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El Mercosur aprobó un acuerdo que prohíbe a toda embarcación con bandera de las Islas Malvinas atracar en los puertos de los países que integran esta asociación. La medida es impecable.
Cristina Kirchner, al asumir la presidencia temporal del bloque regional Mercosur en diciembre de 2011, decía: “Las Malvinas no es una causa argentina. Es una causa global porque en las Malvinas se nos están llevando recursos petroleros y pesqueros”, sostuvo. Sin embargo, estas palabras llevan el sello kirchnerista de sus propias mentiras.
Mientras los países miembros del Mercosur bloquean la posibilidad de avituallamiento y descargas de pesqueros, ocasionando un irreversible perjuicio a Inglaterra, la Argentina hace el doble juego y permite que empresas radicadas en el continente tengan doble matriculación en sus buques. Es que, por lo visto, la presidenta sabe quiénes se están llevando los recursos y vaciando la Argentina, y son los socios que obtienen permisos de su gobierno.
Cristina Kirchner y sus servidores del poder violan la ley 26.386 que modifica la Ley Federal de Pesca 24.922.
A saber: “Articulo 2º. Incorpórese como último párrafo del artículo 28 de la Ley 24.922 Régimen Federal de Pesca el siguiente texto:
En el caso de comprobarse que un titular de un permiso de pesca que cuente con cuota/s de captura asignada y/o autorización de captura en los términos de la presente ley viole algunas de las prohibiciones previstas en los incisos a), b), y c) del artículo 27 bis, el permiso y la/s cuota/s y/o autorizaciones pertinentes caducarán automáticamente.”
El artículo 27 bis también fue incorporado a la Ley Federal de Pesca por esta legislación. Esto quiere decir que la ley obliga a dar de baja los permisos de pesca de las empresas de doble matriculación que cazan en la Argentina y en Malvinas.
La promulgación de la Ley, según el Boletín Oficial, es de fecha 20 de Junio de 2008. Asunto: régimen Federal De Pesca, Ley 26.386. Sin embargo, la cosa legal no termina allí. La incorporación del artículo 33 de la Ley de Sociedades Comerciales tuvo como fin controlar la triangulación de empresas, limitando así las posibilidades de burlar la legalidad. Este fue el espíritu de la ley, pero no es el mismo del Gobierno.
Rápidamente, Norberto Yahuar indicó a Legales de la SAGPyA que dictara una resolución para estar por encima de la ley. Legales a toda velocidad emitió la resolución de la SAGPyA 514/09 en agosto de 2009, que reglamentó dicha ley. La medida legal que pretendía terminar con violaciones burocráticas permitidas por décadas fue aprovechada desde el Estado para limpiar resoluciones molestas y ocultar aun más las ilegalidades denunciadas desde el año 2000.
Por otra parte, con la resolución, Yahuar y su equipo solidificó una vieja práctica estatal para obtener caja a cambio de recursos: las declaraciones juradas. Quien pretenda depredar con buques de doble matriculación al amparo de la SAGPyA tiene que declarar que cumple con los requisitos del artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca. Es decir, el armador declara que la empresa no tiene buques con doble matriculación y el estado le cree. Al control de recursos no se aplica tecnología alguna para evitar las ilegalidades, basta una declaración jurada. No se informatizan los datos de los buques como se han informatizado los datos de los ciudadanos ante la AFIP.
¿Qué buques y con qué carga han obtenido permiso para transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, según el decreto 256/2010 del ejecutivo nacional? ¿Por qué estos datos no son públicos? Los ciudadanos argentinos no tienen acceso a la información que hace al concreto ejercicio de soberanía.
Además Yahuar incorporó el concepto de “relación directa”. Este concepto según el senador chubutense, Marcelo Guinle, da lugar a interpretaciones ambiguas. Por ello en noviembre pasado el senador presentó un proyecto legislativo por el que se solicita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que modifique o derogue la resolución 514/09, porque a su entender “alteró el espíritu y la letra de la norma, vulnerando los principios de soberanía de la República Argentina” al limitar una restricción expresa y abarcativa, incorporando el concepto de “relación directa”, lo que aseguró “abre la puerta a triangulaciones de grupos empresarios”. A lo que agrego: las puertas a las triangulaciones fueron abiertas desde la promulgación de la ley 24.315/1994 que legalizó el Acuerdo Comunitario Pesquero. Menem-Sola fueron los principales responsables de la depredación, quienes siguen impunes y sus farsas mejoradas gobierno tras gobierno.
La gravedad sobre la responsabilidad del estado argentino es paralela a la de los armadores que burlan la ley ex profeso. Sería muy infantil pensar que es gratis.
El actual secretario de Agricultura Ganadería y Pesca, Yahuar, fue quien que avaló todo este status quo de permitir a empresas españolas su doble matriculación. En realidad Yahuar sigue la misma política de expoliación de recursos naturales que tiene el Gobierno.
El ejecutivo nacional asegura no solo que el recurso pesquero se deprede en todo el mar argentino, sino que YPF opere conjuntamente con empresas británicas en Malvinas. De esto la presidenta nada dice, pues Esquenazi es un favorito K. Tampoco dice nada del cúmulo de empresas británicas que operan en la Argentina mientras surge la terrible noticia de la utilización de niños argentinos como cobayos de empresas británicas con el aval de funcionarios y punteros políticos. Todo se permite mientras se declama por causas globales para asegurar un establishment de millonarios que gobiernan un pueblo traicionado y empobrecido.
Los espacios de derecho se cierran. El ascenso de Yahuar de subsecretario de Pesca a secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, le permitió poner en el cargo que dejó al abogado marplatense Néstor Miguel Bustamante, muy conocedor del sector pesquero y por dichos de diferentes armadores y fuentes, habría sido el cajero de Yahuar. Aplauden los empresarios. Antonio Solimeno reconoció como muy positiva la designación de Bustamante al frente de la cartera. “Creo que es una buena opción para todos, es un hombre de Mar del Plata que conoce el sector pesquero, lleva muchos años transitándolo y conoce muy bien su problemática. Somos un sector que vive con muchas inquietudes y si no hay una persona idónea podemos chocar contra una pared”.
Por su parte Alberto Castro Arán, presidente de la Cámara de Armadores, dijo que el nuevo Subsecretario contará con todo el apoyo de la entidad y “que todo el sector debería estar satisfecho porque es un hombre que ya ha trabajado mucho por la unidad de la pesca”.
Este abogado que obviamente conoce la ley en sus declaraciones en el nuevo cargo, descarta la sustentabilidad de la merluza, supone que con 10 buques que tengan cámaras de filmación de los aproximadamente 400 de la flota, el tema de arrojar pescado al agua, usar mallas ilegales y pescar con el 10% de un permiso de pesca con la bodega al 100% cuadruplicando permisos de pesca se terminara con la depredación.
El gobierno de Cristina con estos aplausos ya no puede ocultar a sus socios que ilegalmente vacían el mar argentino y generan desde décadas la precarización laboral camino seguro a la pobreza. La matriz K está en todo su esplendor: mineras, industriales, farmacéuticas, cerealeras, constructoras, navieras, ferroviarias, aéreas. Todo el empresariado responsable de la miseria de miles de trabajadores celebran y alaban el modelo.
En un estado de derecho los funcionarios como Yahuar y los abogados ex menemistas de legales de la SAGPyA, serían desafectados de sus cargos y sumariados. Pero en la Argentina, la propia presidenta miente y oculta sus metodologías. Es parte de años de respaldo a empresas gallegas que depredan el país. ¿Cómo es posible creer que se protege la soberanía con funcionarios que saben que además la ley está por sobre todas las resoluciones?
La Argentina es un país donde los criminales están sueltos. Los Shoklender, Hebe de Bonafini, los integrantes de la mafia de los medicamentos, Carlos Menem, Felipe Solá.
Son parte la Justicia Nacional, es parte el Senado de la Nación que nada hace al respecto luego de la presentación de Guinle. Es parte la Corte Suprema que todo lo garantiza en silencio. ¿Cómo se hace en un país donde la titular del Ejecutivo en su carácter de Presidenta interina del Mercosur habla de Malvinas como causa nacional y por detrás se ríe de todos en su cara? ¿Cómo se puede hablar de un país serio con semejantes aberraciones que además se llevan a cabo ante el mundo y son plenamente comprobables? informe UBA, informes AGN, dictámenes PTN, SIGEN.
Si se varía la perspectiva y se piensa que la presidenta no lo sabe, entonces el Canciller es un inservible y sus asesores más aun. Ocurre que de tanto “guitarrear” se les olvida la letra.
Para los impíos enriquecidos, Malvinas es insostenible para los británicos si además el Gobierno le plantea a las empresas Mersk y Sealand, que tienen oficinas en Capital, que sus buques dejen de buscar containers refrigerados de Malvinas y luego arriben a puertos argentinos con nuestro pescado para transportar containers de los armadores de doble matriculación afincados en la Patagonia.
Estas empresas tampoco escapan a la Ley de sociedades. Y tendrán consecuencias por avalar a quienes usurpan nuestras islas facilitándoles sus exportaciones de pescado argentino.
El tema de la bandera de Malvinas es simbólico, no hay que olvidar que las empresas pesqueras españolas que allí y aquí operan con doble matriculación son piratas. No sería extraño que cambien la bandera para así salvar el obstáculo. La forma es aplicar la ley con todo su potencial ya mismo utilizando claramente la ley de sociedades. ¿Por qué no se usa tecnología para cruzar estos datos?
La presidenta deberá estudiar bien lo que dice, pues comprometió al bloque regional Mercosur apoyándola al no permitir que buques de pabellón de Malvinas utilicen sus puertos. Pero la verdad, es que si se quiere hacer algo se debe empezar por la Argentina. Como dijo la propia mandataria, se están llevando nuestro petróleo y se llevan nuestro pescado hace décadas, se contaminan nuestras aguas, se destruyen glaciares. Nunca se juzga a los responsables. ¿Cuál es el límite? El modelo de poder en la Argentina supera el horror que generó con los medicamentos oncológicos adulterados.
Si Malvinas es una causa global, como afirma Cristina, es menester empezar ya a ejercer la soberanía y dejar de utilizar a los países miembros del Mercosur que desconocían esta verdad hasta la fecha. Hablar de nuestros muertos en la guerra queda muy bien.
Es necesario que la presidenta al menos exija desde foros internacionales que Gran Bretaña se haga cargo de erradicar las armas nucleares que yacen en el fondo del mar en la zona de Malvinas y que son un peligro para los recursos pesqueros que, además de ser argentinos son patrimonio alimentario de la humanidad.
Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador
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