiento fraudulento. Es que el ex Presidente de Barillari Jorge Calvo con todas las denuncias penales tributarias que pesaban en su contra, con su patrimonio millonario, siga impunemente haciendo de las suyas aun hoy, en el sector pesquero en la Patagonia.

Si bien en la época invernal en esta planta merma la actividad, en los primeros cinco meses de 2012, procesó promedio de 2500 cajones por mes. Cada cajón contiene mínimo 35 Kg de filet, y se vende $15,75 (3,50 dólares a cotización oficial de $4,50 por dólar) 35 Kg x cajón a $15,75= $551,25 el cajón x 2500 cajones= $1.378.125 x mes; es decir, en este año, facturaron un mínimo de más de 6 millones y medio de pesos; que se apropian esas dos empresas, utilizando una planta expropiada por ley de la Provincia de Santa Cruz; es decir de todos los santacruceños.

Se trata de un fraude a todos los habitantes de Santa Cruz y especialmente a los trabajadores que han perdido su fuente laboral o son precarizados en cooperativas.

Es urgente investigar quién autorizó la administración a VPEZ y TTP de la firma Barillari. Aquí nuevamente se ve a Franco Barillari a través de su cuñado y de Jones, personero de Julio De Vido (a quien Néstor Kirchner regaló el buque pesquero provincial Liliana). Este staff maneja una planta pesquera, la expropiada. Así es Santa Cruz y la Argentina. De allí hoy viene parte del “pescado para todos”.

Jorge Calvo no podría a la luz de su CV o, mejor dicho su prontuario, estar al frente de nada por el daño que ocasionó a miles de trabajadores a través de Barillari en todo el país. Pero bajo la tutela de Julio De Vido todo es posible. También es vox populi que Jorge Calvo juega al futbol en la Villa Marista de Mar del Plata, y que uno de sus compañeros (por sus dichos) y amigo de futbol es el fiscal general Federal de Mar del Plata, Daniel Adler. ¿Qué pensar de un compañero de futbol y jefe de fiscales que tuvo y/o tiene en mano las causas penales tributarias de Jorge Calvo?

Casualidades o magnifican puesta en escena de la familia Barillari

¿Qué tipo de justicia existe en el país que todo se corrompe cuando hay millones de por medio y siempre quedan trabajadores empobrecidos? ¿Será diferente estar inhibido en la Patagonia donde circulares del banco Central no tienen significado legal? ¿Qué clase de justicia hay en este país que premia a los delincuentes perjudicando a los más pobres?

Lo más interesante, es que Barillari teme que le cambien a Bustamante por uno de La Cámpora. “Se acaba el negocio”, decía Barillari meses atrás en la confitería Boston de la costa, cuando citó a este periodista para pedirle por su empleado, el “sub” de Pesca, Bustamante. Llamó a quien escribe estas líneas desde el celular corporativo de su empleado, en CPN Gustavo “Manso” García, quien estaba presente en la llamada. Mar del Plata es pequeña. Franco Barillari se olvida que “el diablo hace la olla pero nunca hace la tapa”.

Si Cristina supiera los improperios de Franco hacia su persona. No hay que olvidar que Franco fue enemigo de Néstor. Se “camaleonizó” con la Sra. Presidenta, respetuosamente.

Esta nota desnuda una vez más la inmunda corrupción dentro de la administración pesquera, el tráfico de influencias, coimas, facilitación de fraudes, permisos de pesca ilegales, administración fraudulenta de recursos alimentarios de tercera generación, fabricación de precariedad laboral por prebendas. Quedan en clara nexos entre funcionarios y Barillari, y que la mafia maneja la Secretaría de Pesca. Todo rebosante de pruebas y todo rebosante de impunidad. Deben intervenir todas las instituciones de control de la democracia en la investigación total de lo que aquí se denuncia.

Tanto la Presidenta, como Norberto Yahuar, Miguel Bustamante y Francisco Barillari son responsables de la integridad física de este cronista y su familia.

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador