En el marco de la reforma judicial que lleva adelante el kirchnerismo en estos días, la prestigiosa Asociación por los Derechos Civiles (ADC) advirtió que el oficialismo “promueve la partidización de la administración de justicia y el control oficial sobre el Consejo de la Magistratura”.

A ese respecto, la entidad advierte que “las modificaciones al sistema de cautelares y la creación de nuevos tribunales de casación tendrían graves consecuencias para la protección de los derechos fundamentales”.

Sobre la reforma al Consejo de la Magistratura dice puntualmente que se trata de “uno de los aspectos más preocupantes, ya que una vez más desconoce el mandato constitucional de una composición equilibrada, asigna el control total del organismo al partido de gobierno (mediante la eliminación las mayorías agravadas para la toma de las decisiones más sensibles), instaura el solapamiento de las elecciones de los consejeros con los comicios presidenciales y establece un mecanismo de dudosa constitucionalidad para la elección de los representantes del estamento de los jueces, abogados y académicos”.

En relación a la propuesta de limitación de las medidas cautelares en los casos que una de las partes sea el Estado nacional o sus entes descentralizados, ADC advierte que “disminuye la protección de los derechos humanos que no sean a la vida, a la salud o cuando se trate de cuestiones alimentarias”.

Respecto a la propuesta de crear nuevas cámaras de Casación en distintos fueros de la justicia federal y nacional la entidad es crítica también: “No contribuye a mejorar la administración de justicia ni la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos. Estas cámaras tendrían por finalidad resolver nuevos recursos contra sentencias dictadas por las cámaras de apelaciones existentes. Esta iniciativa, al agregar una instancia ordinaria al trámite de los juicios, traerá aparejado inexorablemente una prolongación innecesaria de los procesos judiciales”.

Dice el documento completo:

Esta semana, el poder ejecutivo envió al Congreso seis proyectos de ley que tienen por objeto introducir reformas sustanciales en el poder judicial y la administración de justicia. De ser aprobadas, estas medidas afectarán profundamente al funcionamiento del sistema judicial. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) hace un análisis provisorio de esos proyectos. En los próximos días emitirá una opinión más desarrollada y detallada. Sin embargo, consideramos que la intervención urgente en el debate público es necesaria: estas medidas merecen la más alta atención de la ciudadanía ya que pueden afectar el delicado equilibrio de poderes que es condición necesaria de un sistema de gobierno democrático. A tal fin, solicitamos se lleve a cabo un debate legislativo profundo y comprometido, sin restricciones ni presiones, acorde con la importancia, transcendencia y magnitud de las reformas propuestas y de los organismos involucrados. La deliberación política sobre el funcionamiento del poder judicial y las posibles modificaciones a organismos de la Constitución deberían enmarcarse en la búsqueda de amplios consensos partidarios, que legitimen y garanticen la sostenibilidad de las reformas.

La ADC manifiesta su profunda preocupación por la orientación general de los cambios impulsados, ya que lejos están de democratizar la justicia y de atacar los problemas fundamentales que afectan al poder judicial. Por el contrario, el proyecto del Poder Ejecutivo nacional promueve la partidización de la administración de justicia y permite un control absoluto del partido de gobierno sobre el Consejo de la Magistratura, desvirtuando así el mandato constitucional y afectando gravemente el estado de derecho, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la independencia de la justicia.

Si bien el paquete de reformas incluye valiosos cambios tanto en materia de trasparencia y acceso a información judicial como con relación al ingreso a la carrera judicial, ellos no compensan de manera alguna las gravísimas consecuencias institucionales y legales que acarrearán los proyectos de reforma al Consejo de la Magistratura, las modificaciones al sistema de medidas cautelares, y la creación de nuevos tribunales de casación.

Desde hace años, la Asociación por los Derechos Civiles viene propugnando junto a otras organizaciones de la sociedad civil por un poder judicial más justo y democrático, bajo la convicción de que una verdadera democracia requiere de un sistema de justicia eficiente, eficaz, e independiente de todos los factores de poder, compenetrado con los problemas sociales y guiado por mecanismos de gobierno acordes con la evolución de nuestra comunidad política. Solo así este podrá resguardar de manera efectiva nuestros derechos fundamentales. Las propuestas del poder ejecutivo, lamentablemente, no avanzan en esa dirección.

Consejo de la Magistratura

La reforma al Consejo de la Magistratura es uno de los aspectos más preocupantes, ya que una vez más desconoce el mandato constitucional de una composición equilibrada, asigna el control total del organismo al partido de gobierno (mediante la eliminación las mayorías agravadas para la toma de las decisiones más sensibles), instaura el solapamiento de las elecciones de los consejeros con los comicios presidenciales y establece un mecanismo de dudosa constitucionalidad para la elección de los representantes del estamento de los jueces, abogados y académicos. Las reformas parecen orientadas a eliminar toda barrera práctica que afecte u obstaculice el control absoluto del Consejo por parte del partido que coyunturalmente se encuentre en el gobierno.

Medidas cautelares

La propuesta de limitación de las medidas cautelares en los casos que una de las partes sea el Estado nacional o sus entes descentralizados disminuye la protección de los derechos humanos que no sean a la vida, a la salud o cuando se trate de cuestiones alimentarias. El proyecto además resulta una medida del derecho administrativo aislada de los principios básicos de nuestra Constitución: tiene por objetivo favorecer la posición del Estado frente a los reclamos de los ciudadanos.

Las reformas impulsadas por el gobierno desvirtúan severamente una valiosa herramienta procesal, que resulta fundamental al momento de poner freno a actos del Estado arbitrarios y lesivos de los derechos de los individuos. Su mal uso por parte de una minoría nunca debería haber dado lugar a una reacción exagerada de tamaña envergadura como la impulsada por el gobierno, que terminará disipando los valiosos institutos de protección de derechos obtenidos tras décadas de lucha, de discusiones jurídicas y de debates políticos en pos del freno a la discrecionalidad e impunidad del Estado.

Nuevas instancias procesales

La propuesta de crear nuevas cámaras de Casación en distintos fueros de la justicia federal y nacional tampoco contribuye a mejorar la administración de justicia ni la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos. Estas cámaras tendrían por finalidad resolver nuevos recursos contra sentencias dictadas por las cámaras de apelaciones existentes. Esta iniciativa, al agregar una instancia ordinaria al trámite de los juicios, traerá aparejado inexorablemente una prolongación innecesaria de los procesos judiciales. En efecto, la intermediación de dichas cámaras demorará el arribo de muchos expedientes judiciales a la Corte Suprema, tribunal que seguirá ejerciendo el último control de constitucionalidad. Ello aleja la posibilidad de obtener una sentencia definitiva, lo que se contrapone de modo claro con el derecho a una tutela judicial efectiva.

Otra consecuencia indeseable de esta demora es el necesario incremento de los costos para las personas que recurren al poder judicial en defensa de sus derechos. La prolongación de los juicios y la sobrecarga judicial es, sin dudas, uno de los más graves problemas que enfrenta nuestro sistema judicial. La propuesta del ejecutivo no lo resuelve, sino que lo agrava.

Asimismo, el proyecto de creación de Cámaras de Casación interfiere en la jurisdicción local de la ciudad, al legislar en materia procesal respecto de cuestiones no federales de derecho común. En efecto, según la Constitución Nacional (art. 75 inc. 12), los fueros civil, comercial y laboral pertenecen a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien es cierto que estos fueros aún no han sido transferidos a la ciudad, lo cierto es que esta demora no borra el mandato constitucional. El proyecto directamente ignora este mandato.

Finalmente, el sistema de designación de los jueces y juezas que integrarán las Cámaras de Casación es el mismo que el establecido para ser juez o jueza de la Corte Suprema. En consecuencia, si no se prevén otros mecanismos de control, la designación podrá ser dirigida por el partido político que detente la mayoría en la Cámara de Senadores. Además, se prevé la posibilidad de establecer “procedimientos abreviados” para la designación de jueces para los casos “que se considere necesario”. Resulta cuanto menos riesgoso dejar en manos de la reglamentación de la norma la implementación de estos procedimientos abreviados, sobre los cuales la iniciativa del ejecutivo nada nos dice.

Redacción de TDP
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