El Estado argentino va agregando personeros de la entrega de soberanía en la galería histórica de traidores a la patria. Los legisladores están en total conocimiento del perjuicio a la nación que provoca la entrega de la zona del Banco Namuncurá (Burdwood, para Inglaterra). Los impulsores pérfidos de esta particular concesión a Gran Bretaña, disfrazada como conservación de recursos, han sido legisladores del FPV y el FAP que acompañan a la Fundación Vida Silvestre en este proyecto.

En el mes de noviembre del 2012 se realizó una importante reunión en el Congreso de la Nación, en la que los diputados Luis Basterra y Guillermo Carmona (FPV) expusieron los alcances del proyecto de ley de su autoría para la creación del Área Marina Protegida “Namuncurá-Banco Burdwood”. El proyecto ya obtuvo media sanción por parte de la Honorable Cámara de Diputados, y cuenta con el respaldo unánime de las comisiones que lo trataron.

El subsecretario de Pesca, Miguel Bustamante tiene en su poder la información para frenar esta nueva entrega, pues este periodista le envió a su pedido varias de las investigaciones publicadas en Tribuna de Periodistas.

Una zona de veda en el Banco Namuncurá es descabellada y sin sentido, y solo favorece la conservación de especies para Gran Bretaña. De esta forma, se garantiza a los británicos la venta de licencias de pesca, y además se les permite operar con su plataforma de cateo sobre el Banco Namuncurá, zona de baja profundidad de nuestra plataforma

Bustamante, en una charla cara a cara, comprendió tan bien los argumentos que expreso: “Esto es cuidarle el pescado a los ingleses, envíame todo el material porque esto ya tiene media sanción”. Sin embargo, no se trató más de una dilación para sacarse  de encima a este periodista, pues ya que en 2008 su antecesor se había encargado de facilitar el camino de la entrega.

Los fundamentos que firman los consejeros federales en el acta 18/2008, muestran hasta qué punto se ha rescindido la lucha soberana por Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Citan sin especificar, “varios acuerdos y convenios internacionales de los cuales la República Argentina es signataria y que resulta necesario promover la conservación de los fondos marinos y en particular aquellos que presenten especies de distribución circunscripta, endémicas, vulnerables, frágiles o de lenta recuperación”. Los acuerdos ni nombran que habilitan a Gran Bretaña para seguir agrandando su área de conservación sobre la plataforma argentina. No hay control de ningún tipo sobre el área.

Inglaterra, en febrero de 2012, unilateralmente, bajo el amparo de todo el derecho internacional que avala sus decisiones en materia conservacionista, decretó otra veda de más de 1 millón de kilómetros cuadrados sobre la zona de soberanía argentina. Los usurpadores de las islas Sandwich y Georgias lanzan estas medidas como estrategia de apoderamiento del territorio y aseguró a futuro la venta de licencias de pesca de las cuales tan bien viven. De parte de la Argentina no hay reacción alguna. Ni Cancillería, ni la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), ni la Administración de lo queda de Parques Nacionales, ni los legisladores que dieron media sanción a la entrega de territorio osan levantar la voz al menos contra acciones y omisiones que comprometen el futuro alimentario de la nación. Sin embargo con ello aseguran a Gran Bretaña su reclamación sobre la Antártida.

La veda es total, así como también la prohibición de pesca de arrastre de fondo a profundidades mayores de 2.250 metros, que cubre un área de 920.000 km cuadrados, para proteger los hábitats de grandes profundidades. La veda sobre gran profundidad apunta a garantizar la conservación de la merluza negra (Dissosticus Eleginoides) a la que los barcos palangreros (de anzuelos) van orientados por su elevadísimo costo. Además, veda la pesca de krill antártico desde el 1º de noviembre al 31 de marzo. El área que circunda a las Islas Sandwich y mayormente a las Georgias tienen una gran riqueza de especies ictícolas. Según Jaime Watts, biólogo marino “las aguas de las Islas Georgias del Sur son, por lejos, el área de mayor biodiversidad (y productiva) del Océano Austral, y probablemente no exista un ambiente marino polar, en ningún lugar del mundo que contenga tal cantidad de especies”.

En las zonas de conservación aledañas a las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur e Islas Sandwich del Sur, todas impulsadas por Gran Bretaña y jamás discutidas por Argentina, se favorece los intereses británicos sobre la Antártida.

El objetivo principal del WWF, hasta el momento ha sido el de servir de coartada ecologista para ciertos grupos de poder. Por ejemplo, desde el principio contó con el apoyo de instituciones de la Corona británica relacionados con la política colonial, como la Royal Geographic Society. Las oscuras motivaciones de muchas de estas organizaciones que siguen pautas similares, tienen por fin "trabajar para la investigación y solución de los problemas medioambientales". Los miembros fundadores del Club Roma (Maurice Strong y Alexander King) y del WWF, se encuentran en el origen de otras conocidas instituciones y ONGs internacionales, tales como Greenpeace, Earth First, Sierra Club y Amigos de la Tierra.

Inglaterra ha sido la pionera en el tema de conservación, entendiendo a este término como el de conservar los recursos naturales y materias primas para uso exclusivo de la Corona Británica.

De esto, Vida Silvestre no habla

Londres reconoció que, en 1982, la Royal Navy trajo al Atlántico Sur 65% de las bombas atómicas de profundidad que tenía el Reino Unido. “Algunos de los buques en la Fuerza de Tareas llevaban armas nucleares. Éstas eran cargas nucleares de profundidad, una variante de las bombas de caída libre WE177, también en servicio con la RAF (Royal Air Force), para emplear en ataques antisubmarinos”. Una bomba WE177A pesa 272 kilos y tiene una fuerza de hasta 10 kilotones. La bomba de Hiroshima tenía una fuerza de 15 kilotones. Durante las transferencias entre barcos, 7 contenedores de armas atómicas sufrieron daño externo. Los registros disponibles no indican cuál de esas transferencias dio origen a los daños (Ministry of Defense, Operation Corporate 1982, The carriage of nuclear weapons by the Task Group assembled for the Falklands Campaign, London, 5 December 2003).

La Argentina debe iniciar una política dura hacia Gran Bretaña basada en realidades inapelables, como alertar que el pescado puede tener contaminaciones según el área de pesca. La contaminación marina va silenciosamente por las corrientes y puede haber afectación real en las especies. Hoy, luego del desastre de Fukishima, se encuentran peces contaminados a gran profundidad y a más de 500 kilómetros del área contaminada nuclearmente.

Memoria

 El pesquero español Villa Nores, había zarpado desde el puerto de Montevideo hacia Malvinas. A poco de navegar, recibió un pedido concreto del guardacostas argentino GC24 Mantillas para que detenga los motores y muestre la autorización pertinente de navegación y destino final. El oficial del guardacostas argentino le recordó al capitán español la vigencia del decreto 256/2010 firmado por la presidente Cristina Kirchner, que establece que toda nave que se dirija a las islas Malvinas deberá contar con la autorización previa del gobierno argentino. Pero lejos de obedecer, el capitán español aceleró motores, dio media vuelta y regresó a toda marcha hasta aguas jurisdiccionales uruguayas. Incluso la Armada oriental ordenó el despegue de un avión de la patrulla marítima de los Escuadrones de la Aviación Naval de Laguna del Sauce, en el departamento Maldonado, para que escolte al buque español en su regreso.

La Subsecretaría de PESCA no publica información sobre los buques y empresas que operan en Malvinas y el Continente. A esta patraña, se la llama de doble matriculación. Tampoco existe información pública sobre las sanciones aplicadas ni a qué grupos empresarios. No existe información pública sobre la política pesquera y el proyecto estratégico del Subsecretario de Pesca para terminar con la ilegalidad de la pesquería. Se siguen delincuentes para asegurar caja, sin ningún tipo proyecto sobre el área en conflicto. Por ello, sería muy sano para la democracia saber qué informes elevó el Subsecretario de Pesca a la bancada de Legisladores en referencia a esta entrega silenciosa de patria, y qué van a “legislar desde el consejo federal pesquero” que preside.

También desde la Argentina debe refrescar la Ley Gaucho Rivero, y que los países del bloque UNASUR apoyen no dar avituallamiento a buques procedentes de Malvinas. Aquí otra vez surge Uruguay, que facilita a los ingleses la operatoria de sus pesqueros.

Todo lo que el Gobierno afirma es retorica vacía si se cede a Gran Bretaña un parque acuático y miles de kilómetros de territorio, abaratándole las prospecciones ya que está instalada la plataforma sobre el Banco Namuncurá.

Mientras en el mundo se lucha por la defensa de tierras y hábitats de recursos alimentarios, en la Argentina facilitan la entrega mansamente. 

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador