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Horacio Verbistky suele caracterizarse por defender las medidas más polémicas del kirchnerismo. Cualquiera que fuere, por más escandalosa que sea.
Este domingo, sin embargo, el periodista parece poner freno a esa costumbre al plantear en su célebre columna dominical de Página/12 la eventual inconstitucionalidad del proyecto oficial que limita las medidas cautelares.
“No sólo es dudosa la constitucionalidad del proyecto que limita las medidas cautelares, tampoco apunta con precisión a los poderes fácticos que preocupan al gobierno y que poseen capacidad económica para costear los abogados más caros y mejor conectados”, dice Verbitsky.
A su vez, el periodista advierte que el avance de ese proyecto afecta la “tutela judicial efectiva de los derechos de los sectores más desprotegidos y colisiona con la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 25 requiere que las herramientas judiciales disponibles incluyan medidas cautelares y recursos judiciales sencillos y rápidos para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad”.
Luego, recuerda que las medidas cautelares amparan derechos fundamentales de personas o grupos sociales, como la protección de los migrantes contra la expulsión y su derecho a la educación; la definición de alternativas de vivienda de personas desalojadas; la suspensión de normas que limitan en forma inconstitucional la libertad personal; la defensa de la libertad sindical o la exigencia de acciones positivas del Estado, de modo de garantizar derechos en condiciones de igualdad.
A ese respecto, Verbitsky dice que no es aceptable equiparar las cautelares en casos meramente patrimoniales, en los que el Estado suele ser la parte más débil de la relación, con aquellas que pueden oponerse a ciertos actos estatales violatorios de derechos fundamentales a favor de personas o colectivos indefensos.
Según el periodista, de haber regido esta regulación, “ninguna medida cautelar hubiera impedido la demolición de la ESMA dispuesta por Menem, ni la privatización del PAMI. Tampoco podrían haberse suspendido los efectos de la reforma del sistema de excarcelaciones bonaerense, evitando daños irreparables mientras se discute su constitucionalidad”.
Finalmente, sorprende Verbitsky al advertir: “Si el problema es el Grupo Clarín no hay por qué desamparar a los condenados de la tierra”.
Diego Golberg
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